Naciones Unidas: ¿Quién quiere pasar por la puerta giratoria?
Organizaciones latinoamericanas y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, que vivimos cada día la contaminación y la explotación de nuestros territorios por parte de megaproyectos en mano de empresas nacionales y transnacionales observamos que Naciones Unidas pretende encubrir y normalizar conductas violatorias empresariales que atentan contra los derechos humanos de los pueblos.
Las políticas del extractivismo salvaje que están depredando aceleradamente la vida, los ecosistemas y las culturas, han penetrado hace ya un tiempo en los organismos internacionales que tienen a su cargo la salvaguarda de derechos.
Códigos de carácter voluntario como el “Pacto Global” o los “Principios Ruggie”, relativizan la normativa mundial en beneficio de las inversiones y en desmedro de los derechos conquistados para la defensa y sustentabilidad de la vida. Este tipo de iniciativas son promovidas por personas que se mueven entre el sector privado transnacional y el sector público a nivel nacional o internacional, para defender los intereses corporativos y modificar a su favor la naturaleza de la institucionalidad mundial.
La corrupción de la “puerta giratoria” debe ser denunciada.
Súmate enviando tu firma para poner fin a esta estrategia enviando un correo a la siguiente dirección finpuertagiratoria@gmail.com
COMUNICADO PÚBLICO
Naciones Unidas: ¿Quién quiere pasar por la puerta giratoria?
Organizaciones latinoamericanas y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, que vivimos cada día la contaminación y la explotación de nuestros territorios por parte de megaproyectos en mano de empresas nacionales y transnacionales observamos que Naciones Unidas pretende encubrir y normalizar conductas violatorias empresariales que atentan contra los derechos humanos de los pueblos.
Ese órgano fomenta la adopción y promoción de mecanismos voluntarios con respecto al cumplimiento de derechos inalienables de la humanidad, en vez de impulsar un marco regulatorio real y obligatorio. Al mismo tiempo, promueve la contratación de reconocidos portavoces de empresas transnacionales extractivistas para cargos de decisión política en la ONU; y sus expertos salen de cargos relacionados con empresas y derechos humanos para asesorar a corporaciones transnacionales sobre los mecanismos voluntarios.
Las empresas transnacionales ostentan poder económico y político, en muchas ocasiones superiores a los países en donde desarrollan sus actividades, lo que las convierte en actores con enorme capacidad de imponer sus intereses por encima de los derechos de las personas y de los pueblos que viven bajo la esfera de su influencia. Dejarlas al margen de las regulaciones sobre derechos humanos, socava la legitimidad de las estructuras que se pretendan democráticas.
Por ello, las empresas deben ser sancionadas por su participación en violaciones a los derechos humanos, y no gozar de la aplicación de estándares voluntarios, impulsados por ellas mismas, como el Pacto Global de la ONU o Principios Rectores elaborados por John Ruggie. [1]. Ese marco desregulatorio, sostiene explícitamente que de los principios expuestos “no se deriva ninguna nueva obligación jurídica”. Entre tanto, las corporaciones transnacionales encuentran o promocionan legislaciones nacionales favorables que se ajusten a sus intereses y la “lex ! mercatoria” [2] mientras las comunidades se enfrentan con la imposibilidad de acceder a la justicia y de recibir garantías mínimas de protección.
Las puertas giratorias
Luego de hacer el informe que lleva su nombre, John Ruggie dejó su cargo de Representante Especial del Secretario General para los Derechos Humanos y las Empresas, para desempeñarse como Consultor Especial de la empresa minera canadiense Barrick Gold Coporation. [3]. Esta empresa está cuestionada por su implicación en múltiples crímenes frente a los derechos de las comunidades afectadas por la explotación minera en Perú, República Dominicana, Argentina y Chile; casos que se encuentran denunciados ante cortes nacionales e internacionales.
Por otro lado, Alexandra Guáqueta, asesora de la empresa Cerrejón y representante de ésta ante el Comité Minero Energético del Programa Presidencial de DDHH y DIH del gobierno colombiano, que reúne a empresas y Fuerza Pública, así como funcionaria de la Oxy Petroleum en Colombia, [4] se ha convertido en la representante de América Latina del exclusivo Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. [5] Tanto la empresa Cerrejón como la Oxy Petroleum están acusadas a nivel nacional e internacional por su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos en Colombia.
Estos dos ejemplos y muchos otros, evidencian el patrón de la puerta giratoria que se viene aplicando en función de la materialización de claros intereses del sector privado. Las “asesorías”, que se ocupan de los efectos más chocantes para la opinión pública de las actividades de las empresas, no se ocupan de las causas y permiten a las sociedades transnacionales corregir sus estrategias de imagen (greenwash). [6]
Asimismo, el tránsito permanente de funcionarios estatales y organismos multilaterales a grandes empresas privadas, y viceversa, estimula serias conductas de corrupción, considerando que personas del sector público cuentan con toda clase de información sensible y que ésta se puede poner al servicio de los intereses del sector corporativo.
Ante esta situación insostenible solicitamos al órgano de las Naciones Unidas:
- Que se abstenga de todo nombramiento de este tipo de personas para cargos relacionados con temas de empresas y derechos humanos.
- Qué se hagan ampliamente públicos los CV de las personas postuladas para tales cargos.
- Que se genere un mecanismo interno de control con la finalidad de evitar la injerencia por parte de personas que representan intereses de empresas trasnacionales en temas de derechos humanos.
- Que haya anualmente una rendición de cuentas por parte de Naciones Unidas con respecto a la puerta giratoria.
- Que se reconozca en Naciones Unidas el vacío existente sobre la regulación de carácter vinculante hacia las empresas y la necesidad urgente de avanzar hacia ello.
AMÉRICA, 17 DE OCTUBRE DE 2012
CC:
- Señora Laura Dupuy, Representante permanente de Uruguay ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y Presidenta de Consejo de Derechos Humanos, Ginebra
- Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas.
Notas
[1] En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el informe escrito por John Ruggie, los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos para “proteger, respetar y remediar”
[2] Apartes tomados del documento Alejando Teitelbaum, Comentarios al Informe del Secretario General de la ONU, 2012.
[3] http://www.barrick.com/News/PressRe…
[4] http://www.shiftproject.org/profile…
[5] http://www.ohchr.org/EN/Issues/Busi…
[6] Greenwash: “Disinformation disseminated by an organisation so as to present an environmentally responsible public image” (The Concise Oxford English Dictionnary), 1999.