Organizaciones del Cauca en la mira judicial
En el día de ayer, miércoles 9 de noviembre fue detenido el defensor de Derechos Humanos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, RODRIGO VARGAS BECERRA, acusado falsamente de portar artefactos explosivos cuando se encontraba acompañando a las comunidades indígenas que se encuentran en la Hacienda “El Japio” en el municipio de Caldono. El defensor de Derechos Humanos es una victima de la estrategia de control, de desprestigio y desarticulación de las organizaciones sociales a través de falsos procesos judiciales. RODRIGO VARGAS ha sido testigo de los graves atropellos cometidos por la Fuerza Pública contra los indígenas que pacíficamente afirman su derecho a la tierra, al territorio en Caldono. Por la protesta se han presentado desde el 12 de octubre hasta hoy un sinnúmero de heridos y esta mañana el asesinato de un indígena BELISARIO CAMAYO GUETOTO.
A la detención de RODRIGO BECERRA, le antecedió la del dirigente MIGUEL FERNANDEZ en la ciudad de Popayán, el pasado 1 de noviembre, bajo los cargos de falsa denuncia y fraude procesal a partir de información del cuestionado Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, usando del aparato justicia se convirtió en el nuevo mecanismo de orientación de las judicializaciones. Ya no se trata de las acusaciones por rebelión o por concierto para delinquir, se trata de desvirtuar las amenazas de muerte y la persecución hechas a líderes sociales, sindicales y populares.
Aunque MIGUEL FERNANDEZ, ayer martes 8 de noviembre, en horas de la noche, fue dejado en libertad, continúa vinculado al falso y al absurdo proceso judicial con una medida de aseguramiento con beneficio de excarcelación.
Desde el 2000 en desarrollo de la implementación de la estrategia paramilitar, la que solo ha sido posible por la complicidad de la 3ra. Brigada y 29 Brigada, se produjeron asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, control poblacional. Las masacres de Pedregosa, La Rejoya y la del Alto Naya fueron la expresión pública de dicha estrategia criminal, a la que se sumaron los asesinatos selectivos entre ellos los de ISAIAS CIFUENTES, y de MAURICIO TOTE. En el marco de la militarización territorial por la política de seguridad se han producido torturas, amenazas, persecuciones y falsas judicializaciones a los pobladores de Santa Rosa, Valencia, San Sebastián, La Vega, Santiago, El Rosal, Toribio, Corinto, Almaguer, Balboa entre otros.
En la ciudad de Popayán en donde la mayoría de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, organizaciones sociales tienen sedes y desarrollan actividades propias de su acción legítima de afirmación de los derechos humanos, sociales, económicos y culturales, se han presentado seguimientos, amenazas. Meses atrás corrían versiones desde las mismas instancias de control y de investigación del Estado de que se desatarían falsos procesos judiciales con testigos falsos y construyendo versiones artificiosas sobre los líderes.
En este escenario los sistemas de prevención del Ministerio del Interior se han ido desmontando, una muestra más de la ausencia de voluntad política para generara reales garantías a los defensores sociales, comunitarios, populares. Muchas de las organizaciones sociales se han visto profundamente afectadas por la acción institucional que minimiza o que desconoce el riesgo que se corre en medio del nuevo momento de la estrategia paramilitar. Se sabe de 70 paramilitares que se han ubicado en barrios de la ciudad de Popayán, entre ellos: San Francisco, Los Campos, Chapinero, Solidaridad, Brisas, San Fernando, Loma de la Virgen, desde donde desarrollan acciones de la mal llamada “limpieza social”, así como de extorsión a comerciantes y de presión a sectores juveniles para su vinculación en redes de cooperantes. Estas estructuras realizan acciones de seguimiento y de patrullaje en medio de la presencia policial.
Igualmente el papel de la Defensoría del Pueblo ha sido opacado con limitaciones financieras.
La situación del líder sindical del Sindicato de Trabajadores de la Salud, Anthoc BERTULFO SOLARTE; del exalcalde indígena de Caldono VICENTE OTERO CHATE, quien se encuentra retenido y judicializado; la de MIGUEL FERNANDEZ, y la de RODRIGO VARGAS, parece expresar el inició de las judicializaciones sobre las organizaciones sociales del Cauca. Este escenario sucede a las detenciones masivas desatadas sobre las comunidades campesinas e indígenas en Corinto, Rosas, Santa Rosa, Toribío. Los falsos procesos judiciales son una aplicación de la política de Seguridad de Uribe, con las que se pretende desvirtuar las profundas causas de desigualdad por la tenencia de la tierra y asegurar en absoluto silencio la privatización territorial en el Departamento de Cauca y el Suroccidente
El sistema judicial en el Cauca continúa mostrando su degradación, su distorsión y su perversión convirtiéndose en un mecanismo de control, de represión, de destrucción de los procesos organizativos y sociales, mientras encubre en la impunidad a las estructuras criminales en la nueva fase paraestatal y militarización del suroccidente.
Reproducimos las comunicaciones de organizaciones comunitarias, sociales y de derechos humanos del Cauca
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, SINDICALES Y POPULARES DEL CAUCA COMUNICAMOS A LA OPINIÓN PUBLICA
1. Que la política de seguridad democrática fracasó en cumplir su deber estatal de brindar garantías a los colombianos en la defensa de sus derechos humanos, mucho menos a los de lideres sociales y sindicales, ello se expresa en las detenciones arbitrarias y masivas y los posteriores fallos de inocencia sin restablecer ni responder por el buen nombre de los dirigentes, más bien aumentando sus riesgos y amenazas. Esto manifiesta la nefasta política de aniquilar o desvertebarar las organizaciones sociales y sindicales o toda forma de oposición al actual Gobierno.
2. En el mismo marco de la política de seguridad democrática se han prostituido los mecanismos y organismos de inteligencia del Estado, parcializando sus acciones con montajes premeditados contra lideres de organizaciones sociales o sindicales para afectar su credibilidad, legitimidad y propuesta alternativa social por oponerse al régimen actual del Presidente Uribe, que exige resultados de seguridad democrática a costa de mayores violaciones de los derechos humanos y los debidos procesos.Ejemplo de esta política en el Cauca son los múltiples casos de detenciones masivas, la del Exalcalde Indígena Vicente Otero Chate, la del líder sindical Bertulfo Solarte responsable de DDHH de Anthoc, y ahora la de Miguel Fernández, entre otros.
3. El pueblo colombiano y las organizaciones sociales y sindicales condenamos el ensañamiento de organismos de inteligencia como el DAS, más aun cuando su credibilidad está erosionada por las denuncias de infiltración del paramilitarismo. En su urgencia para entregar resultados, como en el caso del Director del DAS seccional Atlántico, se presentan inteligencias y montajes. En el Cauca, el director del DAS, Hugo Danney Ortiz, manifiesta directamente dicha política de desvertebrar las organizaciones, los casos anteriores y lo ocurrido con Miguel Fernández así lo demuestran.
4. El día 1ro de Noviembre del presente a las 10:15 AM fue detenido arbitrariamente en las instalaciones de la Subdirectiva CUT Cauca el defensor de DDHH Y líder social y sindical, Presidente de la CUT Miguel Alberto Fernández Orozco.
5. Lo que está sucediendo en el Cauca y Colombia, y lo expresado evidencian, que no existen las garantías para la propuesta y el ejercicio de las organizaciones sindicales y sociales, sus comunidades y dirigentes, ni para la vigencia de sus derechos humanos. Los que por mandato constitucional están instaurados para defendernos y garantizar nuestros derechos nos persiguen y encarcelan con montajes.
6. Por la actual situación las organizaciones sociales, populares y sindicales declaramos secuestrados políticos a nuestros líderes arbitrariamente detenidos por el Gobierno, entre ellos, Vicente Otero y Miguel Fernández. Igualmente desconocemos y nos declaramos en desobediencia frente a las acciones y procedimientos del DAS en el Cauca, por las arbitrariedades anteriormente mencionadas.
7. Convocamos a las organizaciones sociales y sindicales nacionales e internacionales, a los defensores de derechos humanos y a la comunidad en general a expresarse contra la injusticia, terrorismo e impunidad del Estado, a la solidaridad y movilización activa, en defensa de la vida y la libertad de las comunidades, organizaciones populares y de sus dirigentes.
FIRMADO ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES DEL CAUCA:
SUBDIRCTIVA CUT CAUCA Y SINDICATOS FILIALES, ASOINCA, ANTHOC, SINDESENA, SINTRABECOLICAS, SINTRENAL, CIMA, CRIC, VENDORES AMBULANTES, ESTUDIANTES UNICAUCA, MINGA, MOVIMIENTO CAMPESINO DE CAJIBIO, USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS, ANUC UR, CRISTIANOS DEL CAUCA, ANDAS CAUCA, ASI, INDEPAZ, ASOCOMUNAL LA VEGA, FENSUAGRO, JUSTICIA Y PAZ.