¿Qué hay detrás del “complejo” cocalero desmantelado por la fuerza pública en la Bocana del río Naya?

Genera muchas dudas el informe de prensa del 16 de junio que da cuenta de las acciones de la policía antinarcóticos, armada nacional y fuerza aérea en la boca del río Naya, en el que muestran el desmantelamiento de un complejo cocalero donde encontraron 7 laboratorios, todo como fruto de una investigación que duró 6 meses y donde se utilizó tecnología de punta en navegación y georreferenciación satelital.

Una primera pregunta que nos hacemos los pobladores del Naya organizados como Consejo Comunitario en el marco de la ley 70/ 93, es por qué no se consultó, ni se nos informó de la militarización del territorio por un tema como la coca o los mencionados laboratorios?. Es de anotar que desde el año 2008, cuando comenzamos a ser víctimas de fumigaciones inconsultas e indiscriminadas sobre el territorio biodiverso del Naya, de inmediato solicitamos al gobierno nacional en el marco de nuestras medidas Cautelares de protección, enviar una comisión que verificara y levantara registro de la cantidad de hectáreas sembradas en coca, analizar porqué y cómo entró al río Naya, así como concertar la ruta para la erradicación manual y la inversión productiva requerida. Esta solicitud nunca ha tenido respuesta y en cambio desde el 2008 hasta el 2014 nuestro territorio ha sido fumigado indiscriminadamente hasta 2 veces por año, contaminando el río y atacando directamente las siembras de pan coger, ¿nos preguntamos por qué? y concluimos que la coca sembrada en el Naya ha sido el pretexto para debilitar nuestra soberanía alimentaria y contaminar nuestro territorio biodiverso; no entendemos por qué cuando exigimos la presencia civil y social del Estado, insisten con la presencia del Estado sólo desde lo militar, desde lo que mata y daña el territorio?. Acaso no fue de conocimiento nacional e internacional las amenazas de estructuras narco-paramilitares contra líderes afronayeros y acompañantes de DDHH cuando en el 2008 se denunció la invasión de foráneos y la siembra de coca en el río Naya con la complicidad de la fuerza pública. La voluntad y los esfuerzos del Consejo Comunitario han girado siempre en la búsqueda de alternativas para evitar que nuestro territorio biodiverso conservado y protegido desde hace 335 años sea destruido o afectado por externos poseedores de mala fe.

Una segunda pregunta ante semejante titular es, por qué un “complejo” cocalero se logra instalar en un área de control permanente de la fuerza pública?. Recordemos que en el año 2001, con la ayuda de los militares fuimos víctimas de la incursión paramilitar del bloque calima quienes en su recorrido masacraron, torturaron y desplazaron a los pobladores del Naya. Recordemos que desde el año 2002 el Consejo Comunitario de la comunidad negra del rio Naya fue cobijado con medidas cautelares de protección y en este marco el Ministerio de Defensa asumió el control perimetral sobre el territorio del Naya, con presencia permanente en las bocanas como única entrada y salida desde el pacífico al territorio afronayero. En este sentido siempre nos hemos preguntado ¿Cuál ha sido el papel de la fuerza pública en la entrada de la coca al Bajo Naya, cuál ha sido su responsabilidad en el tráfico de insumos o de droga en un área sobre la que tienen control permanente?, por qué permitieron la instalación de 7 laboratorios dentro del área o perímetro controlado en la desembocadura del río Naya?

Tercero, nos preocupa profundamente que desde el pasado 19 de mayo esté desaparecido el líder afronayero y concejal del Municipio de Lopez de Micay, Edinson Torres Angulo y que la embarcación en la que se movilizaba apareciera en el área donde según el parte militar durante seis meses se han desarrollado investigaciones con tecnología de punta para ubicar el complejo cocalero, entonces, hay responsabilidad de la fuerza pública en la desaparición forzada del líder y concejal?.
Cuarto, han pasado 16 años desde la solicitud formal de titulación colectiva de nuestro territorio y aún no se materializa el reconocimiento jurídico a favor de los afronayeros a pesar de fallos judiciales como la sentencia T 909 de 2009 de la Corte Constitucional y el fallo del Consejo de Estado de diciembre de 2014. Nos preguntamos entonces, ¿no será esta otra estrategia mediática para dilatar la titulación colectiva que en derecho nos pertenece?, recordemos que en el gobierno de la seguridad democrática el mismo presidente Álvaro Uribe afirmó que el Naya era una “guarida” de narco guerrilleros, señalamiento con el que ordenó y pretendió justificar la militarización del territorio. Militarización para qué, para el beneficio de quiénes?

Quinto, es muy delicado que se pretenda señalar o militarizar un territorio donde se construyen propuestas concretas de paz, donde como red Conpaz fortalecemos Lugares de Refugio, Iniciativas Agroforestales, Acciones de Dignificación y Conmemoración, Educación para la Paz, Ordenamiento Territorial Alternativo; nos preocupa como población civil y víctimas del conflicto armado interno que se use el pretexto de la coca o los laboratorios para legitimar el escalamiento del conflicto y de paso favorecer los intereses empresariales que en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo se pretende imponer en el territorio nacional.

Por último como una muestra de la voluntad real de paz del gobierno nacional, exigimos respeto a nuestro territorio de vida, respeto a nuestras iniciativas concretas de paz construidas como población civil en medio del conflicto armado interno y exigimos que en el marco del seguimiento a las medidas cautelares de protección se aborde de manera urgente el tema de la coca, la presencia de foráneos en el territorio y el papel de la fuerza pública en un territorio biodiverso donde se construye la paz.

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DEL RIO NAYA.