Propuesta Comisión de Verdad en Colombia
Propuesta para una Comisión de la Verdad sobre los Crímenes de Estado elaborado con base en la experiencia de la Comisión Ética de la Verdad
Introducción
La Comisión Ética de la Verdad, una de las estrategias del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado está conformada por 25 internacionales como mecanismos para salvaguardar la verdad de las víctimas y proteger pruebas y testimonios, hasta tanto existirán garantías para la conformación de una Comisión de la Verdad en Colombia o unas mínimas garantías para la judicialización de esas violaciones a los derechos Humanos. Esta comisión está concebida como insumo fundante para una Comisión de la Verdad a constituirse a futuro cuando existan garantías para que las víctimas se puedan expresar en condiciones de libertad y equidad, cuando la voluntad política institucional exista para reconocer sus responsabilidades en la violencia política y haya un proceso real de desmilitarización de la ilegalidad y depuración militar para la constitución de un verdadero Estado Democrático.
Este documento pretende ser un aporte a los debates sobre el derecho a la Verdad de las victimas de Crímenes de Estado y a la lucha contra la impunidad de esos crímenes en un momento histórico en Colombia donde en la actualidad la propuesta gubernamental solo consiste en la creación de “un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica, con el fin de recolectar, sistematizar, preservar la información que surja de los Acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación, y producir los informes a que haya lugar” (Art. 4, Ley 1428 de 2010), acuerdos suscritos por los “desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de la ley que únicamente que hubieran incurrido únicamente en los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armados o de defensa personal, como consecuencia de su pertenencia a dichos grupos” (art.2 Ley 1428 de 2010); es decir al igual como en la ley 975 del 2005 se prioriza la verdad de los victimarios en aras de encontrar una solución jurídica a la situación de mas de 26000 personas rasos desmovilizadas de dichos grupos, en su gran mayoría de grupos paramilitares.