Zona Humanitaria Nueva Vida

Paramilitares se toman la Zona Humanitaria Nueva Vida

El día de hoy miércoles 18 de diciembre en horas de la mañana pobladores de Cacarica han denunciado el fortalecimiento de las operaciones paramilitares de las AGC en la Zona Humanitaria Nueva Vida.

De acuerdo con los testimonios, en las últimas semanas, a los dos AGC que se encuentran permanentemente en la comunidad hace siete meses, se han sumado otros dos. Los cuatros AGC están vestidos de civil, con armas cortas y radios de comunicación.

Los paramilitares están elaborando un listado casa a casa identificando niños/as y jóvenes para entregarles regalos durante los próximos días. La comunidad se encuentra silenciada y fracturada por esta operación que se ha relacionado a un reclutamiento forzado de jóvenes y niños.

De acuerdo con el reporte recibido hoy en la ciudad de Bogotá los paramilitares cuentan entre 50 y 70 hombres de las AGC vestidos con camuflados y con armas largas en los caseríos de Barranquilla y Santa Lucía ubicados a pocos minutos de la Zona Humanitaria Nueva Vida.

Desde noviembre del 2016 a la fecha, se han elevado numerosas constancias al Estado colombiano denunciando la gravedad de la situación, sin que se hayan adoptado medidas eficaces para generar garantías al uso y goce del territorio a las comunidades de Cacarica, que hoy se encuentran sometidas a este poder armado en medio de la presencia de las fuerzas militares.

Las fuerzas militares han sido incapaces de enfrentar esta estructura, por lo que no se está garantizando el derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación, libre movilización y ni evitando el acoso e intimidación a las mujeres y la iniciación de la vida sexual de muchas niñas.

El Alto Consejo para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, estuvo en una de las Zona Humanitarias de Cacarica asumiendo una serie de compromisos que hasta el día de hoy han tenido nulos resultados.

A pesar de la continuidad y profundización de esta grave situación conocida por la CIDH en desarrollo de reuniones de seguimiento de medidas cautelares, ninguna acción eficaz del Estado colombiano se ha realizado.

La ausencia de respuestas a derechos sociales, económicos, ambientales, por parte del Estado Colombiano es evidente. Las fuerzas militares que aseguran tener control social territorial, continúan sin dar explicación de por qué un grupo armado logra consolidar este poder hegemónico en este el Territorio Colectivo de 103.024 hectáreas. Los pobladores se encuentran en completo estado de zozobra y de desconfianza con las fuerzas militares.

Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2019
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz