Presiones y vigilancia a residencias y sede de la Comisión de Justicia y Paz
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante las evidentes pretensiones de incidencia en decisiones en derecho por parte de sectores del anterior gobierno usando sus relaciones con el gobierno del presidente SANTOS para propiciar con formas “legales”, la definición del uso de la propiedad colectiva, para intereses empresariales, algunos de ellos, beneficiarios del paramilitarismo; para tal fin, se usan las mismas difamaciones construidas por el general ® RITO ALEJO DEL RÍO, conocidas desde el 8 de octubre de 2008, afectado las comunidades afrodescendientes de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, dueños legítimos, ancestrales y defensores naturales del territorio.
Bogotá, D.C., 17 de noviembre de 2012
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia
FERNANDO CARRILLO
Ministro del Interior
MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
RUTH STELLA CORREA
Ministra de Justicia
JUAN GABRIEL URIBE
Ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible
EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Referencia: Presiones – vigilancia a residencias y sede de la Comisión de Justicia y Paz.
“… Pero no les tengan miedo… No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma…” Mateo 10, 28
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad de intentos y de mecanismos para que cese la labor de denuncia de nuestra organización con presiones, observaciones, seguimientos e intimidaciones que limitan la legítima labor de los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, sin que existan medidas eficaces y eficientes que garanticen el trabajo en conformidad con el ejercicio legítimo de defender los derechos humanos aprobada por la resolución 53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998; o el Informe sobre Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: “proteger, respetar y remediar”
Ante ustedes la fundamentación fáctica de nuestra Constancia Histórica, donde relacionamos nuevos hechos acaecidos en menos de una semana de nuestra anterior Constancia radicada bajo el Nº E-COO-548-2012, los cuales se relacionan con el trabajo de legítima defensa de derechos humanos que adelanta nuestra comisión de Justicia y Paz en acompañamiento de comunidades víctimas.
* Miércoles 7 de noviembre en horas de la noche, nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció de una fuente oficial de alta confiabilidad de la incidencia de un sector liderado por el ex asesor presidencial, JOSÉ OBDULIO GAVIRIA, sobre algunos sectores del Estado y Gobierno, en las cuales pretende acelerar el proceso de convocatoria de Asamblea eleccionaria del consejo comunitario de Curvaradó y el logro en la priorización del gobierno hacia el proceso de dicha elección el Jiguamiandó.
De acuerdo con la fuente, tal incidencia pretende asegurar una entrega formal de tierras colectivas para que se asegure su uso empresarial. Indicó la fuente que la preocupación de los sectores empresariales, algunos de ellos beneficiarios del paramilitarismo, es el fortalecimiento de los consejos comunitarios de comunidades negras que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad con la Comisión de Justicia y Paz y el apoyo de organismos internacionales.
Observan que los Autos de la Corte Constitucional con sus pronunciamientos están evitando la inversión en la región con celeridad. En desarrollo de las argumentaciones de este sector para empresarial se usan nuevamente las afirmaciones difamatorias en las que se indica que nuestra Comisión de Justicia y Paz es un brazo político y jurídico de la guerrilla de las FARC, que desarrolla operaciones de control social contra los derechos de los afros para impedir “el progreso y el desarrollo”.
Como se recordará este tipo de acusaciones forman parte de un plan de desprestigio y de montajes judiciales revelados desde octubre de 2008 por una conversación entre el general ® RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS y el exministro FERNANDO LONDOÑO HOYOS, alimentado por MARÍA FERNANDA CABAL, JOSÉ OBDULIO GAVIRIA y JAIME RESTREPO
* Jueves 9 de noviembre hacia las 4:00 p.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que miembros de las comunidades del bajo Atrato fueron abordados en el aeropuerto de Apartadó por el ex director de Acción Social en Urabá, LUIS MARIO GAVIRIA VÉLEZ, hermano de JOSÉ OBDULIO GAVIRIA VÉLEZ.
LUIS MARIO solicitó que exigieran a nuestra organización retirar de los informes públicos las afirmaciones que sobre él realizamos en su momento por las pruebas fácticas de sus actuaciones indebidas y contra derecho a favor de ocupantes de mala fe, entre ellas, familias llevadas a los territorios colectivos como SOR TERESA GÓMEZ, sobre quien pesan órdenes de captura.
GAVIRIA sostuvo que por las denuncias de nuestra entidad no pudo continuar ejerciendo como director del Departamento para la Prosperidad Social en la región de Urabá en el gobierno SANTOS.
Los miembros de las comunidades pidieron al exfuncionario que no los involucrara en sus asuntos pues los escritos son de nuestra organización.
* Viernes 9 de noviembre a las 6:10 am., en Bogotá, en la residencia de ABILIO PEÑA, un hombre joven observó y hostigó por un lapso de 30 minutos su vivienda con una comunicación permanente a través de un teléfono móvil.
El defensor de derechos humanos activó la alarma del vecindario obligando al hombre a retirarse hasta la avenida Cali con calle 103 donde mantuvo comunicación por su teléfono celular.
* Sábado 10 de noviembre entre las 11:00 a.m. y las 11:45 a.m. ingresaron a la sede de Bogotá, los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz ABILIO PEÑA y ADRIANA ARIZA
A las 12:00 p.m. dos hombres estacionaron el vehículo Mitsubishi con placas PEN 436 en que se movilizaban permaneciendo en su interior.
Ante la extraña presencia del vehículo se informó a la policía nacional. Cuarenta minutos después los uniformados hicieron presencia en el lugar. Un agente verificó los documentos de identidad de los sujetos que se encontraban dentro del vehículo, uno de ellos entregó un carnet que lo identificaba como miembro del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Los sujetos se retiraron inmediatamente del lugar.
Al pedir al agente de policía la identidad de los individuos y el ex integrante del DAS, el policial informó que se comunicó con su central y que ya había desaparecido el nombre de la pantalla.
Nuestra Censura Ética ante estos hechos que son continuidad, casi segura, de la táctica de seguimientos que han vivido en las últimas semanas los defensores de derechos humanos ALBERTO FRANCO, FABIO ARIZA Y DANILO RUEDA en la ciudad de Bogotá.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la agudización de las acciones de seguimiento, persecución, intimidación y amenazas que en el último mes se han intensificado en contra de los defensores de derechos humanos de nuestra comisión de Justicia y Paz en Bogotá, Urabá, Bajo Atrato y Valle.
Nuestra Constancia Histórica ante la ausencia de mecanismos idóneos para dar respuesta a las solicitudes de medidas de protección colectivas eficaces y eficientes por parte de la Unidad Nacional de Protección, que brinden garantías a las y los defensores de derechos humanos que ejercen su labor legítima en la Comisión de Justicia y Paz, justo cuando se develan posibles agresiones y daños irreparables a la vida e integridad, los intereses para-empresariales o empresariales que niegan los derechos de las comunidades por su desconocimiento a la consulta previa, los derechos al suelo, a un ambiente sano, entre otros.
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y de acuerdo a sus competencias institucionales solicitamos se sirvan dar respuesta eficaz y por escrito a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas eficaces y eficientes de orden político, administrativo y jurídico se han adelantado ante los seguimientos, obstáculos, y amenazas para garantizar la labor de las y los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y paz?
2. ¿Qué acciones de tipo penal se han adelantado para determinar la autoria material e intelectual en las acciones que implican la persecución, seguimientos y amenazas en contra de las y los defensores de nuestra Comisión de Justicia y Paz?
3. ¿Qué investigaciones penales frente a empresas legales e ilegales que actúan contra derecho en diversos territorios donde nuestra Comisión de Justicia y Paz apoya a comunidades y organizaciones que protegen pacíficamente sus vidas y los ecosistemas y riqueza biológica en los territorios?
Con profunda preocupación
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz