Propuesta: Por una patria grande, digna y feliz

Lo primero de lo cual debe ser consciente el doctor Duque y su gobierno es que convoca a una “conversación nacional” habiendo perdido antes toda credibilidad. Como que se procedió a regañadientes por habérsele venido el mundo encima. Es que se impuso la marcha del 21. Marcha maltratada desde el momento de su convocatoria pues se amedrentó a la ciudadanía desde el poder y se adelantó una vulgar campaña uribista-oficialista diseñada y dirigida a asustar a una “sociedad instalada” incauta, siempre manipulable y manipulada, para que no asistiera. Sin embargo, superadas las amenazas y el temor, a la marcha incontenible se sumo el coro de las cacerolas que resonó y sigue resonando hasta en los menos esperados rincones, para poner de presente con su canto el cansancio colectivo con la injusticia, la desigualdad, la pobreza y el abuso. Y no quepa duda: la marcha y el canto de las cacerolas se registrarán en la historia como en inicio de un nuevo andar constituyente, porque los padecimientos, que son estructurales, no se alivian, mucho menos se superan, con fórmulas acetaminofén. Es en consideración a lo anterior que me permito hacer la siguiente:

PROPUESTA:

• Lo de la “paz con legalidad” se ha tornado en una frase más. Es poco lo que dice. El derramamiento de sangre de inocentes no da tregua. La paz es un derecho fundamental individual y La paz es el derecho síntesis sin el cual todos lo demás derechos se limitan, se maltratan o se desconocen. Hay que reanudar de manera inmediata el diálogo constructivo con el ELN. El país lo requiere. Nariño, Cauca, Antioquia, Chocó, el Catatumbo y Arauca lo exigen. Se puede lograr esto sin seguir maltratando al país que ha prestado su suelo para brindarle a Colombia, desde años atrás, una posibilidad de concordia nacional. La cancillería debe rectificar su política atropelladora que ha llevado a la nación a causar rubor mundial y a deslucirse ante los máximos organismo de la Organización de las Naciones Unidas. La paz con el ELN es posible sin traumas adicionales. No la demoremos más.
• La desigualdad entre las regiones nacionales es apabullante. La existencia de regiones de primera de segunda y de tercera asusta. Se asemeja esa desigualdad a aquello de la estratificación social a lo colombiano que ha conducido a que quienes se encuentran en los mal llamados estratos bajos no puedan sentarse en la misma mesa con los estratos de “mejor familia”. La centralización apabulla, destruye, desconoce derechos de los territorios sobre sus recursos naturales, induce a la equivocación en los manejos fiscales, aleja a sus pobladores del desarrollo, la prosperidad y la modernidad y es causa de violencia. Basta viajar el mismo día a Medellín, Quibdó, Buenaventura, Tumaco, el Catatumbo y la Guajira. Se pasa de la abundancia del Valle del Aburra a las miserias colectivas que se confunden con los pies descalzos y los niños que mueren de sed sin que nada se

Los constituyentes del 91 nos ocupamos de consagrar en la Constitución el estado social de derecho y de reconocer en la Carta un número significativo de nuevos derechos, y sus mecanismos de amparo, como también de la inclusión de la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento y de otras instituciones de muchos valor y significado. Se redefinió igualmente la residencia de la soberanía que fuera antes la nación, para ponerla en cabeza del pueblo y así lograr establecer mecanismo de participación popular. Pero dejamos intacta la estructura del Estado, particularmente la regional. Su anacronismo es insoportable. Hay que revisarla integralmente. Y hay que hacerlo ya, mirando hacia la Colombia nueva; la Colombia diversa siempre olvidada; la Colombia de razas dispares, de las comunidades originarias a las que tanto les hemos arrebatado; la Colombia de los recursos naturales no renovables, del aire puro y de la biodiversidad. La Colombia del futuro.

• Pero la paz social en las regiones pasa por la tierra y el tema de los cultivos ilícitos. Los acuerdos de La Habana no tienen dueño. Por eso sus alcances van más allá de la entrega de armas a la ONU, y de unos proyectos económicos menores adelantados en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, Lo de fondo, la solución integral al asunto histórico de la tierra y a los problemas derivados de los cultivos mencionados se encuentra en el Punto 1 y en el Punto 4. ¿Que esto es ajeno a la marcha del 21 y de los cacerolazos? De ninguna manera. La visión de la marcha no se limitó a buscar la revisión del salario mínimo y un mejor ingreso, o al grito “no más neoliberalismo”, o al estribillo “Uribe paraco el pueblo está berraco”, o a buscar una jubilación digna, o a más y mejor educación, o a la terminación de la intermediación y de otras falencias en lo relativo a la salud. De los acuerdos de La Habana brotaron derechos que aún no se han logrado defender. Así, de la búsqueda de la paz total, uno de los ejes y motivo central de la marcha, se deriva la necesidad de hacer valer hoy mismo el derecho adquirido por el pueblo de Colombia a que se desarrollen los puntos referidos. Punto 1: Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral, Punto 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. Se incluyen en ellos la creación de instituciones, mecanismos y desarrollos de políticas hasta ahora dejadas de lado. No soslayar más estas responsabilidades del Estado y los derechos adquiridos en La Habana por millones de ciudadanos y ciudadanas es un imperativo categórico.
• La misma marcha del 21, por su composición, reflejó la importancia de los derechos reconocidos en los Acuerdos de La Habana a las mujeres, a los grupos sociales vulnerables, a los pueblos indígenas, a las niñas, niños y adolescentes; a la comunidades afrodescendiente y a otros grupos étnicos diferenciados y a los campesinos y campesinas; igual, la de los derechos atinentes a las personas en condición de incapacidad y de los desplazados por razones del conflicto; y la de las personas adultas mayores y de la población LGBTI (ver acuerdo). En el país entero, fueron todos ellos, lo que crearon la masa entusiasta que llenaros las plazas y las calles. La Habana sin duda fue su despertar. Y un nuevo abrir de ojos y una alarma de alerta y defensa lo constituyó esa hermosa marcha del pasado 21 de noviembre del año que termina que se registrará en las páginas de la historia

No caben todos los temas ni se revisan todas las angustias del pueblo de Colombia en el momento o en la instancia que se ha denominado “conversación nacional”. Como no es posible evacuar los anhelos y esperanzas de los más en las Mesas de Concertación Laboral y de Diálogo con Estudiantes y Docentes. ¿Para qué engañarnos?

• De otra parte, de nada sirve el crecimiento del PIB si no hay una justa redistribución del ingreso. Por algo se destaca que a pesar de dicho crecimiento, en mucho jalonado por un comercio inyectado con dineros de lavandería, Colombia sigue siendo uno de los países de mayor concentración del ingreso del mundo con la consecuente inequidad que esto conlleva. Súmesele a esto reformas tributarias mal concebidas y el impulso indebido a pulpos empresariales que se tornan en carteles, sin que por otra parte exista una política definida y estable de precios/costos que permita hacer de Colombia una nación mayormente
• Imprescindible la reforma política y electoral que se atajó en el Congreso de la República. Este acuerdo con el país sufrió igual suerte y por las mismas razones que el acuerdo efectuado con el Presidente Duque sobre la consulta anticorrupción tras haber sido respaldado por más de once millones seiscientos mil colombianos en las urnas. 
• Hay que abrirle todas la veces más la puerta a las víctimas y a la verdad en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJNRN. La verdad debe ser libre, pública. No puede ser objeto de limitación alguna ni restringirse o limitarse caprichosamente a solo algunos actores del conflicto interno dejando por fuera a quienes quieren relatar pormenores de lo acontecido durante la prolongada contienda por haber participado directamente o indirectamente en ella. 
• El punto 3 de la agenda de La Habana, titulado Fin del Conflicto, para ser desarrollado de manera “integral y simultánea”, señala en su numeral 5: “El gobierno nacional revisará y hará las reformas institucionales necesarias para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”. Haciendo eco a este propósito, dice el Acuerdo de La Habana refrendado y elevado su obligatorio cumplimiento a norma constitucional (Acto Legislativo 2 de 2017): “Por lo anterior, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social”. (Acuerdo Final Teatro Colón, 24-11-2016, página 7, párrafo tercero).

Que el nuevo andar constituyente se fortalezca y culmine en una gran constituyente amplia y democrática, representativa de los más variados sectores sociales; de los mismos que marcharon, a fin de que se ponga en movimiento de manera definitiva la paz total entre los colombianos y de vigor e instrumentos a las regiones todas para incorporarlas plenamente a la República. Es algo que a no dudarlo está en la consciencia de la mayoría de los ciento de miles que marchamos el pasado 21. Que continúe entonces el andar constituyente para ponerle finalmente motor al artículo constitucional que nos espera: Artículo 376 de la Constitución. “Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento”.