Plan de atentado a defensor de derechos humanos y prosigue alimentación a procesos judiciales contra afros

Entre tanto, se conocieron nuevos elementos que indican que continúa armándose una estrategia judicial, fomentada por los empresarios beneficiarios del paramilitarismos, ex militares e integrantes activos de la fuerza publica para que se prive de la libertad a reconocidos líderes de los consejos menores que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Curvaradó y Jiguamiandó.


Un plan criminal para asesinar al defensor de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz, FABIO ARIZA, en desarrollo de la estrategia paramilitar, en el que participarían efectivos regulares de la policía. Uno de esos intentos se frustró por la confusión de los victimarios.El defensor de derechos humanos se vio obligado a abandonar la región donde prestaba sus servicios.

Aparecen en piezas procesales, sin sana crítica y debido proceso, los nombres de LIGIA CHAVERRA, ex representante legal del Consejo Mayor del Curvaradó e integrante del Consejo Menor de Camelias y MANUEL DENIS BLANDÓN, representante legal del Consejo Mayor de la Cuenca del Río Jiguamiandó, MARTHA CECILIA VARGAS y los pobladores WILSON MENA ROMANA, HIMBER AURELIO BARRIOS PUENTES, injustamente detenido en la cárcel modelo de Bogotá; JAIME ROMAÑA PALOMEQUE , ALEJANDRO MARTÍNEZ PIEDRAHITA, FRANCISCO MENA MURILLO, JERÓNIMO VERGARA VERGARA, NELSÓN DE JESÚS GÓMEZ MANCO, injustamente detenido en la cárcel de El Reposo en Apartadó, OVIDIO GONZÁLEZ CABRERA, JUAN BAUTISTA DÍAZ AGAMEZ, fallecido, JHON JAIME ROMANA DENIS, ROBERTO ANTONIO DELGADO MURILLO, WILLINTON CUESTA CÓRDOBA, como integrantes de la guerrilla de las FARC EP, y a quiénes se les pretende vincular como responsables de los crímenes de MANUEL MOYA, GRACIANO BLANDÓN y su hijo.

Se conoce igualmente, que se endilga, sin fundamento fáctico la responsabilidad del triple asesinato al padre JAVIER GIRALDO, ALBERTO FRANCO, ABILIO PEÑA, DANILO RUEDA.
igualmente, se conoció de la amenaza contra LEYDIS TUIRÁN e intimidaciones ZULINDA POLO por parte de los ocupantes de mala fe.
En vez de cumplir con su deber constitucional de proteger la vida, los bienes y la honra, construyen artificios para planear y realizar atentados contra los ciudadanos. Ellos continúan concibiendo como enemigos internos a las comunidades que reclaman en derecho la restitución de los predios que les fueron arrebatados a sangre y fuego, así como, a los organismos de derechos humanos, sus defensoras y defensores.

Para la Comisión de Justicia y Paz, no es de extrañar que los sectores empresariales, beneficiarios del paramilitarismo, esos que proclaman el progreso, estén detrás del apoyo y de la financiación de las campañas de difamación y de actuación jurídica contra derecho, a nivel interno e internacional contra los líderes de las comunidades que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, quiénes con su persistencia han logrado develar el entramado criminal que se oculta detrás de la palma de aceite, la ganadería extensiva y otros agronegocios.

Se ha generado un ambiente de persecución judicial a los líderes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad y las organizaciones de derechos humanos, que ha sido calculada, orquestada, diseñada por los victimarios y por los sectores empresariales que se ven afectados por la reclamaciones de verdad, de justicia y de reparación integral.

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Bogotá, D.C 1 de diciembre de 2010

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz