Los estragos del espionaje del G-3
Las minucias de la investigación de la Fiscalía en contra del DAS.
El país aún no termina de procesar las dimensiones del bochornoso escándalo de la persecución infame que durante seis años ejecutó un subrepticio grupo criminal del DAS, al decir de la Fiscalía, conocido como G-3
Una organización que burdamente transgredió los horizontes de la legalidad, se comportó como una mafia de la peor laya, perpetró violaciones innombrables a la intimidad amparado en supuestas investigaciones para garantizar la seguridad nacional y llegó a la neurosis de amedrentar a través de sufragios, como suele hacerlo la delincuencia organizada, a magistrados, periodistas, miembros de ONG, críticos dirigentes de oposición y hasta cercanos colaboradores del Gobierno Uribe.
Así lo afirmó en su indagatoria el controvertido ex subdirector de contrainteligencia Jorge Alberto Lagos, cuando, al ser interrogado por las tareas del G-3, manifestó: “Recolectaban información, presionaban y, en algunos casos, intimidaban”. Esta frase rotunda sirvió de sustento para que la Fiscalía, el pasado jueves, ordenara las capturas de cinco funcionarios y cinco ex funcionarios del organismo de inteligencia que cohonestaron las siniestras prácticas del G-3. Empezando por el propio Lagos, que le mintió a la justicia sobre el alcance de las interceptaciones ilegales que podía ordenar y que, como la mayoría de los procesados en este caso, escurrió sus responsabilidades explicando que nada sabía de lo que ocurría o que, como acuñara hace más de una década un ex presidente liberal, todo fue a sus espaldas.
Por ejemplo, aunque está comprobado que la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado engañó a la Corte Suprema y, en particular, al magistrado de la Sala Penal Yesid Ramírez, al notificarle que no estaba siendo rastreado por el DAS cuando en verdad se desplegó una cacería sin antecedentes para aprovechar políticamente su cercanía con el polémico empresario Ascencio Reyes y así desacreditarlo, en su indagatoria Hurtado se declaró ajena a esta persecución y afirmó que simplemente buscaba evitar la infiltración del narcotráfico en el alto tribunal. Un pretexto con el cual, según la Fiscalía, se escudó para hurgar los detalles financieros, familiares y más privados de casi la totalidad de los integrantes de la Corte Suprema. Aun así, Hurtado se declaró inocente.
Estas pesquisas fueron conocidas por el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria. La Fiscalía indagó sobre los intereses de él para rastrear a la Corte, así como los del secretario general de la Casa de Nariño, Bernardo Moreno, a lo que Hurtado manifestó que el DAS debía descartar cualquier amenaza o infiltración de los ilegales en la Corte Suprema, explicación que fue desestimada de tajo y que, de no ser por una recusación de última hora que interpuso contra el fiscal Mario Iguarán, habría corrido la misma suerte de los 10 miembros del G-3 que fueron afectados con medida de aseguramiento. Como lo informó este diario en su edición del viernes, la orden de captura contra Hurtado estaba casi lista cuando su defensor presentó la recusación.
Entre tanto, como en el caso de Hurtado, será el próximo fiscal quien defina las situaciones jurídicas de Jorge Noguera, Andrés Peñate y Joaquín Polo. El expediente de las ‘chuzadas’ evidencia que, en su defensa, la gran mayoría de los procesados aseguran que solamente siguieron órdenes y que nada sabían de asuntos ilegales. El coordinador del G-3, Jaime Fernando Ovalle, descargó la autoría intelectual de este grupo y sus pesquisas a ONG a Jorge Noguera, el ex subdirector José Miguel Narváez (también con orden de captura) y al ex director de inteligencia Giancarlo Auque. Narváez lo controvirtió, lo tildó de mentiroso empedernido e incluso declaró que, en su concepto, las ONG “suplen vacíos de los Estados y toman la vocería en casos de cumplimiento y respeto de los Derechos Humanos“.
El acoso más tenebroso se realizó contra el denominado blanco del Colectivo de Abogados José Alvear, en cuyo caso se pagaron millones en gastos reservados (ver recuadro) para pagar operaciones de inteligencia e incluso infiltrar marchas promovidas por organizaciones sociales en las cuales agentes del DAS enmascarados bajo la identidad de supuestos periodistas filmaban y reportaban con minuciosidad las actividades de protesta. Correos electrónicos, información sobre sus hijos, hábitos y debilidades, y hasta escarbar en su basura y conseguir copias de las llaves de sus casas quedaron documentados en oficios que obran en el proceso. Un descontrol ilimitado que tiene ad portas de la cárcel a la cúpula del DAS de los últimos seis años.
En ese sentido, y como conclusión de la Fiscalía, “no puede aceptarse que los funcionarios aquí comprometidos hubiesen podido actuar con el convencimiento legítimo de que su labor era legal o de inteligencia, pues si ello fuese así, entonces en muchos otros casos hubiesen también desconocido la legalidad para interceptar, seguir, infiltrarse e indagar sobre actividades financieras y económicas de las víctimas, con lo cual, en el DAS, se abrogaron competencias que le son extrañas por tratarse de aquellas propias de la Fiscalía”, advirtió el ente acusador al resolver las primeras medidas de aseguramiento por este caso, en una providencia de 167 páginas conocida por El Espectador.
¿La responsabilidad política?
Ya en el escenario político, la decisión del organismo investigador generó diferentes reacciones con un denominador común: que todavía falta llegar hasta el fondo del asunto o, mejor dicho, hasta quienes supuestamente ordenaron las interceptaciones. El precandidato liberal a la Presidencia Rafael Pardo —quien apareció en la lista de vigilados por el DAS y fue reconocido como víctima dentro de la investigación— planteó la necesidad de descubrir al Rasputín de este oscuro episodio. “La red de espionaje ilegal de la que fuimos víctimas muchos colombianos no es un tema de mandos medios. Seguimos sin conocer al Montesinos colombiano”, dijo.
Por su parte, el senador y también precandidato del Polo Democrático Gustavo Petro, uno de los que lideró en el Congreso el debate político a las ‘chuzadas’ del DAS, recordó que en sus denuncias había mencionado a los hoy involucrados. Y fue más allá: “La Fiscalía le dio la razón al debate, ese fue el grupo que hizo las interceptaciones, pero la opinión pública debe saber por qué lo hicieron: para intentar atemorizar a los abogados y periodistas que habían descubierto que en el mismo DAS habían fabricado pruebas falsas para condenar personas inocentes en el caso del asesinato del periodista Jaime Garzón”.
Según Petro, José Miguel Narváez fue el autor intelectual del asesinato de Garzón y quería desviar la investigación. “Uno de los más altos dirigentes del paramilitarismo, Carlos Castaño, era uno de los asesores inspiradores de Jorge Noguera. Ellos le hicieron inteligencia al periodista Hollman Morris, quien venía investigando el tema y a los abogados del Colectivo José Alvear, que fueron los primeros amenazados. La Fiscalía no le ha dado esta interpretación a la investigación: la de amedrentar a los que venían siguiendo las pistas del asesinato de Jaime Garzón”, enfatizó.
Para Marta Lucía Ramírez, precandidata independiente a la Presidencia, se trata de un hecho “bochornoso”, teniendo en cuenta que se trata del mal uso de una de las instituciones más importantes para la inteligencia y la seguridad de la Nación. Sin embargo, cree también que la investigación debe develar quiénes fueron los que, “desde arriba”, estuvieron detrás de esta cadena de interceptaciones ilegales”.
En esa misma línea se pronunció Cecilia López Montaño, senadora y aspirante liberal a la primera magistratura del Estado, quien advirtió en tono burlón que lo que se pretende es que las cosas se queden allí y el país nunca conozca quién fue quien dio la orden desde la Casa de Nariño. “Lo digo porque claramente eso viene de Palacio. Es evidente que el DAS depende de los mandamientos de la Casa de Nariño y creo que nadie haría algo tan delicado si no es porque está obedeciendo una orden superior”.
A su vez, el senador Armando Benedetti, alfil del uribismo en el Congreso, consideró que las órdenes de captura dictadas por la Fiscalía no son más que “la primera parte” de otras decisiones judiciales que se avizoran. “Ellos eran los mandos medios, falta saber quién pagaba por eso y quién lo organizaba”, añadió. En ese sentido el precandidato liberal Héctor Helí Rojas volvió a llamar la atención sobre un debate que sigue pendiente: el de la responsabilidad política.
“Los falsos positivos y las interceptaciones ilegales son de las cosas más graves que han pasado en Colombia. Más que de derechos humanos, esos son temas de concepción de Estado y aquí lo que se ve es una concepción totalitaria que debemos rechazar todos los colombianos. Lo menos que puede pasar es que se sancione penalmente a los que fueron autores o cómplices de esas situaciones, pero debe haber una responsabilidad política del Presidente, que es quien dirige al DAS. Sería muy dramático para este país que esos temas pasen sin responsabilidades políticas”, concluyó.
Al compás de las exigencias de culpables a granel, de las acusaciones mutuas de los procesados para evadir sus responsabilidades o el despropósito de algunos ex directivos del DAS de reiterar a pie juntillas que nada sabían de estos infames episodios, el país espera con impaciencia que se aclare este cenagoso capítulo de la inteligencia nacional desbordada, que ya repercute en escenarios internacionales en un año de definiciones electorales, en el que el Presidente todavía juega. De cualquier manera, las determinaciones definitivas sobre el escándalo de las ‘chuzadas’ serán resueltas por el fiscal venidero, cuyo nombre aún está en el limbo, pues la terna para suceder a Mario Iguarán no convence a la Corte Suprema ni a la opinión pública.
El blanco de las “chuzadas”
1. Gustavo Petro. 2. Carlos Gaviria. 3. Hollman Morris. 4. Ramiro Bejarano. 5. Yesid Ramírez. 6. Antonio Navarro W. 7. Luis Eduardo Garzón. 8. Piedad Córdoba. 9. Jaime Araújo. 10. Alfredo Beltrán.
Las ‘vueltas’ del detective Hugo Daney Ortiz
Aunque el pasado jueves la Fiscalía ordenó la captura del ex director de operaciones del DAS Hugo Daney Ortiz, no es la primera vez que su nombre aparece en los escándalos ocurridos en el interior de la institución. En abril de 2002, mientras estaba al frente de la Oficina de Coordinación Técnica del DAS, la Fiscalía adelantó un allanamiento por la supuesta realización de interceptaciones ilegales que se habrían originado en esa dependencia. Las ‘chuzadas’, según conoció El Espectador en ese momento, fueron efectuadas por un grupo de detectives, que escuchando a miembros de la oposición del presidente Andrés Pastrana, la Corte Constitucional y reconocidos periodistas, buscaban congraciarse con el Gobierno y ganar su confianza. Las operaciones de inteligencia duraban pocas horas y a continuación se desmontaban las interceptaciones en las líneas. Luego se presentaba el informe.
La persecución a Hollman Morris
En un pormenorizado informe, que fue presentado el pasado 9 de junio a uno de los fiscales que adelanta la investigación por irregularidades en el DAS, el periodista Hollman Morris da cuenta de los seguimientos y hostigamientos de los que fue víctima. Aparte de las amenazas, la interceptación de sus correos electrónicos y de líneas telefónicas asignadas a él y a sus familiares, Morris relató que en una oportunidad, mientras sostenía una entrevista con Carlos Lozano y Álvaro Leyva Durán al norte de Bogotá, fueron evidentes los sospechosos movimientos de dos sujetos en motocicletas que luego de negarse a presentar sus documentos fueron llevados a un CAI de la Policía, donde se identificaron como agentes del DAS.
Los gastos reservados del G-3
Entre los años 2004 y 2005 al grupo G-3, que lideraba Jaime Fernando Ovalle Olaz, le fueron girados recursos por $67’333.600 que se utilizaron para la realización de operaciones encubiertas y otras actividades encomendadas a esa dependencia del DAS. No obstante, los detectives legalizaron gastos por $69’794.850, es decir, $2’461.250 de más de la suma que le fue entregada.
Consultada por la Fiscalía la coordinadora del grupo de gastos reservados, Alba Inés Rincón, manifestó que la causa de la legalización de un monto mayor de los dineros girados es que grupos como el G-3 reciben recursos de otros fondos y sólo se legalizan en el rubro de gastos reservados. En la lista de comprobantes de los dineros entregados al G-3, aunque sin especificar a qué misión fueron asignados, queda en evidencia que el 14 de enero de 2005 se legalizaron gastos por $35’733.600, convirtiéndose en la erogación más alta de los recursos que fueron entregados en el período mencionado.
Ahora la Fiscalía trata de establecer cuál fue la destinación que se les dio a esos dineros y si se emplearon en procedimientos irregulares.
[
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso153978-los-estragos-del-espionaje-del-g-3->http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso153978-los-estragos-del-espionaje-del-g-3]