Preguntas inquietantes
Para desmontarse por las orejas, vuelve y juega el argumento de que los periodistas son los culpables de todo.
El Gobierno intenta zafarse de su responsabilidad por el fracaso en que pudo terminar la operación de entrega de los cuatro uniformados y por el peligro en que puso a los asistentes al acto de entrega, no a la presencia de aviones militares en la zona de encuentro con la comisión humanitaria, sino a que Jorge Enrique Botero hubiera contado en Telesur que eso estaba ocurriendo.
Primero, la administración Uribe negó tajantemente que el reporte de Botero fuera cierto. El comisionado Luis Carlos Restrepo aseguró ante las cámaras que las versiones sobre seguimiento de la Fuerza Aérea a la comisión eran falsas y reiteró que el Ejecutivo había “honrado su compromiso” con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de suspender las acciones militares desde la medianoche del sábado. Horas después, cuando el periodista declaró que tenía pruebas en audio y video de sus afirmaciones, la Casa de Nariño modificó su posición, no sin antes aguantarse la explosión de ira del poderoso jefe de Estado por sentirse confrontado.
Entonces aparecieron el propio Restrepo y el ministro Juan Manuel Santos para aclarar que sí hubo sobrevuelos. El Ministro, muy en su estilo, quiso disfrazar el delicado incidente como si fuera normal. Añadió que no se violó el acuerdo con el CICR. Éste se habría sentado a pactar las condiciones de entrega sin excluir los sobrevuelos por encima de los 20 mil pies, con el Ministro y los comandantes de Fuerza Aérea y Ejército. Santos echó otro cuento: los vuelos también se hicieron para “controlar las pistas clandestinas que pudieran ser aprovechadas” en ese “espacio tan grande”. Entre tanto, el presidente Uribe ordenaba expulsar a los miembros de la comisión, incluido el columnista Daniel Samper Pizano —quien no hubiera podido ser más prudente—, y hasta a Piedad Córdoba. En la mañana ya había echado reversa sólo respecto de Piedad, y eso, porque la Cruz Roja se lo pidió.
Al día siguiente, el Gobierno tomó nuevo impulso contra los comunicadores. Le solicitó a la Fiscalía investigar al periodista Hollman Morris por el “delito” de estar con sus cámaras en el lugar de la entrega. Pero en cuestión de minutos el Ministerio de Defensa ya había tomado sus propias medidas: militares interceptaron a Morris en un centro de internet de La Unión Penaya en Caquetá. Lo conminaron a ir a la base y le exigieron entregar sus videos. Morris gritó en plena calle que era reportero y tal vez porque la escena era inquietante, el representante de la Defensoría del Pueblo acudió en su auxilio. No obstante, fue retenido sin orden de autoridad competente durante seis horas y fue filmado y fotografiado por la Policía Judicial. ¿Reseñado como delincuente?
Preguntas en cuanto al ejercicio libre de la profesión: ¿Desde cuándo hay delito de información en Colombia? ¿Cuándo se aprobaron y definieron las zonas del territorio nacional vedadas para los periodistas? ¿En cuál artículo del Código Penal está descrito el tipo delictivo de “entrevistar a guerrilleros”. ¿Por qué nunca se denunció a los que hablaron con Carlos Castaño o Salvatore Mancuso? En cuanto a la Cruz Roja: ¿Es cierto que funcionarios suyos pactaron con los militares sobrevuelos por encima de 20 mil pies? ¿Está permitido que el CICR acuerde condiciones con una de las partes sin consultar a la otra? ¿Los protocolos de Ginebra autorizan presencia de aviones militares en el lugar donde se realizan actos de intercambio humanitario?