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Por lo menos la verdad 1

Los principios Joinet, plantean las directrices sobre los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de Lesa Humanidad. En la lucha contra la impunidad, uno de los principios fundamentales de las víctimas de estos crímenes es el DERECHO A SABER. Conocer, saber la verdad es un derecho de toda la sociedad, por tratarse de Crímenes que duelen a la Humanidad en lo más profundo de la dignidad del ser humano. El DERECHO A SABER es definido desde los principios Joinet como:


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“A. El derecho de saber.
17. No se trata solamente del derecho individual que toda víctima, o sus parientes o amigos, tiene a saber qué pasó en tanto que derecho a la verdad. El derecho de saber es también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan. Por contrapartida tiene, a cargo del Estado, el “deber de la memoria” a fin de prevenir contra las deformaciones de la historia que tienen por nombre el revisionismo y el negacionismo; en efecto, el conocimiento, para un pueblo, de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado. Tales son las finalidades principales del derecho de saber en tanto que derecho colectivo.
18. Dos series de medidas se proponen a este efecto. La primera concierne a la puesta en marcha, a corto plazo, de comisiones no judiciales de investigación. Salvo que haya una justicia rápida, y esto es poco común en la historia, los tribunales no pueden sancionar rápidamente a los asesinos y sus cómplices comanditarios. La segunda serie de medidas tiende a preservar los archivos que tengan relación con las violaciones de derechos humanos”.

Pero en Colombia, el DERECHO A SABER, el DERECHO A LA VERDAD, es comprendido por el Estado como “EL DERECHO A LA IMPUNIDAD”, el ocultamiento, la tergiversación, la manipulación de la información convirtiendo mentiras en verdades y reduciendo la Verdad a la mera “verdad Procesal”, como se evidencio en la versión libre realizada entre el 19 y 20 de diciembre de 2006 al comandante paramilitar SALVATORE MANCUSO conocido también como ‘El Mono’, ‘Santander Lozada’ o ‘Triple Cero’.

Entre ayer y hoy, durante más de 15 horas, en la sede del Palacio de Justicia de la Alpujarra en la ciudad de Medellín, en desarrollo de la ley de impunidad 975, SALVATORE MANCUSO hizo su presencia ante los fiscales de la unidad de justicia y paz, de la Fiscalía general de la Nación, la cual lo investiga por cerca de 50 procesos en su contra por los delitos de homicidio, conformación de grupos paramilitares, masacres, desaparición forzada, desplazamiento forzado y narcotráfico, entre otros.

Actualmente contra MANCUSO existe una condena a 40 años de cárcel por su participación en la masacre de 15 campesinos en el corregimiento de Puerto Valdivia y El Aro, del municipio de Ituango (Antioquia), ocurrida entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre de 1997. Las víctimas fueron ARNULFO SÁNCHEZ, JOSÉ DARÍO MARTÍNEZ, OLCRIS FAIL DÍAZ, WILMAR RESTREPO (Menor de Edad), OMAR ORTIZ, FABIO ANTONIO ZULETA, OTONIEL DE JESÚS TEJADA TEJADA, OMAR IVÁN GUTIÉRREZ, GUILLERMO ANDRÉS MENDOZA, NELSON PALACIO CÁRDENAS, LUIS MODESTO MÚNERA, MARCO AURELIO AREIZA OSORIO, ROSA BARRERA, DORA LUZ AREIZA y ALBERTO CORREA. Varias de las víctimas fueron torturadas, más de 40 casas quemadas y por lo menos 800 familias desplazadas forzadamente, con la tolerancia y complicidad de las fuerzas militares y autoridades civiles que no actuaron para evitar estos hechos. Ante estos hechos la Corte Interamericana de derechos humanos condenó a mediados del presente año al Estado colombiano por acción y omisión, exigiéndole el reconocimiento público de su responsabilidad y la condena a los responsables, para que sean efectivos los derechos a la Verdad, Justicia y Reparación.

¿Si MANCUSO ya está condenado a 40 años de cárcel, cómo se puede esperar que por acogerse a la Ley 975 esta pena sea reducida a tan solo 8 años? ¿Por qué no se llama a rendir indagatoria junto a MANCUSO a las autoridades civiles y militares que en 1997 ejercían sus funciones en el municipio de Ituango y en el Departamento de Antioquia?
DERECHO A SABER… POR LO MENOS LA VERDAD.

Sobre el papel, la Ley de Impunidad plantea como condición para recibir los beneficios decir la verdad. Único criterio bajo el cual seria beneficiado para cumplir una pena de 8 años en crímenes de lesa humanidad. Pero hasta ahora nada de esa verdad a aflorado, solo se expresa por MANCUSO tergiversaciones y mentiras, justificaciones y desvíos de la génesis del paramilitarismo, de la responsabilidad del Estado colombiano en la conformación y consolidación de la estrategia paramilitar.

MANCUSO también es investigado por la masacre de Mapiripán (Meta), donde los paramilitares provenientes de Urabá torturaron y asesinaron a 27 campesinos en el mes de julio de 1997. En este caso ya fueron condenados varios paramilitares, entre ellos CARLOS CASTAÑO y están vinculados varios militares entre ellos el general JAIME HUMBERTO USCÁTEGUI y el teniente coronel HERNÁN OROZCO CASTRO. ¿Por qué no se llama a rendir indagatoria junto a MANCUSO al comandante de la Brigada 17, General ® RITO ALEJO DEL RIO ROJAS, para saber cómo fue posible el traslado de los paramilitares desde Apartadó hasta San José del Guaviare en las aeronaves DC-3 HK3993P y ANTONOV HK-4009X, quienes perpetraron la masacre de Mapiripán?
DERECHO A SABER… POR LO MENOS LA VERDAD.

¿por qué no se llama a rendir indagatoria junto a MANCUSO a las autoridades civiles y militares del municipio de La Gabarra, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, cuando fueron torturados y asesinados más de 50 campesinos el 22 de agosto de 1999 o la masacre de 20 campesinos en el Tarra el 16 de febrero del 2000, crímenes por los cuales se investiga a MANCUSO?
DERECHO A SABER… POR LO MENOS LA VERDAD.

¿por qué no se llama a rendir indagatoria junto a MANCUSO a las autoridades civiles y militares del municipio de Corozal (Sucre) y Carmen de Bolívar (Bolívar), cuando fueron torturados, asesinados y desaparecidos más de un centenar de campesinos en el corregimiento de El Salado (Carmen de Bolívar) Canutal, Canutalito, Flor del Monte, jurisdicción del municipio de Ovejas (Sucre), desde el martes 15 de febrero al 19 de febrero de 2000, crímenes por los cuales se investiga a MANCUSO?

¿por qué nos se llama entre otros al contralmirante Humberto Cubillos Padilla quien ante los medios de información expresó que las vícitmas: “habrían muerto en un cruce de disparos entre los paramilitares y tropas de la Brigada 1 de Infantería de Marina”, como también fue expresado por el teniente coronel Harold Mantilla, comandante del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina, Bafim 5, adscrito a la Brigada 1, que era la misma información trasmitida por los paramilitares del Bloque Norte y Anorí de las ACCU a través de un comunicado público en el que afirmaron: “Hubo combates con las FARC en la zona y los subversivos se vistieron de labriegos… fueron como 47 guerrilleros muertos y 12 capturados”.?
DERECHO A SABER… POR LO MENOS LA VERDAD.

¿la responsabilidad de MANCUSO es solo material o también intelectual? ¿la responsabilidad es solo de MANCUSO hay acción y/o omisión con tolerancia y complicidad de autoridades civiles y militares del estado colombiano?

Y se podrían realizar preguntas similares frente a la responsabilidad del Estado colombiano, por acción y omisión de autoridades civiles y militares que se encontraban en los lugares donde ocurrieron los centenares de crímenes de lesa humanidad bajo responsabilidad material o intelectual de MANCUSO.
DERECHO A SABER… POR LO MENOS LA VERDAD.

Entre ayer y hoy, más de 200 personas, familiares de victimas entre ellos Madres de la Candelaria y del Movimiento Nacional de victimas de Crímenes de Estado, familiares de las víctimas de la masacre del Aro, entre otras, estuvieron allí presentes exigiendo su DERECHO A SABER la Verdad. A la mayoría de las víctimas del Estado se les negó el acceso al centro de la Alpujarra. Durante más de 15 horas MANCUSO habló ante los fiscales y de esta versión libre, de esta ficción de esclarecimiento de la verdad, se puede concluir que:
1. La “confesión” de MANCUSO fue más una justificación, hubo una lectura permanente de su autobiografía, hace menos de dos años publicada.
2. Su responsabilidad no fue asumida y la transfirió a CARLOS CASTAÑO, quien según las autoridades está muerto.
3. La petición de perdón a las victimas, repetida en varias ocasiones por MANCUSO sabiendo que lo trasmitían por un circuito cerrado de televisión, es incoherente con el ocultamiento de su responsabilidad y de los detallas sobre torturas, desapariciones, asesinatos, masacre, desplazamiento y apropiación de tierras que esperaban las víctimas.
4. La verdad reducida a verdad procesal, afirmado por Luís González, coordinador de fiscales de la unidad de justicia y paz, quien afirmó “que estarán solo las –victimas – que puedan probar sumariamente los casos” (El Tiempo 1-4 del 19 de diciembre de 2006).
5. Las afirmaciones sobre la responsabilidad estatal y sectores de poder regional y nacional no se ha dicho con nombre propio, por tanto no es posible saber quienes se han beneficiado, quienes desarrollaron e implementaron la estrategia criminal paramilitar. MANCUSO se limitó a decir que el surgimiento del paramilitarismo es del comienzo de los 90 y dio el nombre de un militar ya fallecido, el Mayor WALTER FRATINI del Batallón Junín, como uno de sus colaboradores, pero se oculta el génesis del surgimiento paramilitar desde 1962.
6. No se pude negar el acceso a las victimas a conocer esa verdad, el DERECHO A SABER. Este derecho se niega con la realización de audiencias en lugares que no permiten el ingreso de toda la sociedad como afectada por la perpetración de crímenes de lesa humanidad.
7. En otras condiciones de voluntad política estatal, por lo menos para la verdad, para hacer real el DERECHO A SABER, estos procesos deberían ser conocidos por todo el mundo a través de trasmisiones en directo por medios electrónicos, por canales de televisión nacional e internacional de manera continua, a través de emisiones radiales del desarrollo de toda la audiencia, realizada en espacios públicos que posibiliten el acceso de todo aquel que está afectado por estos crímenes de lesa humanidad, a lo que todos tenemos DERECHO A SABER LA VERDAD.

La exigencia de acceso de las víctimas de crímenes de estado a estas audiencias, es para constatar lo que allí se diga o deje de decir. En ningún caso es el reconocimiento del aparta de justicia y una Ley de impunidad. No es posible legitimar un mecanismo de impunidad pero POR LO MENOS LA VERDAD, como DERECHO A SABER.

En medio de la ley de impunidad que favorece a los criminales con penas irrisorias de cárcel, en la primera audiencia a MANCUSO se observó que la verdad no será dicha, que prevalece la mentira. Las víctimas que lograron llegar hasta los alrededores del palacio de Justicia de Medellín o las pocas a las que se les permitió el ingreso, después de escuchar por más de 15 horas las justificaciones y evasión de responsabilidad de MANCUSO expresaron:

“No oí lo más importante para mí, qué pasó con mi hijo… MANCUSO se limitó a contar cómo había llegado la guerrilla a Córdoba”
(Familiar de dos de las víctimas de la masacre de El Aro, Ituango)
“Vine a protestar pero no voy a entrar a las salas de víctimas porque esto es una farsa. Aquí no se va a decir la verdad que involucra a muchos”
(Victima de desplazamiento de la Granja, Ituango)
“No sabemos si alguno de nuestros desaparecidos lo fueron por Salvatore Mancuso, pero estamos acá para ver si dice algo que nos ayude a encontrarlos”
(Teresita Gaviria, presidenta de las Madres de la Candelaria)
”Lo que más hizo fue justificar por qué se volvió AUC…”
(Yolanda Izquierdo, victima de presiones para vender su parcela)
“Nos dijeron que para oír a Mancuso podía entrar solo una víctima por familia y nosotros viajamos varios desde Córdoba y perdimos la plata del pasaje”
(Hijo de un asesinado en Montería por ordenes de Mancuso)”
DERECHO A SABER… POR LO MENOS LA VERDAD.

Al segundo día de la audiencia, el comandante paramilitar SALVATORE MANCUSO, pidió el aplazamiento de la diligencia porque “no me siento bien emocionalmente y requiero tiempo para documentarme sobre casos concretos”. Y concluyeron dos días sin que apareciera la Verdad, dos días en que fue negado el DERECHO A SABER.

El próximo 15 de enero continuará la audiencia, continuará el espectáculo de la impunidad, la afirmación de la mentira…mientras las víctimas de crímenes de estado, la sociedad afectada por los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 1962 seguiremos afirmando el DERECHO A SABER… POR LO MENOS LA VERDAD.

Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2006
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz