Presidente Duque objeta independencia judicial y la posibilidad de la verdad.

A LOS HUMANOS DEL MUNDO

Presidente Duque objeta independencia judicial y la posibilidad de la verdad

Nosotras y nosotros afectados por la violencia política en Colombia, en los últimos 40 años, queremos expresar nuestra profunda preocupación ante las objeciones formuladas por el presidente Iván Duque y su anuncio de presentar una reforma constitucional al Acto Legislativo 01 de 2017, por ser claramente un irrespeto y una burla a los principios de independencia de los poderes públicos y la vigencia del Estado de Derecho, y en particular, los derechos a la paz, y los derechos de las víctimas.

La decisión del gobierno es grave pues valiéndose de su facultad de hacer objeciones desconoció la independencia de poderes, en particular, la de la Corte Constitucional, y pretende mostrar como inconveniente lo que en realidad es una interpretación para los intereses de quiénes se benefician del conflicto armado y temen a las verdades.

La decisión del presidente Duque está generando un enfrentamiento institucional con el llamado Estado de Opinión, aplaudiendo el populismo punitivo. Evitar, dilatar, entorpecer que muchas verdades sobre los responsables de la guerra que hemos vivido, se conozcan en la JEP y se aplique el derecho restaurador ante planes criminales consumados es el inconfesable propósito que se encierra detrás de las objeciones.

Hoy, aunque el gobierno intente negarlo, ante ustedes y el mundo, la arquitectura y el espíritu de la JEP pretende seguir siendo desmoronado con artilugios a la medida de muchos de los planificadores y beneficiarios de la violencia, desconociendo que este proceso de paz intenta enfrentar la impunidad y es el mecanismo mejor diseñado hasta hoy para lograr que los derechos de nosotros las víctimas y la sociedad a la verdad y la justicia sean resguardados.

Nuevamente el presidente Duque desconoció nuestro pensar y la búsqueda del bien común de toda la sociedad sobre la base de la verdad y el respeto a los derechos de todas las víctimas con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición frente a las conductas victimizantes calificadas como Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra en planes criminales. La realidad de una judicialización de todos los ex combatientes es un imposible que solo beneficia a aquellos que quieren evitar la eficacia del sistema transicional, asegurando de este modo el silencio y la impunidad, en particular, de agentes de Estado que operaron para beneficiar a políticos y empresarios.

Las objeciones pretenden dejar el esclarecimiento de las conductas victimizantes en Crímenes contra la Humanidad en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, en donde, pese a la contundencia de las pruebas de muchos de nuestros casos, no existe la identificación y la sanción de los responsables. Allí las investigaciones de situaciones de violencia sexual, de desplazamiento y despojo, son ineficaces, nulas o precarias. Y esto para dejar de referirnos a que su máxima cabeza, el señor Néstor Humberto Martínez, está posiblemente inmiscuido en delitos de corrupción.

Es errado lo que afirma el presidente Duque. Efectivamente, la Fiscalía sigue conociendo de los todos los procesos hasta que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anuncie la presentación de la resolución de conclusiones ante el Tribunal de Paz, así como, de otras conductas que no tengan que ver con el conflicto.

Las víctimas consideramos que contrario a lo expuesto por el presidente, la garantía de nuestra reparación material integral debe estar en cabeza del Estado, y estamos a la espera de la ampliación y la corrección de los déficits de la ley 1448 del 2011 como quedo en el punto 5 del Acuerdo final de Paz.

Desde nuestros territorios estamos observando como el incumplimiento de los acuerdos con incorporados, con los PDTS, con PNIS, están generando en una nueva dinámica de violencia, entre ellas, el paramilitarismo de Estado. Estas objeciones parecieran prepararnos a nueva etapa de la guerra. En nuestros territorios la violencia se recrudece, la zozobra, el confinamiento y las graves violaciones de derechos humanos se intensifican sin que nuestras denuncias y nuestras peticiones sean escuchadas por este gobierno.

La verdad y el derecho restaurador son la salida por lo que hemos respaldado a la Jurisdicción Especial para la Paz y estamos esperando que continúen actuando en derecho para enfrentar la impunidad.

Apostamos a la consolidación de la justicia restaurativa para el desmonte pleno del paramilitarismo, los modelos económicos de despojo y el esclarecimiento de verdades para la configuración de reales y eficaces garantías de no repetición.

Llamamos al Congreso de la República que se distancia razonablemente de la coalición del partido de gobierno, a que en el marco de su autonomía cumplan con los derechos constitucionales y rechacen las objeciones planteadas por el presidente.

Invitamos a todos los medios de información a profundizar sobre las posibilidades de la justicia restaurativa y a contextualizar de manera adecuada el debate político y jurídico ante la evidente fragmentación y polarización que está generando el gobierno.

Llamamos al ELN a ubicar la gravedad de desconocer las situaciones que vive el país en la construcción de una nueva sociedad. Sus decisiones territoriales serán fundamentales para abrir otro escenario distinto a la militarización de la mente de la sociedad y a la justificación del guerrerismo.

A todos los excombatientes de todas las fuerzas, (militares, policías y paramilitares, guerrilleros), y políticos y empresarios, responsables de victimizaciones, los invitamos a mantener en su corazón las convicciones más profundas, de afrontar el miedo y la actual situación, con la claridad que el camino de la verdad hará real la paz y la justicia. En sus manos, de manera particular, y en nuestras manos, está la posibilidad de un país sano, con nuevas generaciones que heredan la posibilidad de vivir en un real Estado Socio Ambiental de Derecho.

 

Firman,

Comunidades

Comunidades Autodeterminación, Vida, Dignidad de Cacarica, CAVIDA, (Chocó).

Consejo Comunitario Jiguamiandó, (Chocó).

ADISPA como organización representativa de las 24 Comunidades de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, (Putumayo):

Comunidad de Agualongo.

Comunidad de Bajo Cuembí.

Comunidad de Bajo Lorenzo.

Comunidad de Bajo Mansoyá.

Comunidad de Baldío.

Comunidad de Belén.

Comunidad de Bocana de Cuembí.

Comunidad de Buen Samaritano.

Comunidad de Camios.

Comunidad de Angosturas.

Comunidad de Chufiyá.

Comunidad de Comandante.

Comunidad de Frontera.

Comunidad de Guadalupe.

Comunidad de Juvenil.

Comunidad de La Alea.

Comunidad de La Española.

Comunidad de La Piña.

Comunidad de La Rosa.

Comunidad de Puerto Playa.

Comunidad de San Salvador.

Comunidad de Sevilla.

Comunidad de Toaya.

Comunidad de Zamora.

Asociación Agroecologica de Familiares de Víctimas de Trujillo, ASAVIT, (Valle del Cauca).

Asociación Agroecologica Esther Cayapu, Asoesca, Sonora, Trujillo (Valle del Cauca).

A sokoinonia de Río Chiquto, Trujillo (Valle del Cauca).

Asociación Consejo Regional Pueblo Nasa Kwesx Kxsaw, (Putumayo) conformado por:

Cabildo Alto Sinaí, Villa Garzón.

Cabildo Alto Suspisacha, Piamonte.

Cabildo Cerro de Guadua, Puerto Guzmán.

Cabildo Çxhab Wala, Villagarzon.

Cabildo Juan Tama, Puerto Guzman.

Cabildo Kiwe Nxusxa, Las Delicias.

Cabildo Kiwe U’kwe, Puerto Caicedo.

Cabildo Kiwe U’se, Nueva Palestina, Valle del Guamuéz.

Cabildo Kiwe Zxiçxkwe, Tierra Linda, Valle del Guamuéz.

Cabildo Kjwen Tama Luuçxwe’sx, hijos de Juan Tama, Mocoa.

Cabildo Ksxa’w Nasa, Alto Danubio, Puerto Asís.

Cabildo Kwe’sx Kiwe, Orito.

Cabildo Kwe’sx Kiwe. Puerto Asís.

Cabildo Kwe’sx Nasa çxayu’çe, Alto Coqueto, Puerto Caicedo.

Cabildo Kwe’sx Tata Wala, Puerto Caicedo.

Cabildo Nada Kiwe Puerto Leguizamo.

Cabildo Nada Tkuymatewe’sx, Orito.

Cabildo Nasa Fxi’w La Libertad, Puerto Asís.

Cabildo Pkid Kiwe, Los Guayabales.

Cabildo Sat’t Tama, Puerto Asís.

Cabildo Thä’ Tadx Kiwe, Loma Redonda, Villa Garzón.

Cabildo Yu’ Çxihme, El Libano, Puerto Caicedo.

Cabildo Yu’kh Zxiçxkwe, Selva Hermosa, Puerto Caicedo.

Cabildo Yu’luuçx, Las Minas, Puerto Asís.

Jerusalén, Villa Garzón.

Mühm Kiwe, Los Guaduales, Puerto Guzmán.

Resguardo Jerusalén San Luis Alto Picudito.

Resguardo Jxkase Kiwe, El Descanso, Puerto Guzmán.

Resguardo La Florida, Mocoa.

Resguardo Nasa Çxhab, Puerto Asís.

Resguardo Kiwnas Çxhab, Alto Lorenzo, Puerto Asís

Resguardo Nasa Uh Los Gavilanes, Jardines de Sucumbíos, Ipiales.

Resguardo Sek Kaanxi thä’ Kiwe Alpes Orientales, La Floresta, Alto Coqueto.

Resguardo Txitx U’kwe Kiwe, Porvenir La Barrialosa, Puerto Guzmán.

Resguardo Yu’ukwe Kiwe, Aguaditas, Puerto Guzmán.

San Luis Alto Picudito, Villa Garzón.

Santa Rosa de Juanambu, Villa Garzón.

Asociación de Mujeres Desplazadas de Ríosucio, CLAMORES, Turbo, (Antioquia).

Asociación de Víctimas de Inzá, “Sembradores de Paz”, (Cauca).

Caminos de Esperanza, Madres de la Candelaria, (Antioquia).

Comité de victimas de desaparición de El Castillo.

Comunidad Civil de Vida y Paz – CIVIPAZ, El Castillo, (Meta).

Comunidad de Vida y Trabajo La Balsita, Dabeiba, (Antioquia).

Familia Alvira, víctima de ejecución extrajudicial, La Plata, (Huila).

Familias afectadas por la explotación minera de Galíndez, Patía, (Cauca).

Familias Beneficiarias de Medidas Cautelares CIDH, de Argelia, (Cauca).

Familias de Bosques de la Memoria Antioquia-Chocó-Valle.

Familia de víctimas de Farc, (Bolivar).

Familias víctima de masacre concejales de Rivera, (Huila).

Familias víctimas atentado El Nogal, (Bogotá).

Familias víctimas de Campamento, (Antioquia).

Familias víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales, (Huila).

Familias víctimas de la masacre de Bojayá, (Chocó).

Familiares de operadores judiciales victimizados.

Familiares de víctimas de diputados del Valle del Cauca.

Red por la defensa de la Vida y el Territorio, Inzá, (Cauca).

Resguardo Indígena de Unión Agua Clara del Bajo San Juan, (Valle del Cauca).

Resguardo Sikuani de Caño Ovejas, Mapiripán, (Meta).

Víctimas de La Masacre de La Chinita, Apartadó, (Antioquia).

Zona de Biodiversidad Hernán Bedoya, Territorio Colectivo de Pedeguita y Mancilla, (Chocó).

Zona de Biodiversidad Mi Tierra, Territorio Colectivo de Pedeguita y Mancilla, (Chocó).

Zona de Biodiversidad El Retorno, Territorio Colectivo de Pedeguita y Mancilla, (Chocó).

Zona Humanitaria Camelias, Territorio Colectivo de Curbaradó, (Chocó).

Zona Humanitaria Nueva Esperanza, Territorio Colectivo de Jiguamiandó, (Chocó).

Zona Humanitaria Pueblo Nuevo, Territorio Colectivo de Jiguamiandó, (Chocó).

Sociedad civil:

Helena Urán Bidegain.

Luisa Fernanda Díaz.

(Imagen: Jóvenes por Santander)

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