Que se escuche nuestra voz, la de las victimas

El pasado 7 de septiembre, se realizó la sétima Asamblea de Víctimas de Crímenes de Estado en Medellín, con participación de víctimas, sus familiares y de organizaciones pertenecientes al Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, y del Capítulo Antioquia del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. La Asamblea se realizó en el marco de la Sexta Semana por los Derechos Humanos y contra la Impunidad.

La participación activa de las mujeres generó un ambiente especial, pues ellas han sido y son de modo particular la memoria de la memoria. Viudas, madres, hijas evaluaron sus procesos de afirmación individual, comunitarias, colectiva, analizaron los logros en relación con lass 8 estrategias del MOVICE. En particular, ahondaron en las propuestas de Catastro Alternativo y la Comisión Ética por la Verdad iniciativas de dignificación del presente y construcción proyectiva sobre la Verdad, la Justicia y la Reparación.
Antioquia uno de los departamentos donde se ha implementado con dureza, con sevicia, con cinismo la estrategia paramilitar como estrategia de Estado, es y continúa siendo espacio de la esperanza.

Nos sumamos a la Declaración Asamblea de Víctimas de Crímenes de Estado de Antioquia.

Declaración política
Séptima Asamblea Regional de Víctimas
de Crímenes de Estado

“Tengo la alegría de que la vida es finalmente mas fuerte que la muerte: que como nadie puede detener la venida de la primavera, nadie puede detener la justicia de los pobres, el triunfo de los mejores deseos del ser humano” Leonardo Boff

La séptima ASAMBLEA REGIONAL DE VICTIMAS DE CRIMINES DE ESTADO EN ANTIOQUIA , reunida en el marco de la Sexta Jornada por los Derechos Humanos y Contra la Impunidad cuyo lema es “QUE SE ESCUCHE LA VOZ DE LAS VICTIMAS” , nos hemos reunido después de varias décadas de silenciosas peregrinaciones, de llantos ocultos y voces acalladas, la voz de las victimas se levanta aún en medio del terror generado por el Estado, poco a poco nuestra indignación va venciendo el temor, hoy, voz en cuello gritamos por la reivindicación de la memoria de nuestros seres queridos y todas las víctimas, continuamos luchando por el sueño que les costo la vida o la libertad, el sueño que el terror quiso acabar, el sueño de construir una patria mejor donde hombres y mujeres puedan hacer posible proyectos de vida digna, justa para todos y todas. Hoy levantamos la voz por nuestros derechos y exigir que las nuevas generaciones puedan vivir el sueño de un país que respete la dignidad.

Colectivamente, hemos acordado declarar ante la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

1. No nos sentimos recogidos, ni avalamos, ni reconocemos la actual política de impunidad, contenida, entre otras, en el marco jurídico de la ley “de justicia y paz”, originada y creada por las más altas estructuras criminales del paramilitarismo empotradas en el alto gobierno y en las mayorías del Congreso, cuyo fin es burlar a la sociedad en general y en particular a las víctimas en sus derechos a la verdad, la memoria, la justicia y la reparación integral. Por lo tanto, sentamos una vez más nuestra voz de rechazo a todas las iniciativas que pretendan favorecer a los victimarios.

2. Denunciamos la continuidad de la estrategia paramilitar del Estado y la vinculación sistemática de la población civil en acciones militares propias de la guerra. Las estructuras paramilitares continúan sembrando el terror en campos y ciudades ahora con la denominación de “águilas negras” o “grupos emergentes”. Por tanto, exigimos al gobierno nacional, a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que no pretendan ocultar dicha continuidad al hablar de bandas aisladas, desarticuladas, cuyos crímenes son presentados como hechos aislados. La obligación de todas las instituciones del Estado es investigar, juzgar y sancionar a todos los criminales responsables de delitos de crímenes contra la humanidad.

3. Exigimos que se castigue a los responsables, a todo nivel, de todos los crímenes cometidos y de los que se siguen cometiendo, tales como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, capturas masivas y desplazamiento forzado. Así mismo, tienen que ser investigados, juzgados y sancionados los empresarios, políticos, militares y multinacionales, entre otros, comprometidos en dichos crímenes.

4. Rechazamos la actitud negligente, estigmatizadora, displicente e ilegal de las diferentes autoridades con respecto a la dignidad y derechos de las víctimas de los crímenes de Estado, que se ha evidenciado, entre otras, en el seguimiento y hostigamiento por parte de integrantes de inteligencia militar, la no investigación por las acciones de paramilitares, presuntamente desmovilizados, que hostigan, fotografían y amenazan a los integrantes del movimiento de víctimas. A ello se suma la orden de la administración municipal y departamental de prohibir los actos de memoria en la plazoleta del Palacio de Justicia o en otras partes de la ciudad. Actitudes como la de la alcaldía de Medellín, quien a través de su secretario de gobierno, Gustavo Villegas, ordenó levantar la Galería de la Memoria, evidencían que la política de gobierno es ocultar la verdad sobre los crímenes y los criminales y de paso acallar la voz de las victimas.

5. Rechazamos la versión del gobierno nacional de pretender negar la existencia del conflicto social y armado que aún desangra nuestro pueblo y su insistencia en acudir a estrategias de criminalización de la protesta social y la oposición política. De igual manera rechazamos la propuesta de reconciliación nacional basada en el perdón a los victimarios y olvido de los crímenes. Las víctimas nos negamos a renunciar a nuestros derechos y por el contrario reafirmamos nuestro convencimiento de que la garantía de no repetición del terror es el reconocimiento de los mismos y la existencia de un gobierno democrático que no se sirva de los métodos de represión para gobernar.

6. Rechazamos la pretensión de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de ser la vocera de las víctimas y adelantar propuestas que no garantizan el pleno reconocimiento de nuestros derechos.

7. Invitamos a todas las Iglesias, y a sus integrantes, para que se sumen al justo y legítimo reclamo de las víctimas a sus derechos. En especial, pedimos a los jerarcas de la Iglesia católica que hagan que se escuche nuestra voz y alcen la suya en nuestra defensa. Además, que se abstengan de legitimar la mentira o las acciones de los victimarios.