Negacionismo y Perversión, las “auras de felicidad” de
Es el momento justo, es el tiempo preciso. Es el tiempo de la ética. Es el tiempo de la sensibilidad y la razón humana. Desde la muerte violenta, desde la muerte en interrogantes, desde el ausente esclarecimiento, cuando la verdad es el disfraz de los que mienten para proteger su perversión. Cuando la verdad es el juego de palabras en la institucionalización del crimen estatal, la verdad es necesaria como principio de distinción, de oposición y de contradicción. Es necesario saber. Es prioritario conocer en que circunstancias murieron los diputados, en qué lugar ocurrieron los hechos. Si hubo o no ejecución sumaria. Si hubo o no enfrentamientos. Si hubo con quiénes. Si las operaciones militares en Cauca, Nariño, Valle adelantadas por las Fuerzas Militares antecedieron o se desarrollaron como actuaciones de rescate militar previas al desenlace fatídico. Una condición fundamental para la verdad, es la decisión y la actuación coherente para la entrega de los restos de los diputados.
Una y miles de voces, de foros, de encuentros como al que se refiere Carlos Alberto Ruiz, en su artículo Negacionismo y Perversión, “las auras de felicidad de Uribe”, realizado en Oviedo, Asturias, han abogado por la necesidad de Acuerdos Humanitarios o Intercambios Humanitarios. En este, espacio de encuentro y discusión, por ejemplo, se concluyó con claridad que ningún acto violento puede ni debe impedir la búsqueda de lo humanitario. Se está en la guerra, en el conflicto armado interno, de esa realidad emana la posibilidad de su humanización, de sus límites y de la necesidad de su solución.
Frente a los trágica muerte de los 11 políticos de la Asamblea del Valle, la terquedad, la mentira y la atribución de responsabilidades al otro, las guerrillas, para esquivar, ocultar y tergiversar las propias es evidente. Ante el dolor que embarga a las 11 familias, Uribe continúa sosteniendo el rescate militar, se niega a aceptar el apoyo de los llamados países amigos, España, Suiza, Francia. La actuación por razones éticas del Estado no niegan las responsabilidades de la guerrilla. En un Estado de Derecho, las actuaciones se sustentan más allá del simple pragmatismo y del uso de la fuerza por la armonía entre el Derecho y la ética, entre la política y lo humano.
La historia muestra que las respuestas militares han sido equívocas, el negacionismo, al que se refiere Ruiz, obsesión uribista, que militariza la cotidianidad, expresión de la reingeniería de las lógicas paramilitares y negación del conflicto armado muestran que no son el camino del Estado de Derecho que se dice defender bajo la seguridad “democrática”. Cuando se trata de la vida humana y de la libertad, existen posibilidades que contemplan el derecho y la ética.
Las salidas militares al drama de la retención, del secuestro o de los prisioneros de guerra, en cualquiera de sus acepciones o formas de nombrarlo, no ha sido el camino posible ni útil. Las vidas humanas cegadas por las acciones militares de rescate han colocado en alto riesgo a las víctimas, cuando están han sido exitosas, pero en muchas ocasiones le ha significado la muerte a las víctimas y no solamente a los captores. Hoy se debería recordar lo que significó la negación del diálogo en noviembre de 1.985 cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. 11 trabajadores de la cafetería desaparecidos, previa tortura en la casa del Florero y en instalaciones militares; y la muerte violenta la suerte de los más de 100 personas, entre ellos varios Magistrados de las Altas Cortes del Estado, a más del exterminio de todo el comando guerrillero. No hubo posibilidad siquiera del juicio, todo fue extrajudicial, como ha sido parte del formal Estado de Derecho en Colombia. Es la misma suerte corrida por el ex Gobernador de Antioquia Anibal Correa y su asesor de paz en Antioquia. La suerte no siempre es la del actual canciller Araujo ni la del policía Pinchao, que sustentan la cruzada militarista de Uribe.
La autoridad, que se ufana de ser tal, debe serlo en coherencia por sus actos como comprensión de lo conflictivo, como expresión de lo inconsistente en el interior de la organización de gobierno y de dirección del Estado. A la acción violenta que se declara rebelde, a los límites que ella se impone y que ellas asume en la tradición del Derecho, como ética de lo alternativo y el derecho humanitario, le corresponde dar respuesta de sus responsabilidades, y al Estado dar respuesta desde la ética del derecho para hacer lo posible y lo útil para lograr la vida y la libertad. Y esa autoridad pasa por el resorte ético de la verdad, que lejos se encuentra de este gobierno.
En el artículo “Los 11 del Patíbulo”, Ramiro Bejarano, respecto al gobierno expresó que “ello no absuelve al Gobierno ni al presidente, menos después del confuso comunicado, salpicado de argumentaciones tinterillescas, cuyos 18 puntos nada aclararon”. Terminando en decir, que hoy “todo obedece a la necesidad que tiene el país de saber la verdad, la cual nos quedaron debiendo, como en Guaitarilla, Cajamarca, Jamundí, donde el Presidente dijo una cosa y las investigaciones lo desmintieron”.
La verdad respecto a estos hechos trágicos y dolorosos es necesaria y fundamental. Esta parte en primer lugar, de una consideración humanitaria, el derecho de las familias a enterrar a sus muertos, de elaborar su doloroso pasaje en este momento de la vida familiar. Este, como lo expresan las FARC EP, es también su propósito y deseo. Pero igual, el gobierno dice que desea realizarlo pero con operaciones militares.
Matta plantea en “Después de la tragedia, que no anide la indeferencia” la necesidad imperiosa de que las partes cesen el ambiente de confrontación de modo, que sea posible el rescate de los restos de los 11 diputados. “Es de lógica elemental que habrá que mermar el ambiente de confrontación, congelando operaciones militares, tanto guerrilleras como del gobierno, al menos en el área donde se señale están los Diputados muertos. Es necesario verificar por un término de horas o días un área desmilitarizada, en la que no haya riesgo para los miembros de la comisión que recibirá los restos mortales. Un escenario así, puede garantizar que se traduzca en realidad la promesa que hiciera Raúl Reyes, en carta dirigida al exministro Álvaro Leyva, y a la señora Fabiola Perdomo, viuda del Diputado Juan Carlos Narváez, en la que el jefe guerrillero ofrece “esfuerzos pertinentes para coordinar con el Comando Conjunto la pronta entrega de los despojos mortales a los dolientes”.
En segundo, lugar se trata luego de asegurar el procedimiento independiente, imparcial, que no genere sospecha en ninguna de las partes para esclarecer los dolorosos hechos. Sea este la Comisión de Encuesta o un Mecanismo de expertos y de personalidades de talante moral, lejos de todo cuestionamiento.
El punto de partida, de estas deben propiciar el desarrollo de mecanismos que no solo interpelen si no apelen al diálogo para la creación de condiciones humanitarias, como lo apunta Ruiz, “si se le quiere interpelar a la guerrilla ética y políticamente por sus acciones, por este último y desgarrador hecho, por ejemplo, debe realizarse tal requerimiento no sólo reconociendo puntuales capacidades de diálogo, sino la propia entraña ético-política, pues están postulados por la insurgencia unos valores, que son justamente los que, en este momento y siempre, hay que enseñarle como despreciados o en entredicho cuando sus propias prácticas dicen lo contrario”. Esto significa una ruptura adicional del negacionismo, que se expresó en París, en la celebración de la misa por los 11 diputados muertos, por el sacerdote RAMIREZ, en los siguientes términos: “Negar la situación que vivimos, la de la guerra, es el primer obstáculo que tenemos que asumir para solucionar el conflicto armado y lograr la libertad de los secuestrados o retenidos. Mientras el Gobierno Colombiano se niegue a reconocer el conflicto armado interno, ninguna salida negociada será posible”. O que el Presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro volvió a reiterar, es necesario reconocer que existe un conflicto armado interno.
Pero es claro, que Uribe no es Samper ni Pastrana. Estos despejaron o entregaron áreas para la devolución de policías y soldados en poder de las FARC. Aunque evidentemente propiciaron el desarrollo de la estrategia y técnica paramilitar, como parte de la tradición omisiva, temerosa, silenciosa, tolerante propiciaron la asunción de esa dinámica en la comprensión del tipo de Estado y sociedad, que hoy se desarrolla en Colombia. Aceptaron la existencia de un conflicto armado interno, y desde allí tomaron la decisión de los despejes temporales y parciales. Hoy la actitud es distinta. El talante autoritario y el tipo de Estado en consolidación en el proyecto de Estado que expresa Uribe hace remota esa posibilidad. Como lo expresa Molano, en el “Terror en la guerra”: “tanto las Farc como el Eln buscan ser tratados por el Gobierno como rebeldes y entrar a definir un Acuerdo Humanitario. En el fondo se trata de un asunto político y no militar”
Queda a los países que se refirieron a la propuesta de la Comisión de Encuesta en sostenerse en la misma, como un punto de partida para las posibilidades de la construcción de lo humanitario y de la verdad sobre la muerte de los 11 diputados. O de la sociedad indignada, capaz de incidir y formular la creación de un mecanismo con características éticas, desde el no de poder, con expertos, capaz de abrir un espacio a la verdad, al esclarecimiento de lo ocurrido, al espacio humanitario para enterrar los muertos, y en el mediano plazo a la posibilidad del Acuerdo Humanitario, que la mayoría exige y reclama. Todo será inútil sin la reiteración y la disposición de las partes.
Todo puede ser una quimera, si las razones éticas se dejan de lado para evadir las acciones necesarias de carácter humanitario, y las responsabilidades propias en los funestos hechos. La guerra existe, es necesario reconocerlo, y la espiral de la guerra seguirá su curso, sin la posibilidad mínima de humanizarlo, sin la posibilidad de asumir sus causas y las razones de fondo que fundamentan la violencia rebelde. Si se continúan negando las condiciones para la posibilidad de la vida con dignidad de todas y de todos, seguiremos condenados a navegar en los ríos de sangre, de mentira que se expresa en la refundación del Estado de hecho diseñado desde hace 7 años en Santafe de Ralito. Un Estado cimentado en la criminalidad, en la impunidad. No todo vale. Apelamos a la ética.
ADJUNTOS ARTICULOS SOBRE LA MUERTE VIOLENTA DE LOS 11 DIPUTADOS
Negacionismo y Perversión, las “auras de felicidad” de Uribe, Carlos A Ruiz
Después de la tragedia, que no anide la indiferencia. Luis Matta
Homilía París 1 de julio. Padre Henry Ramirez
Los 11 del patíbulo. Ramiro Bejarano
El Terror de la Guerra, Alfredo Molano
Negacionismo y Perversión, las “auras de felicidad” de Uribe
Carlos Alberto Ruiz
Ex Asesor, Comisión Gubernamental para la Humanización del Conflicto, Colombia
El negacionismo que el gobierno Uribe ha puesto en práctica nos ofrece nuevas y aterradoras pruebas, aparte de la ya demostrada obsesión mantenida durante largos años, que desembocó en la situación cuyos detalles desconocemos, aunque su terrible resultado tenemos ante nuestras conciencias: la muerte el pasado 18 de junio de los once diputados del Valle de Cauca que estaban, de hecho y jurídicamente, en poder y bajo la obligación de protección de las FARC, movimiento insurgente que les había privado de su libertad hace cinco años.
Esta organización guerrillera debe a las familias de los diputados y al pueblo colombiano una clara y cabal explicación de qué fue lo que sucedió. Debe hacerlo con entereza y coherencia. Le corresponde, siendo como es y se reclama: una parte fundamental del conflicto político armado, configurado a lo largo de estas cuatro décadas, en las que este hecho tan doloroso es apenas uno de cientos y miles sobre los cuales existe el pleno derecho a saber, de las víctimas y de la población en general, por afrontar las consecuencias más funestas.
Ese derecho a la verdad no debe separarse nunca del derecho a cultivar la inteligencia y la ética recabando la verdad acerca del conflicto. Uribe de raíz niega esa verdad, sobre las causas, los contextos y las derivaciones, una de ellas la misma doctrina que un régimen ha concebido y ha renovado para imponer su mortífera fuerza, dentro o fuera de su propia ley. Por eso, al igual que los seguidores del nazismo y de otros totalitarismos que han negado crímenes de lesa humanidad, Uribe se empeña en negar el conflicto en Colombia, o sea se propone afincar el negacionismo, para:
ocultar ese pensamiento de seguridad y sus reciclajes en el que se han alimentado y sostenido en la impunidad las acciones sistemáticas de guerra sucia contra la población, usando el paramilitarismo entre otros instrumentos;
encubrir la responsabilidad de quienes se han beneficiado del conflicto, ordenando el asesinato y el despojo, rentabilizando la rapiña de mil formas, que de mil formas ha normalizado tal crimen de Estado;
rechazar el origen y el carácter social y político del conflicto, a fin de no intervenir sobre la naturaleza misma de la guerra, como confrontación surgida de causas históricas relacionadas con la crueldad del modelo económico, la exclusión social, la persecución política y el estado de sumisión a poderes neo-coloniales;
impugnar recalcitrantemente que normas humanitarias y de regulación del conflicto sean aplicables, pues van en contravía de las líneas bélicas y belicosas (de Uribe), como la de vincular todavía más a la población civil a su plan de guerra (cuando la propia legislación del Estado colombiano ha reconocido en parte la valía del derecho de los conflictos armados o humanitario);
objetar que sus oponentes armados son organizaciones políticas, tanto para refutar que tengan un proyecto determinado de sociedad y por lo tanto una propuesta de cara a una solución negociada al conflicto, como para prohibir que se les trate así, como interlocutores políticos, por la población y por terceros, bien dentro de Colombia, como por fuera: gobiernos, instituciones internacionales, redes globales, intelectuales, entes humanitarios, etc.
Este ha sido un gran equívoco en el que muchos han caído en estos años: creer que al anular en la letra los atributos políticos de la guerrilla, y pasar a llamarle terrorista, se está construyendo una sólida perspectiva de salida al largo conflicto armado y político. Tal calificación, que soslaya y fundamenta más crímenes e impunidades, la conocemos en el ámbito de los centros poderosos, como propia de una política internacional estadounidense y europea que no sólo aviva el fuego, sino que se contradice con sus propios enunciados realistas descendiendo al más presuntuoso oscurantismo. De esta misma matriz es lo que EU y la UE fijan respecto de Hamás en Palestina.
En la realidad no sólo los hechos corroboran la condición política de la insurgencia, sino que es la propia realidad la que guía y obliga: si se le quiere interpelar a la guerrilla ética y políticamente por sus acciones, por este último y desgarrador hecho, por ejemplo, debe realizarse tal requerimiento no sólo reconociendo puntuales capacidades de diálogo, sino la propia entraña ético-política, pues están postulados por la insurgencia unos valores, que son justamente los que, en este momento y siempre, hay que enseñarle como despreciados o en entredicho cuando sus propias prácticas dicen lo contrario.
Tal diálogo desde el realismo que debe invocar el idealismo de la paz construida con la justicia social, que no aborta la realidad sino que la cimienta con sentidos, supone estar habilitado, no cerrando las puertas que luego la parte misma que niega debe forzadamente abrir, aparte de que para ello sería adecuado arribar con algún talante presentable, como el que se tendría en caso de no estar haciendo lo mismo en otra parte del mundo, por ejemplo la OTAN en Afganistán, donde mata semanalmente a civiles pobres, como en días pasados y desde hace años.
Tras lo sucedido con los once diputados inmolados, y no antes, un corto pero importante paso fue avanzado la semana pasada: los gobiernos de Francia, España y Suiza, propusieron a Uribe acudir a la Comisión de Encuesta, que es un organismo que el derecho de los conflictos armados prevé para investigar situaciones de infracción grave en una guerra con espantosas causas y consecuencias como la colombiana. Pero Uribe y sus asesores, como el reincidente José Obdulio Gaviria, dicen que no, pues ello supone reconocer un conflicto y una parte política en la oposición armada. Al aceptar esa propuesta, es cierto, gran parte del andamiaje totalitario que Uribe ha cualificado, empezaría a derrumbarse. Dice no en congruencia con su perversión, para que el negacionismo lo inunde todo y cristalice su tarea de muerte e impunidad. Aparece así como la condición sine quo non de la larga “solución final” que promete consumar. Las correspondencias con el embrión nazi no son casualidad. Ni son ficción alguna los muertos que tal obcecación produce y producirá.
Uno de los muertos recientes de una confrontación política y armada que se degrada, es el hermano de Ángela Giraldo, Gestora de Paz del Valle del Cauca, que en Asturias, España, en octubre de 2006 compartió con algunos de nosotros la situación de angustia y sufrimiento de los familiares de los diputados. Comprendimos su tormento, pues también allí se habló con la sensibilidad de miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, dolientes de otras tragedias a las que Uribe también ha dado la espalda, como los detenidos-desaparecidos. El día 20 de ese mes tras el estallido de un carro bomba en Bogotá, Uribe volvió a ordenar sin miramientos el rescate militar de las personas retenidas por la guerrilla. Quienes compartimos mesa de ponentes con Ángela, sentimos la desolación que causaba una decisión tan brutal, y los efectos que tendría tarde o temprano. La huída del actual canciller colombiano Araujo y del policía Pinchao envalentonó a Uribe.
Si el rescate militar hubiese sido un éxito, Uribe lo reclamaría como suyo. Si era un fracaso, negaría, que es lo que sabe hacer: negar. Ángela estaba de nuevo en Europa en encuentros para un Acuerdo Humanitario, cuando le ha llegado la noticia de la muerte de su hermano, en un conflicto que Uribe niega y en el que da órdenes de muerte. A Ángela y a los demás familiares de los diputados queda acompañarles con sinceridad, respeto y solidaridad.
Con ella y otras personas implicadas en la búsqueda de una paz con justicia, y específicamente en acuerdos para regular la confrontación, se suscribió la Declaración de Oviedo.
En los puntos cuarto y quinto de ésta se expresó:
“Urge humanizar el conflicto y para ello el primer paso es que de forma inmediata se produzca el intercambio humanitario. Ningún acto violento por parte de los dos actores enfrentados debe ser un obstáculo ni justificación para dilatar e impedir su realización.
Rechazamos cualquier tipo de acción militar que ponga en peligro la vida de las personas privadas de libertad
Hacemos un llamamiento a las partes a que den los pasos necesarios para posibilitar el intercambio humanitario que también puede abrir la puerta para acuerdos humanitarios más amplios que tengan como base el respeto integral al DI.
– La comunidad internacional, los gobiernos europeos, deben implicarse en el acompañamiento coherente en la búsqueda de la humanización del conflicto y de la solución política al mismo, y no intervenir bajo ningún concepto en alimentar la espiral de la violencia que supondría un mayor sufrimiento de la población”.
España, Francia y Suiza no pueden recular tras lo dicho. La Comisión de Encuesta prevista en el artículo 90 del Primer Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, en medio de las lagunas del derecho convencional, es un medio aplicable en el caso colombiano, como la Comisión misma lo ha admitido, a condición de contar con el consenso de las partes contendientes. Y puede ser no sólo in casu, sino para más cuestiones y necesidades que rebosa esta fatídica historia, colmada de negaciones que reproducen la muerte. Y es obligación de la llamada sociedad civil, colombiana y europea, presionar para que aquellos gobiernos mantengan en alto y vigorosamente esa iniciativa y sea aceptada.
Las FARC deben también responder con transparencia a esta concreta demanda, sin más evasiones y evasivas. Y más en general deben dar a conocer al mundo y sustentar sobre qué principios han actuado y actuarán, si es que persisten con convicción de humanidad y no renuncian a su opción de lucha. Así sean precarias sus bases, deben discernir lo que el jurista defensor de rebeldes, Eduardo Umaña, denominó como juridicidad: las consideraciones y procedimientos que ha gestado y formula la insurgencia como parte de un proyecto de cambio de la sociedad en tal historia y contexto de confrontación. Porque si hay razones para la rebelión, cualquiera sea, hay límites de ésta que le dan justamente su valor moral, como Albert Camus lo expuso brillantemente.
En Oviedo, precisamente, pudimos recordar en el Encuentro aludido, que en otro tiempo el FMLN de El Salvador, entre otras insurgencias, dio a conocer unas normas propias, sobre sus métodos, medios y fines del combate a un sistema oprobioso. Las FARC deben sin más demora hacer explícito y público, en tanto resorte de una eticidad, el conjunto de reglas básicas que asumen, comenzando por las suyas, que le comprometen de plano y sobre las que puede establecerse un mínimo juicio.
No debería contribuir a la barbarie que el negacionismo de Uribe resguarda, ni aumentar la distorsión de la realidad, ya suficientemente desfigurada por palabras como las arrojadas por el Senador Petro, del Polo Democrático, quien, con otros de su agrupación, ya no sólo condena la disensión armada, sino que se ha referido a las FARC una y otra vez como “los khemeres rojos de Camboya bajo el régimen de Pol Pot”, señalando que esta organización alzada en armas vive un proceso de polpotización. Ese no es, o no puede ser, el relato y el testimonio de la rebeldía, cuya lucidez nace de los límites infranqueables, sin menoscabar con ello el derecho y la libertad de luchar, pese al cerco y a la derrota. Las FARC no pueden mirar más para otro lado, ni calcar el cinismo de su enemigo, pues como organización que se dice revolucionaria no puede ser más indolente ni causar más daño indiscriminadamente, a ciudadanos comunes, no poderosos, mientras en un país, de hambre y a la venta, los corruptos y asesinos se pasean en plena libertad para sus negocios.
Queda recordar al menos una bandera que la dignidad y la indignación que nacen de la verdad oponen a la perversión que nace del negacionismo: la que impotente ante los ciegos blindajes de las arrogancias, es agitada por quienes sufren los agravios, las ausencias, las mentiras, las iniquidades y la carga de los errores fatales. Esa bandera tiroteada, en las manos de quienes se duelen por las injusticias, será también con la que se are y siembre de memoria un futuro sin la ignominia de la tiranía:
“Señores Generales, señor Ministro, objetivo: ¡A la carga contra lo que nos queda de criminales!… Señor General Ballesteros: la Fuerza Aérea, la semana pasada, dio una noticia muy importante de la eficacia de sus operativos. No apague esos aviones, rellénelos de gasolina sin apagarlos, manténgalos bombardeando al terrorismo, para que puedan llegar auras de felicidad a las nuevas generaciones de colombianos”. Discurso de Álvaro Uribe Vélez. 25 de junio de 2007. Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional.
Después de la tragedia que no anide la indiferencia
Luis Alberto Matta
Junio 30 de 2001
Aún, siendo las FARC responsables del cautiverio de los 11 diputados, es el gobierno quien debe asumir las consecuencias de lo que se evidencia, fue un desafortunado intento de rescate a sangre y fuego, ejecutado por fuerzas del Estado, muy temprano en la mañana del 18 de Junio de 2007.
Al amanecer de ese fatídico lunes, según consta en los archivos del diario El Tiempo de Bogotá, “un grupo especial de la infantería de Marina y la Fuerza Aérea dio de baja a Milton Sierra Gómez, alias ‘J J’ que opera en Buenaventura y Cali”.
A las 2:30 de la tarde del mismo 18 de Junio, sorpresivamente el vicealmirante Edgard Celi Núñez, jefe de operaciones navales de occidente, con jurisdicción sobre el litoral colombiano del océano Pacífico, anunció a través de las emisiones regionales de Radio Caracol y radio sucesos RCN, según confirmé en los archivos de audio, que el líder guerrillero habría sido abatido: “Decimos presuntamente porque en la operación infortunadamente no pudimos recuperar el cadáver, pero tenemos información de diversas fuentes de inteligencia que nos confirman la muerte de este individuo”.
La misma información fue textualmente ratificada en la edición del martes 19 de junio en El País de la ciudad de Cali, el más importante diario del suroccidente colombiano. Pero esta vez, el vicealmirante Núñez agregó: “En la operación también fueron destruidos dos campamentos en la parte alta del río Cajambre, en jurisdicción de la población del Barco, limites con el departamento del Cauca”.
Para ampliar el “exitoso resultado” de las operaciones militares, El País publicó en la edición de ese martes, un amplio perfil sobre la vida del insurgente en mención, en la cual, otro militar, esta vez el coronel Héctor Pachón, comandante de la Brigada Fluvial de Infantería, acusa a ‘J J’, de haber liderado la retención de los 11 Diputados. ¿Por qué esta mención? ¿Qué sabía el coronel Pachón? ¿Qué ocultó la unidad de inteligencia de la Tercera Brigada del Ejército?
En los dos días siguientes, sucesivas explosiones afectaron fundamentalmente a civiles en pleno casco urbano de Buenaventura. Todas fueron adjudicadas por los organismos de seguridad a las FARC, pese a que un pronunciamiento de las milicias urbanas de esta guerrilla, silenciado por los medios locales, había condenado los hechos y se solidarizaba con las víctimas. Parece que abundan los secretos y la confusión en el empobrecido puerto marítimo.
Según mis fuentes locales, Buenaventura permanece densamente militarizada desde el mediodía del 18 de junio, más de lo habitual, porque incluye cámaras, tanquetas, excesiva requisa, y presencia de civiles armados, inclusive en los 13 atracaderos y muelles improvisados, por donde salen y entran las pequeñas embarcaciones de los pescadores artesanales, y por donde los campesinos arriman el chontaduro, el coco, el borojó, el plátano, y demás producción agrícola al mercado local.
Las FARC a través del Comando Conjunto de Occidente, mediante un breve comunicado que publicó la agencia ANNCOL, y que se mantuvo en el sitio de la edición nacional de la revista Resistencia www.resistencianacional.net han asegurado que la muerte de los 11 Diputados, que mantenían retenidos y habían anunciado, estaban listos para el canje de prisioneros o acuerdo humanitario, sucedió el lunes 18 de junio. La fecha coincide con la operación militar lanzada por el grupo especial de la Infantería de Marina con apoyo de la Fuerza Aérea. Los dolientes de las víctimas, y la comunidad nacional e internacional esperan con angustia los resultados de las investigaciones.
Por ahora, lo más inquietante, es como va a suceder la recuperación de los cadáveres. Un hecho que todos esperamos con ansiedad, y que los dolientes requieren para cerrar un ciclo muy doloroso para sus familias. La entrega de los cuerpos de las víctimas a sus familiares debe ser concertada, para lo cual, habrá de conformarse una comisión independiente, ojalá con veeduría internacional.
Esta comisión no puede, ni debe ser convocada unilateralmente por el gobierno, como lo pretenden el ministro de Defensa Juan Manuel Santos y el presidente Uribe. Conforme a reglas internacionales, las partes en conflicto solo deben facilitar el procedimiento.
Tanto las FARC como el gobierno deben solicitar, suponemos que por separado dada la polarización interna del conflicto, ayuda internacional, que en primera instancia recae en el Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR.
Es de lógica elemental que habrá que mermar el ambiente de confrontación, congelando operaciones militares, tanto guerrilleras como del gobierno, al menos en el área donde se señale están los Diputados muertos. Es necesario verificar por un término de horas o días un área desmilitarizada, en la que no haya riesgo para los miembros de la comisión que recibirá los restos mortales. Un escenario así, puede garantizar que se traduzca en realidad la promesa que hiciera Raúl Reyes, en carta dirigida al exministro Álvaro Leyva, y a la señora Fabiola Perdomo, viuda del Diputado Juan Carlos Narváez, en la que el jefe guerrillero ofrece “esfuerzos pertinentes para coordinar con el Comando Conjunto la pronta entrega de los despojos mortales a los dolientes”.
Uribe ha insistido que sea José Miguel Insulsa, jefe de la misión de la OEA en Colombia, quien coordine esta comisión. Es de destacar que el señor Insulsa ha recibido serios cuestionamientos por parte de los organismos de derechos humanos, por su notable silencio frente a las irregularidades en el proceso con los paramilitares.
El presidente Uribe, por lo demás, le endosa mayor desconfianza a sus encendidas opiniones, al informar a los medios que “en una forma desafiante las FARC han llamado a los familiares para decirles que ellos los asesinaron”. Inmediatamente fue desmentido, no solo por los familiares de las víctimas, también por el gobernador del Valle Angelino Garzón.
Por ahora, se destaca la posición sensata de la alta comisionada de Naciones Unidas para los ddhh Louise Arbour, quien desde Ginebra, no solo se limitó a condenar el trágico hecho, sino que insinuó una investigación imparcial que esclarezca la muerte de los 11 diputados. El gobierno francés va más allá, y anunció apoyo a la dramática y nunca escuchada exigencia de los familiares de las personas privadas de la libertad, quienes abiertamente se oponen a la aventura irresponsable de los rescates a sangre y fuego.
Los 11 Diputados en manos de las FARC EP, muertos en confusas circunstancias
Homilía, 1 Julio de 2007
París, Francia
Padre Henry Ramirez Cmf
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Nuevamente la tragedia colombiana se hace evidente en la muerte trágica de 11 hermanos nuestros, diputados de la Asamblea del Valle, nos estremece y genera en nosotros sentimientos de indignación y dolor.
Oramos y están en nuestra memoria presentes Francisco Javier Giraldo Cadavid, Carlos Alberto Charry, Ramiro Echeverri Alberto Quintero, Jairo Hoyos, Carlos Barragán, Nacianceno Orozco, Edinson Pérez, Héctor Fabio Arizmendy, Rufino Varela,
Desde aquí nuestra oración y solidaridad con las once familias que siguen sufriendo a causa del conflicto armado existente en Colombia.
Esta tragedia se une a la cadena de dolor que viven miles de Colombianos víctimas del conflicto armado, ningún dolor es comparable, solo el silencio que ahonda en nuestra sensibilidad pueda comprenderlo.
En los últimos meses hemos conocido por boca de los mismos paramilitares, como han asesinado durante las últimas décadas a centenares de personas y vemos como parecen fosas comunes con más de doscientos cuerpos enterrados en ellas, y que suman hasta 20 mil personas, vemos con asombro como estos crímenes siguen en la total impunidad.
Esta tragedia de la muerte de los once diputados de la Asamblea del Valle, se suma a los más de 10.000 desaparecidos forzados, a los más de 3’000.000 de desplazados, a los más de 6’000.000 de hectáreas de tierra robada por los paramilitares.
Al desplazamiento y al asesinato de miembros de las comunidades afrodecendientes del Bajo Atrato, Cacarica, Curbarado y Jiguamiandó, que hoy ven sus tierras arrasadas y sembrabas con palma aceitera, para producir agrocombustible, posiblemente para llenar los tanques de los carros los europeos y de Estados Unidos.
Esta tragedia mantiene y aumenta el dolor de las familias de las personas que están retenidas por las FARC EP desde hace varios años y que siguen sin pruebas de sobre vivencia.
Hoy nuevamente el conflicto armado nos obliga a convocarnos entorno a la tragedia y al dolor, la soberbia del Gobierno Colombiano y la exigencia de las FARC-EP de desmilitarizar dos municipios, han impedido que se desarrolle los que miles de voces en Colombia y en el mundo estamos exigiendo “Un Acuerdo Humanitario”
Nos duele en el alma como el conflicto colombiano va alcanzando tales niveles de dolor, de destrucción. Negar la situación que vivimos, la de la guerra, es el primer obstáculo que tenemos para solucionar el conflicto armado y lograr la libertad de los secuestrados o retenidos. Mientras el Gobierno Colombiano se niegue a reconocer el conflicto armado interno, ninguna salida negociada será posible.
“si, viven bajo la conducta del Espíritu de Dios; ustedes no obedecerán las tendencias de la carne, por que las tendencias de la carne se oponen a la Vida.” 1 Corintios
Estas palabras de las sagradas escrituras nos invitan a asumir nuestra condición humana de creyentes y a no seguir la lógica de este mundo, la guerra y la venganza. Dios nos invita a la construcción de un mundo en fraternidad y justicia. Pero los deseos de la carne, de los poderosos, el egoísmo, las ansias de conservar el poder, la fama y la acumulación de la riqueza tienen sumida a Colombia y los países de América Latina en la miseria y la pobreza. El 40% de la población vive en condiciones de pobreza y un 15% viven en niveles de extrema pobreza.
El Espíritu nos ha de guiar por la búsqueda de una solución dialogada al conflicto colombiano, nos impulsa a continuar en la búsqueda de soluciones para que los retenidos por las FARC EP vuelvan a sus casas y también nos ha de impulsar para que los miles de víctimas de crímenes de Estado le sean respetados sus derechos a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación y la garantía de no repetición.
El Espíritu Santo nos ha de guiar para que las víctimas del conflicto armado y social, nos encontremos y sepamos ver con claridad y evidenciar las responsabilidades pertinentes, observando desde nuestro dolor con la claridad del sentimiento para nos dejarnos utilizar por los interesados en la confusión, en la distorsión que ocultan las raíces de la tragedia en que está sumida Colombia
Por último, saludamos a los hijos de Ingrid y a su padre que nos acompañan está noche, aquí estamos en una abrazo solidario, fraterno con familiares de las Víctimas de Crímenes de Estado, nuestra Comisión de Justicia y Paz; juntos a ustedes seguimos exigiendo las condiciones para realizar una Acuerdo Humanitario en el que podamos iniciar un camino para resolver el conflicto armado, social y político que vivimos en Colombia.
Los Once del Patíbulo
Ramiro Bejarano
http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=11757&idSeccion=25
Sin vacilación alguna hay que repudiar a las Farc por el supuesto crimen de 11 diputados del Valle del Cauca, no importa que los hayan ejecutado, o que hayan sido sacrificados en un fuego cruzado con la fuerza pública, o con paramilitares, o con el Eln o, inclusive, con un grupo armado sin identificar.
No hay excusa, las Farc son las responsables directas de esta masacre, pero ello no absuelve al Gobierno ni al presidente, menos después del confuso comunicado, salpicado de argumentaciones tinterillescas, cuyos 18 puntos nada aclararon.
En efecto, la afirmación de que “para el Gobierno la liberación de los secuestrados ha sido prioritaria “no es creíble, porque los hechos indican lo contrario. La intervención presidencial dejó otra vez testimonio de su terquedad, al anunciar que no aceptará despejes. Como quien dice, aun delante de las tumbas recién abiertas de 11 diputados, el presidente volvió a dar señales de que un acuerdo humanitario no pasará mientras él esté en el poder.
Que las Farc son capaces de haber acribillado a los 11 diputados no hay duda, pero las pruebas de su autoría en la masacre tejidas en el comunicado gubernamental, no fueron convincentes. El Gobierno sostiene que como murieron todos los secuestrados y ningún guerrillero, entonces eso prueba que fueron ejecutados. ¿Si ni siquiera saben dónde ocurrieron los hechos, cómo afirmar que no hubo más muertos o heridos? Lo que no ha dicho el Gobierno es que si no hubiese sido por la noticia de las Farc, no nos habríamos enterado de lo que pasó, porque inteligencia militar tampoco sabe nada, como lo reconoció el general Padilla.
Lo propio ocurre con las consecuencias que pretende deducir el Gobierno a partir del manejo de unas fechas, con las que pretendió demostrar que es muy raro que las Farc no hubiesen dado aviso inmediatamente sino cinco días después de muertos los diputados. ¿De dónde el Gobierno concluye que las Farc suelen informar rápidamente de sus fechorías, si por el contrario, lo que hacen es ocultarlas?
Habría que preguntarle al Gobierno cómo explica que las Farc hubiesen decidido aniquilar a 11 políticos que eran una joya de negociación para ellos. ¿No era más rentable dejarlos vivos para sus fines extorsivos?
Jugar a las conjeturas tiene la desventaja de que quien de ellas nutre su dialéctica, se expone a las mismas. Por eso no falta quien sostenga que es posible que se hubiese orquestado un operativo de rescate militar para poner una cortina de humo a la moción de censura que por esos días amenazaba al tambaleante Juan Manuel Santos, quien a propósito, en este episodio confirmó que no tiene ninguna credibilidad. O la historia de la supuesta intervención de un comando mercenario que habría llegado a liberar a los extranjeros secuestrados. Todo obedece a la necesidad que tiene el país de saber la verdad, la cual nos quedaron debiendo, como en Guaitarilla, Cajamarca, Jamundí, donde el Presidente dijo una cosa y las investigaciones lo desmintieron.
Quiera la diosa casualidad que el drama de los secuestrados no se resuelva por sustracción de materia. Si el presidente quiere el apoyo del pueblo frente al manejo de secuestrados, como lo reclamó en su comunicado, que facilite un Acuerdo Humanitario. Como lo dijo Fabiola Perdomo, la esposa de uno de los diputados, los familiares de los secuestrados esperaban que Uribe “no pensara como hijo de la violencia, sino como Presidente de la República”.
El Terror de la Guerra
Alfredo Molano
http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=11758&idSeccion=25
Encabezo la columna calificando como un crimen atroz la muerte de los once diputados del Valle del Cauca que estaban en poder de las Farc desde hace cinco años. Haya cual haya sido la causa, la masacre no puede ser justificada por razón alguna. No obstante, es temerario emitir una opinión sobre el modo como sucedieron los hechos. El comunicado del presidente Uribe acusa a las Farc de asesinar con premeditación a los diputados. La comunicación de las Farc habla de “fuego cruzado con un grupo militar no identificado”.
La realidad, para los que opinamos en público y con plena conciencia de nuestro juicio, es que toda divergencia con cualquiera de las dos posturas nos pone automáticamente en el campo del contrario. Es el maniqueísmo acostumbrado por todas las fuerzas en conflicto; una antigua tradición inquisitorial impuesta por la guerra que abona la polarización que vivimos. Para mí –y en eso coincido con la fuente oficial – es un hecho desusado que las Farc hablen de un grupo militar no identificado, pero ello no equivale a una prueba sobre responsabilidad de la subversión. No es descartable una operación de comandos hecha por los paramilitares o por un grupo similar. Tampoco es descartable que, ante un cerco, las Farc hayan optado por fusilar a los diputados. La clave del modo en que ocurrieron los hechos podría esclarecerse con el examen forense que promete el Gobierno siempre y cuando haya presencia de la comisión compuesta por la Iglesia, la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Colombiana como pide Angelino Garzón. Los tiros son los tiros y en ellos se podrá saber si la muerte fue un fusilamiento o efecto de fuego cruzado. Con el peritazgo en mano se podrá comenzar a saber la realidad de los hechos. Las Farc tienen la obligación moral de facilitar la entrega de los cuerpos de los sacrificados.
Sorprende, de otro lado, que en tres días – 17, 18 y 19 de junio – hubo seis encuentros entre las Farc y el Ejército Nacional en los departamentos de Cauca, Putumayo y Nariño. El ocultamiento de este ritmo bélico les resta a las partes credibilidad. Se escamotea el número de combates y se falsifican los resultados. A los ciudadanos no solamente nos amordazan sino que también nos vendan. Vamos de gancho ciego hacia el matadero. Si esos combates pudieron ser ocultados por el Gobierno, nada nos obliga a creerle que no hubo combates en el Valle del Cauca en las tres primeras semanas de junio en la zona donde presumiblemente estaban los diputados. Y digo “partes” utilizando la misma categoría usada por el Grupo de los Ocho para invitar a la guerrilla y al Gobierno a negociar un Acuerdo Humanitario.
Creo que tanto las Farc como el Eln buscan ser tratados por el Gobierno como rebeldes y entrar a definir un Acuerdo Humanitario. En el fondo se trata de un asunto político y no militar. El Eln ha mostrado que no es tan difícil ese intercambio: ha propuesto la libertad de los secuestrados a cambio de la exclusión de su movimiento de la lista de terroristas. No equivale al fin de la guerra, pero es un paso adelante en el respeto por el Derecho Internacional Humanitario.
Las partes son responsables de desenlaces como el que hoy nos apena, pero la responsabilidad es distinta para cada una. La guerrilla debería, si quiere ser reconocida como beligerante, renunciar a comprometer a la población civil en sus estrategias militares. Pero el Estado como tal, está obligado a defender la vida y la libertad de todos sus asociados como el principio que subordina toda política, incluida la guerra. Es inaplazable aceptar oficialmente que vivimos una guerra. Sui generis, sin duda, pero guerra al fin.
No podemos seguir creyendo que es una pelea entre buenos y malos y que todo se debe a la terquedad enfermiza de Uribe o de Marulanda. Por encima de sus obsesivas voluntades está la guerra, y es a ese blanco donde debemos apuntar. No podemos continuar pensando que estamos en manos de dos sujetos tercos, obsesivos y fundamentalistas para, exculpándonos, poner en la picota a uno u a otro.
La cosa es más complicada: la causa real de la tragedia está en la guerra misma, en su inercia, en su naturaleza. Mientras no se resuelva este problema estaremos al garete de una locura sin fin. La cuestión pasa por encima de las acusaciones mutuas. Es impostergable parar en seco la guerra