Masacre de San José de Apartadó

El 21 de febrero de 2005, en la vereda Mulatos Medios, corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia; fue escenario de una cruel masacre donde sus pobladores fueron víctimas y testigos de torturas y brutales asesinatos que quedaron para siempre plasmadas en su memoria.

Paramilitares miembros del Bloque Héroes de Tolová, con ayuda de militares del Ejército nacional, incursionaron en el corregimiento e ingresaron por la fuerza a la casa de Luis Eduardo Guerra, reconocido líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Luis Eduardo, junto con su hijo Deyner Andrés Guerra, de 11 años, y Bellanira Areiza fueron asesinados con machetes y sus cuerpos sin vida dejados a las afueras del corregimiento. Posteriormente, asesinaron a Alfonso Bolívar Tuberquia junto con su esposa Sandra Milena Muñoz y sus hijos Natalia y Santiago de 5 y 2 años respectivamente, quienes según los comandantes alias “Cuatro Cuantro”, “Makeison”, “Aguila 6” y “Cobra”, del escuadrón paramilitar afirmaron que, “en el futuro serían una amenaza guerrillera si los dejaban vivos”. También acabaron con la vida de Alejandro Pérez, un trabajador de la zona.

Estos hechos fueron utilizados como excusa para que el entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez ordenara mayor cubrimiento policial y militar en esa zona donde hacia años no existía la circulación de armas, puesto que desde 1997 la comunidad se había declarado neutral ante la presencia paramilitar y guerrillera. Tras la militarización de la zona, las familias de la Comunidad se vieron obligadas desplazarse, abandonando todo lo que habían construido.

En 2010, a pesar de las declaraciones del ex jefe paramilitar y extraditado Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, quien confesó que bajo su mando el Bloque paramilitar Héroes de Tolová con ayuda del Ejército Nacional habría cometido este crimen, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia absolvió a 10 militares de su responsabilidad en la Masacre de San José de Apartadó.

La Fiscalía, la Procuraduría y la parte civil apelaron el fallo. Luego de revisar pruebas documentadas y testimonios, el Tribunal Superior de Antioquia decidió retirar la absolución de cuatro militares con mando y los otros seis mantuvieron el fallo de primera instancia.

Adriano José Cano, alias “Melaza”, y Joel Vargas, alias “Pirulo”, paramilitares que participaron en la masacre, admitieron su responsabilidad; estas confesiones permitieron que la Fiscalía dictara orden de captura al ex capitán del Ejército Guillermo Gordillo Sánchez e iniciara una investigación en contra de 66 militares de la Brigada XVII del Ejército con sede en Carepa.

Con el apoyo de diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos se ha pedido vincular a la investigación por la Masacre a los Generales Mario Montoya, Jaime Fandiño y Luis Alfonzo Zapata, al igual que a los coroneles Néstor Iván Duque y Orlando Espinosa, por su responsabilidad en la planeación de la operación Fénix, en medio de la cual se cometió la masacre.

En el proceso de investigación se han dictado más de 20 condenas a integrantes de grupos paramilitares entre los que se encuentran: Marcial Hoyos Soñet, Alexander Arrieta Gómez y José Fuentes Lagares, éstos aceptaron ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, su responsabilidad por delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. Asi mismo Nafer Antonio Guzmán Trujillo y Henry Enrique Payares Pacheco, Uber Darío Yañez Cavadías comandante militar del bloque, Jorge Luis Salgado David, José Joel Vargas Flórez, Bionor Vargas Flórez, Rober Darío Muñoz Hernández, Francisco Javier Galindo Martínez, Edinson Galindo Martínez, Neder Antonio Mestra Rojas, Juan Alberto Ruiz Yañez, Manuel Antonio Urango Mejía, Yamid de Jesús Gonzáles Galaraga, Erney Eduardo Portillo Paternina, Aldo Antonio Agames, Javier Enrique Salgado Martínez, Jorge Luis Gutiérrez Alean, Esaut José Feria Martínez, y Ulises Burgos a los que les fueron dictadas ordenes de prisión de entre 12 a 40 años de cárcel.

La Fiscalía condenó por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir a nueve integrantes del grupo paramilitar que perpetró la Masacre.

El 20 de febrero de 2010 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia le impuso 20 años de cárcel a el capitán (r) del Ejército Nacional Guillermo Armando Gordillo Sánchez, quien aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir.

Finalmente, sobre la sentencia absolutoria dictada a diez militares, tres oficiales y siete suboficiales, por el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia el 4 de agosto de 2010, la Fiscalía apeló el fallo y aguarda la decisión del Tribunal Superior de Antioquia. En el proceso, el Ministerio de Defensa se defendió argumentando que no se le podía responsabilizar por los actos cometidos por un grupo ilegal que nada tenía que ver con la institucionalidad. La Procuraduría contrarió la posición del Ministerio, sosteniendo que existía una “flagrante responsabilidad del Estado por la ejecución extrajudicial de personas protegidas”, con el agravante de que, tres de ellas eran menores de edad y fueron asesinadas con igual sevicia.

El tribunal de Antioquia ha ordenado al Ejército que, en presencia de altos mandos militares, habitantes de la zona y medios de comunicación regionales y nacionales, ofrezcan una disculpa publica por la masacre y se comprometa, de forma “contundente”, a tomar las medidas necesarias para que “lo acontecido no vuelva a suceder”.

En 2012, la Corte Constitucional en su Auto 164 del 6 de julio ordenó al Ministro del Interior que “en el término máximo de un mes contado a partir de la comunicación del presente auto, coordine y ponga en marcha el procedimiento para la presentación oficial de la retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad de Paz y sus acompañantes”. En el 2013, la comunidad de Paz viajó a la ciudad de Bogotá para recibir el acto de perdón. Sin embargo, en esa ocasión el actual presidente Juan Manuel Santos incumplió la cita y no se reunió con la comunidad.

Meses después, el presidente Santos finalmente le pidió perdón a la comunidad de San José de Apartadó por las falsas acusaciones que realizó el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y altos mandos militares en su contra. Dicho perdón fue cuestionado por la comunidad al no ser presentado directamente con la comunidad y aseguraron que “lamentan profundamente que las decisiones y omisiones del Señor Presidente, continúen sin aparente comprensión de que nuestra Comunidad de Paz sigue sufriendo un proceso de exterminio”

A pesar de todas estas investigaciones y algunas condenas, las víctimas de la Comunidad de paz de San José de Apartadó siguen exigiendo e instando al gobierno y al estado colombiano, a una verdadera justicia, a una verdad real. Que sean juzgados los militares y paramilitares de más alto rango. Que no solamente sean condenados los autores materiales sino también los intelectuales. Así mismo, las víctimas y la población civil del proceso han solicitado y exigido que también sea investigado el ahora, ex presidente Álvaro Uribe Vélez por presunto conocimiento de los hechos.

Los habitantes de la comunidad de San José de Apartadó han soportado continuas amenazas y estigmatizaciones, han sufrido a causa de la desproporcionada militarización de sus caseríos y en numerosas ocasiones sus líderes y diferentes integrantes han sido judicializados con montajes y campañas de desprestigio.

Han pasado varios años desde esos días de horror y miedo. La comunidad de paz de San José de Apartadó sigue con su resistencia pacífica en el territorio y denuncia continuamente los graves atropellos de los cuales aún son víctimas. Luego de haber ocurrido masacre de estos hombres, mujeres y niños, la comunidad exige justicia y verdad por la memoria de quienes fueron silenciados.

Los habitantes de la comunidad de San José de Apartadó han soportado continuas amenazas y estigmatizaciones, han sufrido a causa de la desproporcionada militarización de sus caseríos y en numerosas ocasiones sus líderes y diferentes integrantes han sido judicializados con montajes y campañas de desprestigio.

Vítimas de la Masacre de San José de Apartadó en la Memoria.
Vítimas de la Masacre de San José de Apartadó Sin Olvido.