Llamado al Estado colombiano ante decisión irreversible del retorno sin garantías de la comunidad Wounaan de Pichimá Quebrada

ACTA N° 001

Santa Genoveva de Docordó, Litoral del San Juan, 28 de noviembre de 2019.

La comunidad indígena de Río Pichimá Quebrada, en cabeza del señor gobernador RODRIGO VALENCIA TOVAR, reunido en asamblea en el albergue la cabaña para concertar y analizar la situación de hacinamiento, insalubridad y olvido en la que nos encontramos actualmente, que afecta especialmente a los niños, mujeres y adultos mayores, donde llevamos 5 meses, 25 días en condiciones precarias de salud, alimentación, alojamiento, educación en condición de desplazamiento forzado, en tal espacio se tomó la decisión irrefuta e irreversible de retornar a nuestro territorio el día 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, sustentado en:

• Los constantes aplazamientos a los comités de justicia transicional propiciados por la administración municipal al compromiso que se pactó en la reunión del 07 de octubre de 2019, donde se acordó que el 14 de noviembre de 2019 se iba a realizar un subcomité de Justicia transicional para abordar el tema del retorno de la comunidad indígena de Pichimá Quebrada, reunión que llegado el día fue aplazada para el día 20 de noviembre de 2019, que tampoco se realizó sin que se nos informara los motivos que generaban los constantes aplazamientos.

Adicional a ello, no tenemos conocimiento que se hayan realizado Comités de Justicia transicional en el mes de agosto y septiembre, lo que ha retardado en gran medida los pactos que se hicieron en el comité del día 07 de junio de 2019.

• La poca diligencia que han realizado los órganos que conforman el Ministerio Público, en cabeza de la Personería Municipal, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación, quienes desconocen sus funciones de “guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas” como lo señala el Artículo 118 de la Constitución Política de 1991. Funcionarios que ante los atropellos a los que nos hemos visto sometidos por los constantes aplazamientos a los Comités de Justicia transiciones han guardado silencio y no han exigido explicaciones a las autoridades competentes sobre los motivos por los cuales no se han realizado estos espacios, omisión que ha ocasionado que no se haya podido tratar las cuestiones tendientes a nuestro retorno en condiciones de seguridad y protección
• La falta de acatamiento al fallo de tutela del Juzgado 29 penal con funciones de conocimiento de Bogotá, que establece órdenes concretas en materia de educación, salud, alimentación, nutrición, protección; donde se quiere hacer ver por parte la administración municipal que se ha dado cabal cumplimiento a la sentencia, colocando en el acta del 07 de octubre de 2019 que el gobernador de Pichimá quebrada afirmaba que el Alcalde ha dado cumplimiento a todos los compromisos adquiridos en el fallo de tutela. Generando afirmaciones falsas que se dieron por la demora en la entrega del acta N° 07, sin que ninguna de los asistentes a esa reunión haya manifestado su rechazo.
• El silencio que ha guardado el Ministerio de Defensa en cabeza de la infantería de Marina para emitir los conceptos de seguridad que permitan el retorno de la comunidad indígena de Pichimá, a pesar que fue una orden precisa que le dio el Juez 29 penal con funciones de conocimiento de Bogotá, dándole un plazo de 03 días hábiles.
• La falta de atención en salud a la que nos hemos visto enfrentados, lo que generó la muerte del menor de JOSEH ORTIZ MOÑA de un año de edad.

Cinco meses y 25 días llevamos aglomerados en Santa Genoveva de Docordó sin que hayamos recibido ninguna valoración médica para tratar las enfermedades y afecciones que nos aquejan; a pesar que el fallo de tutela establece la adopción de medidas concretas para la prestación del servicio de salud nada han hecho las instituciones encargadas de cumplir con esta orden. Aunque la armada Nacional prestó servicios médicos el 08 de noviembre de 2019, estos no fueron dirigidos especialmente para atender la situación de los indígenas de Pichimá Quebrada, por lo que varias personas de nuestra comunidad se quedaron sin ser atendidos y la IPS CAPERA, solamente entrega 10 fichas por día, esta denuncia rompe con la falacia a lo que se condigo en el acta N° 05 del Comité de Justicia transicional, donde se consignó que el docente Guillermo Peña manifestaba que en tema de salud la atención bien o mal se estaba dando.

• La falta de asistencia en materia de alimentación y nutrición para toda la comunidad, especialmente la de niños y niñas los cuales requieren atención con suma urgencia, pues existen varios menores que se encuentran en estado de desnutrición.

Las anteriores denuncias demuestran la falta de voluntariedad de todas las instituciones para atender la situación precaria en la que nos encontramos, no podemos vernos sometidos más a estas humillaciones, donde con falsas promesas se quieren hacer ver que las instituciones de carácter municipal, departamental y Nacional están cumpliendo con sus obligaciones para atender a la población desplazada de Pichimá Quebrada pese a que sus actuaciones no concuerdan con la realidad.

Reiteramos que responsabilizamos al Estado Colombiano en cabeza de las instituciones a las que les asiste obligaciones en el marco de la ley y la Constitución, de cualquier hecho que ponga en riesgo la vida e integridad personal de los miembros del Resguardo indígena de Río Pichimá Quebrada.

Advertimos que requerimos la presencia inmediata de las siguientes entidades en nuestro resguardo para que se puedan coordinar medidas que permitan la permanencia de la comunidad indígena de Río Pichimá Quebrada en el territorio:

De la Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Gobernación del Chocó, Alcaldía del municipio de el Litoral del San Juan, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas. Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Secretaria departamental y municipal de salud, Ministerio de Educación Nacional, secretaria departamental y municipal de Educación, Unidad Nacional de Protección.

Igualmente se deja constancia de la necesidad que la Infantería de Marina concerte junto con nosotros la realización de controles perimetrales que garanticen la seguridad de la comunidad, sin que nos coloque en riesgo, respetando las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Para constancia firman los representantes de cada una de las 95 familias desplazadas.

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Imagen: Gabriel Galindo / Contagio Radio.