Multinacional Anglo Gold Ashanti intervino en el conflicto: Comisión de la Verdad
Un anexo del Informe Final de la Comisión de la Verdad revisa la relación entre títulos mineros y conflicto armado en la región del río Andágueda, en los municipios de Lloró y Bagadó, una región devastada por la guerra en el Chocó.
La figura del cura Betancur era más parecida a la de un pistolero del lejano Oeste que a la del misionero claretiano que fue. Quienes conocieron a José Antonio Betancur en las selvas que marcan la frontera entre Chocó y Risaralda lo recuerdan como un tipo áspero e implacable, montado en su caballo con un revolver al cinto, obligando a los indígenas katíos a venderle únicamente a él todo el oro que sacaban del río Andágueda y que les pagaba con carne, sal o remesas traídas a lomo de mula desde Andes, en Antioquia, o desde Pueblo Rico en Risaralda.
Aquel cura-pionero resumía el espíritu colonizador de la iglesia católica encarnando el firme propósito de “civilizar” a los indígenas, a la vez que los utilizaba como siervos feudales para su empresa personal. Betancur dirigió la construcción de un internado en Aguasal, una remota comunidad del río Andágueda en el Chocó, donde poseía potreros y decenas de cabezas de ganado. Le prohibía a los katíos hablar su lengua nativa y persiguió a los jaibanás, que es el nombre que los indígenas dan a sus médicos tradicionales.
El padre Betancur quedó inmortalizado en “El oro y la sangre”, la famosa investigación del reportero Juan José Hoyos, quien recorriera aquella región durante muchos viajes por más de una década como corresponsal de El Tiempo. Hoyos reconstruyó de viva voz la historia de la sangrienta guerra desatada entre varias familias indígenas por la posesión de una mina de oro que colonos antioqueños habían fundado y explotado en las cabeceras del río Andágueda
Aquella disputa fue instigada por la Policía y algunos mineros adinerados del municipio de Andes, además intervinieron otros agentes externos como las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Popular de Liberación (Epl). Esta última organización fue, de acuerdo con la Comisión de la Verdad y con la investigación periodística previa de Juan José Hoyos, la única que consiguió parar el desangre entre indígenas a finales de los 80, cuando se clausuró la mina de oro.
Un anexo de la Comisión de la Verdad titulado «Concesiones mineras a empresas en territorios colectivos, control armado, minería ilegal y desplazamiento en el territorio colectivo de Cocomopoca y el resguardo indígena del Alto Andágueda» recapitula esta historia, que es el preámbulo de un caso concreto en el que los intereses de grandes empresas y particulares sobre los territorios terminaron alimentando la guerra.
El “testaferrato” de títulos mineros
La región del río Andágueda fue donde se escrituró a los emberá katíos el primer resguardo indígena del departamento del Chocó en 1979. Posteriormente en 1999 los afrocolombianos asentados en la cuenca media y baja del río solicitaron la titulación de sus territorios, un proceso que demoró 12 años por los retrasos burocráticos e impedimentos institucionales, que ocurrieron principalmente durante el gobierno de Álvaro Uribe.
La zona está comprendida por los municipios chocoanos de Lloró y Bagadó, que fueron declarados como Áreas Estratégicas Mineras casi en su totalidad “a pesar de la existencia de traslapes con el resguardo indígena y los territorios colectivos de las comunidades negras, proceso en el que se ha socavado el derecho al consentimiento previo, libre e informado”, asegura la Comisión.
Para los investigadores aquello no es fortuito: las dilaciones para reconocer la propiedad a los afrocolombianos sobre sus territorios colectivos coinciden con el interés de grandes compañías mineras que buscaban apoderarse de los enormes recursos que hay en la zona, dónde existe desde los noventa una fuerte dinámica de minería ilegal.
Fuente: https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/anglo-gold-ashanti-y-su-relacion-con-el-conflicto-armado-y-la-mineria-en-colombia-informe-final/