Propuestas y recomendaciones al Presidente de la República
Sesión Plenaria, Junio de 2019
Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia
El respeto por la vida y la dignidad de todas y todos los colombianos es un imperativo ético. Hoy con especial relevancia, la situación de las personas en los territorios más alejados o con presencia de grupos armados ilegales que viven el flagelo de la guerra, debe interpelar al Estado colombiano como garante de derechos y a la sociedad en su conjunto en la defensa y exigencia de su satisfacción. La construcción de la paz y la reconciliación nacional requieren del reconocimiento de todos/as como ciudadanos/as, con el derecho a participar activamente en las decisiones políticas que nos competen en el marco de escenarios democráticos, pero también la necesidad de que el Estado se haga responsable de las acciones que respondan al proceso de reconstrucción del tejido social y a la superación de las exclusiones históricas, sociales y culturales que promovieron y legitimaron los escenarios de violencia.
El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia reconoce el recrudecimiento de la violencia armada en el país, con más de 700 líderes y lideresas sociales y 135 excombatientes asesinados, el fortalecimiento de dinámicas asociadas al conflicto armado interno como los desplazamientos forzados masivos en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba, el reclutamiento forzado de niños y niñas y el confinamiento de comunidades que han venido ocurriendo en el Chocó, así como el aumento de la estigmatización de la movilización y la protesta social de los sectores declarados en oposición, además de los recientes escándalos por la continuación de las ejecuciones extrajudiciales. Desde este contexto y en atención a nuestras funciones como órgano asesor, consultor y colaborador del Gobierno Nacional, nos permitimos presentar algunas propuestas y recomendaciones, relacionadas con la consecución de la paz y la reconciliación, entendiendo que la legalidad es cumplir la constitucionalidad de la paz como bien lo mencionaba usted en su discurso de posesión como Presidente de la República.
Garantías para la vida de los líderes y lideresas sociales
Reiteramos el llamado de atención sobre las amenazas, judicialización y asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales y de defensores y defensoras de derechos humanos; como CNPRC y Consejos Territoriales no hemos sido ajenos a esta situación, en la actualidad tenemos aproximadamente 15 miembros amenazados. Vemos con gran preocupación que la violencia tiende a aumentar. Por ello, instamos al Estado colombiano a redoblar los esfuerzos de protección hacia los líderes sociales y a acelerar la implementación de medidas como el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) de manera articulada con el Plan Democracia, y en coordinación con las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. También urge la puesta en marcha de los pilotos de seguridad comunitaria decreto 660, el Plan de garantías electorales y medidas de protección diferencial (étnica y género), la Unidad especial de la fiscalía para el desmantelamiento de estructuras criminales sucesoras del paramilitarismo, a respetar y legitimar los mecanismos colectivos de protección y prevención propios de las comunidades, el proceso Nacional de Garantías con sus expresiones territoriales y el Pacto Político Nacional que busca el compromiso para que no se utilicen las armas en la política, además de fortalecer ejercicios que apunten hacia la no estigmatización.
El CNPRC desde su misionalidad, ve la importancia de las acciones mencionadas y que sean articuladas en una política pública integral de protección a líderes construida con la participación de la sociedad civil de manera que facilite la construcción de consensos entre las comunidades y el Estado alrededor de estrategias de protección para los territorios afectados y que apunte hacia procesos reconciliación y no repetición de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de ningún actor armado, incluidos los agentes del Estado.
Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz
De acuerdo con el Instituto Kroc, el Acuerdo Final de Paz contiene 578 compromisos concretos, medibles y observables, de éstos, 39 corresponden a la reincorporación política, social y económica de los excombatientes de las FARC a las que hace referencia de manera constante el Gobierno Nacional a la hora de informar sobre los avances en la implementación, y que representan sólo el 6.5% de lo acordado.
Aunque consideramos que estos logros son importantes, nos permitimos hacer un llamado a la implementación integral y completa del Acuerdo de Paz, teniendo en cuenta que éste también contempla disposiciones que involucran a distintas poblaciones y territorios del país. Es necesario aumentar los esfuerzos para avanzar en las medidas más rezagadas en materia de apertura democrática, participación ciudadana y de reforma rural integral.
Asimismo, resulta fundamental la realización de las tareas asociadas al punto cuatro del Acuerdo sobre la solución al problema de las drogas ilícitas. En este sentido, se requiere que el Estado colombiano se comprometa con: i. la prevención y atención del consumo de drogas desde una perspectiva de salud pública y de no estigmatización de las/los consumidores, ii. la salida de la ilegalidad de los campesinos/as que se han visto involucrados con los cultivos de uso ilícito, desde un enfoque de sustitución voluntaria y no de erradicación forzada, y iii. el cumplimiento de los acuerdos suscritos con familias y comunidades en el marco del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS-.
También queremos hacer énfasis en la importancia de reconocer el funcionamiento de los mecanismos e instancias de verificación y seguimiento de la implementación, entre ellos, la Comisión de Seguimiento y Verificación a la Implementación -CSIVI-, los Notables y los verificadores nacionales e internacionales. La experiencia comparada muestra que en Colombia estos mecanismos cuentan con altos niveles de implementación, pero requieren de un mayor respaldo desde el Gobierno Nacional, desde la sociedad civil en términos de legitimidad y visibilidad de su labor y un gran acompañamiento de la comunidad internacional en dicho propósito.
III. Construcción de la Política Pública de Paz, Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización
El Consejo Nacional de Paz, durante el 2018 avanzó en la construcción de los “Lineamientos y Recomendaciones para la Política Pública de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización” resultado de un proceso de deliberación ciudadana realizado a través de 6 Encuentros Inter regionales y 7 sectoriales, en los que participaron más de 1000 personas representantes de los Consejos Territoriales de Paz, organizaciones sociales, empresarios, y de la institucionalidad gubernamental, incluida la fuerza pública. Éste fue entregado a la Presidencia de la República en la última sesión plenaria.
Nos permitimos hacer un llamado al Gobierno Nacional para que la ruta de formulación de la Política Pública se construya de manera concertada entre el Ministerio del Interior y este Consejo, atendiendo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, el plan marco de implementación y a los insumos ya elaborados, y destinando los recursos necesarios para su implementación nacional y territorial.
De la misma manera, resulta fundamental la promoción de esta política a nivel territorial. Su discusión y promoción debe hacer parte de la agenda electoral y consolidarse a través de agendas locales de Paz, Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización impulsadas desde los consejos territoriales de paz.
Pacto Nacional para sacar la violencia de la política
Conscientes de que la violencia en Colombia tiende a recrudecerse durante los períodos electorales, reconocemos la importancia de fortalecer las acciones para la profundización de la democracia, la convivencia y a la no estigmatización en el marco de la campaña electoral. Es por esto, que desde el CNPRC estamos promoviendo la consolidación de un Pacto por la No violencia en la Campaña Política.
El objetivo es que Partidos Políticos, Movimientos Políticos, Grupos Significativos de Ciudadanos y Candidatos y Candidatas se comprometan a propender por una cultura política basada en el reconocimiento y en el mutuo respeto por el opositor político, a rechazar públicamente cualquier acción violenta que afecte o impida la participación política, a el uso responsable y respetuoso de los espacios en medios de comunicación y redes sociales evitando la información falsa y la que promueva el odio o la violencia, y al respeto y promoción del ejercicio libre y consciente de los derechos políticos de la ciudadanía.
Esperamos contar con el respaldo del Gobierno Nacional en la promoción y seguimiento al cumplimiento de los compromisos que se asuman en el marco de este Pacto, siendo este un primer paso de cara a nuestro mandato de promover un gran pacto político nacional que busque la reconciliación nacional y la convivencia pacífica entre colombianos.
Este ejercicio permitirá llamar la atención de todos los sectores de la sociedad colombiana, incluido el gubernamental, sobre la necesidad de promover un lenguaje que reconozca a los líderes sociales y apele a la no estigmatización. Señor Presidente, hacemos un llamado para que usted asuma esta propuesta como parte de su mandato constitucional de promover la unidad nacional y como símbolo de su compromiso con la reconciliación.
Solución política del conflicto armado
Como CNPRC condenamos los atentados por parte del ELN y de otros grupos armados, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, además de otras acciones que violan los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, generando grandes afectaciones humanitarias que conducen al recrudecimiento de las hostilidades en diversas zonas del país.
Hemos visto la decisión de cesar las conversaciones que desde hace años venían sosteniendo el Gobierno Nacional y el ELN, como un retroceso a lo ya logrado en el proceso de solución definitiva de la confrontación armada, afectando la salida negociada al conflicto.
Consideramos necesario que el Gobierno Nacional busque una facilitación nacional y/o internacional para hacer acercamientos, a fin de retomar el diálogo con el ELN. Se requiere de una estrategia que priorice las zonas con presencia del ELN, para la suscripción de Acuerdos Humanitarios que garanticen el respeto a la población civil, mientras alcanzamos una Paz completa.
Este Consejo se pone a total disposición para avanzar hacia esa ruta de salida negociada al conflicto, que mejore la situación humanitaria de los diferentes territorios del país, de acuerdo con las funciones consagradas en la Ley 434 del 97 que crea esta instancia.
La Paz en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022
Entre enero y febrero del presente año este Consejo entregó al Departamento Nacional de Planeación y al Congreso de la República un documento con recomendaciones frente al Plan Nacional de Desarrollo sobre los asuntos que corresponden a nuestras prioridades estratégicas, que no fueron recogidas ni en las bases, ni en la Ley del Plan aprobada. Por tanto, insistimos con algunas propuestas que esperamos sean tenidas en cuenta:
Plan Plurianual de Inversiones para la Paz: La Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo incluye una tabla indicativa con el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz por $37,1 billones de pesos, pero no especifica si estos son adicionales, tal y como lo establece el artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2016. Frente a esto, es importante que, en el marco del Sistema Integral de Información para el Posconflicto (SIIPO), se defina de manera clara cuáles son los recursos del Presupuesto Nacional correspondientes al Plan Marco de Implementación para la Paz y cuáles son aquellos que han dispuesto las entidades, en aras de facilitar la verificación del cumplimiento del compromiso constitucional de asignar recursos específicos para la paz.
El enfoque de Convivencia en el PND: La definición de convivencia ciudadana que sirve de enfoque a diferentes objetivos y estrategias de los pactos del PND, es la contenida en la Ley 1801 de 2016 o Código Nacional de Policía. El Consejo Nacional de Paz entregó al Gobierno Nacional en el segundo semestre de 2018 un documento con “Lineamientos y Recomendaciones para la Política Pública de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización” que la define desde una perspectiva de reciprocidad democrática que tiene relación con la realización efectiva de derechos ciudadanos y con los procesos de reconciliación, recogiendo los desarrollos que a lo largo de los años se han hecho a nivel institucional y normativo, y desde la sociedad civil. Sugerimos al gobierno nacional considerar lo construido por el CNPRC, para la ejecución de las acciones, planes y políticas contenidas en el PND tendientes al fortalecimiento de la convivencia pacífica, teniendo en cuenta que es el resultado de un proceso amplio y plural de deliberación ciudadana.
Asumir la convivencia desde una perspectiva democrática, puede contribuir en gran medida al mejoramiento de procesos de paz cotidiana familiares y comunitarios, así como al abordaje de otros fenómenos sociales que hacen parte de la coyuntura que atraviesa el país, como la migración principalmente de venezolanos/as, asociada además al retorno de víctimas de desplazamiento que se encontraban residiendo en Venezuela. Frente a esta situación, es necesario que el Estado Colombiano cuente con una política migratoria integral, con enfoque de derechos, trabajo inclusivo y de no estigmatización que apunten a procesos de convivencia.
Plan Nacional de Acción en Derechos humanos: El PND establece que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos internacionales (CPDDHH) “coordinará la formulación participativa y la implementación de un Plan Nacional de Acción en DDHH, de conformidad con lo establecido en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993”. Insistimos en la importancia de que la formulación e implementación del Plan Nacional de Acción en DDHH en cabeza de la CPDDHH, se realice a través de un ejercicio de diálogo social con las organizaciones de la sociedad civil y las plataformas de Derechos Humanos nacionales y territoriales, con el apoyo técnico de OACNUDH y con garantías sociales, políticas y económicas para la participación, reconociendo además, los desarrollos del proceso de alistamiento adelantado en 2018.
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: El PND establece la complementariedad de esfuerzos e inversiones entre las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -SNARIV- y el sistema de justicia transicional, creado por el Acto Legislativo 01 de 2017. Sugerimos la elaboración de protocolos de relacionamiento que establezcan de manera clara los límites del proceso de armonización entre los sistemas, puesto que, si bien ambos responden al compromiso de satisfacción de los derechos de las víctimas, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR- tiene tareas puntuales en materia de justicia para los responsables de los hechos, a través de la Jurisdicción Especial para la Paz, y la Comisión de la Verdad y el Centro de Memoria Histórica tienen competencias distintas en materia de esclarecimiento. Asimismo, es importante que se revisen las capacidades de la Unidad para las Víctimas en materia de coordinación de la articulación, así como la pertinencia de su injerencia en las acciones que desarrolle el SIVJRNR a nivel territorial, considerando que los mecanismos que lo integran son constitucionalmente autónomos.
Actualización de la Política Pública de Víctimas: En las bases del PND se encuentran una serie de ajustes a la política de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, que configuran una modificación por vía administrativa de la Ley 1448 de 2011 en sus diferentes componentes.
Es necesario que se reconozca la participación de las víctimas en cualquier proceso de ajuste de la Política Pública de Víctimas y que se considere la necesidad de prorrogar la vigencia de la ley 1448, en atención al precario avance en materia de indemnización administrativa, donde solo un 12% de las víctimas han accedido a dicha medida, y a que debido a la continuidad de la guerra cada día tenemos nuevas víctimas en nuestro país.
La paz en los territorios: La estrategia “Campo con progreso” que hace parte del Pacto de Emprendimiento y Productividad en las bases técnicas del PND, se aleja de lo dispuesto en el Acuerdo de Paz en materia de inclusión agraria y redistribución de la tierra para los campesinos y regiones que han padecido el conflicto armado. Recomendamos la pronta ejecución de los Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral y que se divulgue información sobre la ruta de acceso al Fondo para campesinos/as y víctimas sin tierra o con tierra insuficiente, así como las metas comprometidas en términos de hectáreas y beneficiarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 902 de 2017.
Con relación a la Hoja de Ruta Única para la implementación de la política de estabilización que articula los instrumentos derivados del Acuerdo Final y los planes de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) en los municipios PDET establecida en el Artículo 181 de la Ley del PND, sugerimos que se determinen los mecanismos de financiación específicos para cada uno de los planes e que la integran. Reconociendo como un gran avance la discusión participativa de los PDET con más de 190.000 personas para favorecer el desarrollo de los 170 municipios más afectados por la guerra en el país, con mayores indicadores de pobreza y con poca o ninguna institucionalidad, hacemos énfasis en que su ejecución no puede estar supeditada a la voluntad política para la asignación de recursos, ni a ejercicios de priorización que ponderen en mayor medida la seguridad desde la perspectiva militar por encima de las visiones locales de desarrollo; a lo anterior se suma la necesidad de dar cumplimiento a la implementación y puesta en marcha del programa nacional de educación rural como elemento que permita el cierre de brechas entre el campo y la ciudad y brinde mayores posibilidades para la juventud campesina.
Consejo Nacional de Paz como instancia de diálogo social: Teniendo en cuenta la diversidad y pluralidad sectorial que caracterizan la composición del Consejo Nacional y los Consejos Territoriales de Paz, y en atención a su misión de “propender por el logro y mantenimiento de la paz; generar una cultura de reconciliación, tolerancia, convivencia, y no estigmatización y facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado, otorgando prioridad a las alternativas políticas de negociación del conflicto armado interno, en orden a alcanzar relaciones sociales que aseguren una paz integral permanente”, este espacio debe ser reconocido como una instancia que, en articulación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia, pueda contribuir al diseño e implementación de la Política para la convivencia, a través del diálogo social constructivo y democrático en los diferentes territorios. De la misma manera, es necesario que el Gobierno Nacional se mantenga en en su compromiso con el fortalecimiento de los Consejos Territoriales, teniendo en cuenta su importancia para la consolidación reconciliación, la convivencia y la paz territorial.
La paz como un elemento transversal en los Pactos Regionales: El PND en el marco de los Pactos Regionales, propone construir alternativas para garantizar la equidad mediante la priorización de inversiones y políticas necesarias para la transformación social y productiva en nueve (9) regiones del país con menores niveles de desarrollo, sin embargo, no es clara la articulación de dichas políticas con lo establecido en el Pacto por la Construcción de Paz, particularmente con las medidas para la estabilización de los territorios.
Desde el CNPRC consideramos que el desarrollo en las regiones no puede desentenderse de las estrategias de construcción de paz, puesto que son elementos complementarios en la materialización de un proceso de reconciliación progresiva, por tanto, sugerimos que dichas estrategias sean transversales en los pactos regionales.
VII. Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP)
No podemos dejar pasar la oportunidad para hacer referencia a la necesidad de que se haga realidad el compromiso establecido en el Acuerdo de Paz de garantizar la representación en el Congreso de la República de las víctimas y los territorios más afectados por el conflicto armado a través de 16 Circunscripciones Especiales Transitorias en la Cámara de Representantes. Desde el Consejo Nacional de Paz consideramos que es fundamental que el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado revisen la posibilidad de materializar esta medida, teniendo en cuenta su vocación reparadora en términos políticos y sociales.
Doc Recomendaciones y Propuestas Plenaria 27062019 by Anonymous UeGxFwA on Scribd
Imagen: Efraín Herrera/EFE/El País.