Plan de ocupación y destierro de la familia Durango
Hoy lunes 11 de febrero en horas de la tarde se confirmó el plan de destierro contra la familia Durango, que estaría avalado por dos integrantes de la Junta del Consejo Comunitario de Curvaradó.
El día sábado 9 de febrero, a las 4:00 p.m., tres familias invadieron nuevamente el predio de la familia Durango, en donde constituyeron una Zona de Biodiversidad desde el 9 de julio de 2017 en el territorio colectivo de Curvaradó.
Los ocupantes de mala fe que provienen de otra región del país con autorización del representante legal, Germán Marmolejo, quién evidentemente está definiendo el uso y manejo del territorio, desconociendo los derechos de los habitante tradicionales ya son once familias afectando cerca de seis hectáreas.
El jueves 7 de febrero sobre las 9:00 a.m., a la Zona de Biodiversidad “La Esmeralda”, localidad El Guamo, Territorio Colectivo de Curvaradó, dos hombres motorizados se acercaron a la vivienda de la familia Durango y los intimidaron, exigiendo desalojar el predio antes del martes 12 de febrero.
En seguida los hombres se retiraron del lugar.
Un día antes, el miércoles 6 de febrero a eso de las 10:00 a.m., un integrante del Consejo Comunitario que se encuentra en desacuerdo con los abusos de Germán Marmolejo, informó que el martes 12 de febrero se haría una movilización masiva para invadir el predio de la familia Durango de manera ilegal y otro grupo para destruir su vivienda y lograr sacarlos de la tierra que ancestralmente les pertenece.
Desde el pasado miércoles 7 de noviembre la Zona de Biodiversidad La Esmeralda viene siendo ocupada ilegalmente con consentimiento de Heber Rentería, entre los que se encuentra Juan Pablo Graciano, hermano de Juan Graciano, ocupante de mala fe que fue desalojado por el Ministerio del Interior en cumplimiento de los autos de seguimiento de la sentencia T- 025 de 2004.
Urge una intervención del gobierno a fin de evitar la ocupación ilegal anunciada la que expresa el desbordamiento de las facultades constitucionales que otorga la ley 70 a las Juntas de los Consejos Comunitarios.
Bogotá D.C., 11 de febrero de 2019
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz