Profundos daños ambientales y sociales por intervención en territorio colectivo

El pasado martes 1 de agosto, miembros del Consejo menor de Caño Manso, territorio colectivo de Curvaradó, ante el avance de la maquinaria pesada que viene realizando canales de drenaje y la devastación de áreas de bosque primario para la implementación de la agroindustria de plátano, decidieron intervenir de manera pacífica y frenar los daños que se están realizando en los predios de Ovidio Londoño, Misael Beltrán y Will Correa.

Los predios de las familias ancestrales intervenidos para la implementación del proyecto que se ejecuta con recursos de la Agencia Nacional de Tierras se encuentran ubicados en la zona de traslape entre los títulos colectivos de Curvaradó y Pedeguita y Mancilla.

Once integrantes de la comunidad de Caño Manso visitaron las zonas donde se realizan los trabajos, allí constataron la tala de las zonas destinadas a protección y reserva; uno de los contratistas aseguró que trabajaba bajo las órdenes de Baldoyno Palacios, afirmando que él expidió el permiso para aserrar.

En los predios de Misael Beltrán y Will Correa, se observó la construcción de varios canales de drenaje, los cuales han generado una degradación crítica de suelos y han afectado las áreas ya cultivadas para la subsistencia de las familias.

El operario de la maquinaria afirmó que los trabajos solo se frenaban si la orden provenía de Baldoyno Palacios, que era el jefe.

La pérdida de los bosques primarios y los daños en los suelos repercutirán de manera negativa en las reservas de agua dulce de las familias, las cuales son obtenidas del subsuelo, poniendo en peligro la subsistencia y la permanencia en el territorio.

La pacífica intervención de las familias permitió que se frenaran los trabajos de manera temporal.

El jueves 3 de agosto, hacia las 4:30 p.m. un foráneo ingresó a la comunidad de Caño Manso y aseguró que el lunes 7 de agosto ingresará un grupo armado. Se presume que estos serán miembros de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”

Bogotá, D.C., agosto 4 de 2017
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz