Organizaciones de Putumayo denuncian incumplientos en erradicación voluntaria

30 de enero de 2019

Asociación campesina del sur oriente del putumayo ACSOMAYO.

Corregimiento Puerto Vega municipio de Puerto Asís Putumayo Colombia.

Comunicado a la institucionalidad local, departamental, nacional y  la comunidad internacional.

Damos a conocer el siguiente contexto.

Manifestamos que al menos unas 650 familias de las comunidades ALTO SANTAMARIA, PUERTO NUEVO, MEDELLIN, LA PAZ, LA PALMERA,SANTA MARIA MEDIO, REMOLINO, VILLA VICTORIA,LA GERMANIA, LA PAILA Y LAS MALVINAS. Se encuentran en desacuerdo por la erradicación manual forzada lo cual estas comunidades se encuentran en asamblea permanente desde el pasado domingo 27 de enero del 2019

Manifestamos que un gran número de  familias de estas comunidades están movilizadas pacíficamente  al interior de sus comunidades en asamblea permanente, por la intervención de erradicación forzada en las comunidades. Estas familias la mayoría son de las comunidades de zonas apartadas donde la presencia del Estado hasta el momento no ha llegado ni con inversión social, productiva, ni de infraestructura vial, lo cual hace muy difícil que  se pueda garantizar la producción y comercialización de los productos  agrícolas, para la sostenibilidad económica productiva que solvente  el bienestar de las  familias.Por ello, estas familias están  inmersas al  sostenimiento económico sobre la base de una economía  ilícita como lo que significa el cultivar las plantaciones de hoja de coca, dado a este flagelo estas familias manifiestan no ver tenido las garantías reales para suscribir el acuerdo de sustitución voluntaria que se llevó a cabo con gobierno nacional en el año 2018, estas familias  reconocen los acuerdos de sustitución voluntaria  en el departamento del Putumayo pero manifiestan que para ellos no hubieron las garantías suficientes para entrar la totalidad de las familias a este programa, pero también hay un gran antecedente, manifiestan las familias que si se acogieron a dicho programa denominado PENIS que gobierno nacional no les está cumpliendo a cabalidad con lo acordado y pactado en esa firma, que muchas familias que creyeron en el gobierno nacional y erradicaron voluntariamente hoy están padeciendo  múltiples necesidades, como de educación para sus hijos, que ya se empieza  aguantar  hambre y enfermedades por que los acuerdos han ido dilatándose cada día  mas, que lo más  mínimo que eran brindar brigadas médicas para atender las familias luego del levantamiento voluntario no se ha hecho, menos los planes comunitarios y ni que decir de los proyectos productivos y de  la reconversión económica. De esta manera en estos momentos estas familias tanto los firmantes y los que por falta de garantías no firmaron hoy están siendo objeto de un atropello económico integral, que si las instituciones locales departamentales y el gobierno nacional no atiende esta problemática,  esto puede desembocar en fuertes desplazamientos masivos hacia las cabeceras municipales, o las comunidades en su desespero se podrían levantar en una gran oleada de protesta y movilización social si el gobierno no atiende esta realidad del sentir de las comunidades campesinas, por lo que hasta el momento por la poca economía descendiente de alguna manera de las plantaciones de hoja de  coca medianamente se dinamiza la economía y existe una  solvencia economía directa e indirecta en todas  las familias y la comunidad en general que está siendo marginada y empobrecida por la falta de atención del Estado colombiano. Entonces qué va a suceder una vez más todas las familias en su totalidad queden erradicada o haya cero plantaciones de hoja de coca, si bien reconocemos la ilegalidad económica del sustento de  estas familias, también sabemos de las carencias y deficiencia de los medios de producción agraria en estas comunidades y el campo, por tanto manifestamos, que  es con el interés real del gobierno nacional para que entonces estas familias puedan definitivamente, más que sustituir las plantaciones de coca también puedan sustituir y erradicar  la pobreza extrema y las necesidades más sentidas en sus comunidades, y así entonces aportarle para alcanzar la paz justa y verdadera para nuestros campesinos,  es por esto que  le exigimos al gobierno nacional que  se preocupe por activar de manera contundente la producción agrícola con todas las garantías reales en las comunidades para la dignificación humana  y el buen vivir de las familias y comunidades campesinas en general. De no ser así siempre el campesinado seguirá siendo esclavo de esta economía cocalera obligatoriamente por supervivencia y  cada día engrandeciendo más  los grandes eslabones del narcotráfico y estimulando más los contratos de erradicación forzada, haciéndose criminalizar para poderle llevar el pan de cada día a sus familias.

Por esta cruda realidad que padecen nuestras comunidades al menos unas 650 familias de varias comunidades exigen lo siguiente:

1. Que el gobierno nacional departamental y local y demás instituciones, atiendan y escuchen las peticiones de las familias que por la erradicación forzada van a quedar desamparadas de cualquier posibilidad económica y que se garantice el no desplazamiento.
2. Que el gobierno nacional suspenda la erradicación manual forzada en las comunidades mientras no avance con contundencia y eficacia y de manera integral en la implementación de los acuerdos regionales  pactados con los campesinos, fruto de los acuerdos de paz con las FARC Y GOBIERNO NACIONAL en la Habana Cuba, a lo que se denomina como PENIS.
3. Cumplimiento a lo ya pactado con las familias campesinas y se establezcan nuevas coberturas para que nuevas familias puedan entrar voluntariamente con mayor conocimiento al mismo programa de PENIS ya que esto debe ser una política de Estado y una alternativa para erradicar los cultivos de hoja de coca y no se puede calificar como una sola opción que solo posibilito la entrada al programa una sola vez como si la paz se la construyera en una sola opción y en un solo mes.
4. Respeto por parte de la fuerza pública hacia las familias campesinas intervenidas que por las necesidades y pobreza extrema aun se mantienen con estas plantaciones ilícitas de coca.
5. Desmonte de las fuerzas de policía del ESMAT para las prácticas de erradicación forzada en las comunidades campesinas para no generar pánico ni intervención de la fuerza absurda en las familias campesinas humildes.
6. Hacemos un llamado a la defensoría del pueblo local y regional y demás entidades defensoras de derechos humanos para que puedan revisar las condiciones de las comunidades en materia de derechos humanos y poder minimizar cualquier vulneración con relación a los mismos.

Por la unidad y la defensa de la vida en nuestro territorio la asociación campesina del sur oriente de Putumayo ACSOMAYO se solidariza con estas familias y comunidades y se pronuncia contundentemente y apoya las movilizaciones campesinas.

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