Operaciones neoparamilitares de las AGC y hostigamientos a reclamantes de tierra
El lunes 26 de marzo a las 2.00 p.m., 80 neoparamilitares de las AGC en el paraje Costa Azul, en la vía que comunica a Pavarandó con Llano Rico, manifestaron a varios lugareños que iban a ejecutar “sapos”, “viciosos” y “violadores”.
El martes 27 de marzo a eso de la 1.00 p.m., el grupo de 80 AGC obligaron a los pobladores a realizar una reunión en el lugar conocido como la Laguna, territorio colectivo de Jiguamiandó, a integrantes de los concejos locales de Arrastradero y el Vergel. Los armados afirmaron que ellos iban a restituir las tierras; indicaron que los que hubieran vendido no se les iba a devolver. Agregaron que debían dejar trabajar a los empresarios Darío Montoya, William Ramírez y Antonio Lopera, “esa gente es de bien, beneficia a la zona”, “traen el desarrollo”.
Señalaron que ellos están “mamados” que apenas pasan por una comunidad, los están denunciando con el gobierno en Bogotá, y que, si sabían quién entregaba la información sería declarado objetivo militar: “a esos sapos los vamos a matar”.
El miércoles 28 de marzo, a eso de las 4.00 p.m. integrantes de las AGC en dos motocicletas bajaron a dos civiles en el punto que conduce a la finca de La Rueda, allí los amarraron de las manos, los golpearon, los amenazaron y los condujeron por el camino de la propiedad conocida como La Esmeralda. Se desconoce lo que sucedió con las dos personas.
A pesar de la activación de alertas, la vulnerabilidad en que se encuentran las comunidades que reclaman el legítimo derecho a la tierra ordenada por la Corte Constitucional hace 10 años, es evidente.
Las estructuras armadas ilegales de las AGC, que continúan operando en lugares donde hay presencia policial y militar, indican o la tolerancia o la ineficacia de la fuerza pública, y la capacidad de estas de constituirse como la autoridad real para realizar una devolución de tierras que asegura la tierra a beneficiarios del despojo paramilitar del 96 consentido con la brigada 17, ante la ausencia de diligencia del poder ejecutivo a actuar conforme al derecho
Bogotá, D.C., 29 de marzo de 2018
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz