Ley VIP
El artículo primero del nuevo proyecto de ley sobre régimen de baldíos que cursa en el Congreso se debería redactar así: “La presente ley tiene como fines asegurar el registro de los baldíos a nombre de los empresarios privados y de las grandes multinacionales, establecer criterios para ordenar el territorio según sus intereses económicos de corto y largo plazo, identificar las tierras mejores para el desarrollo de sus proyectos productivos y dar absoluta seguridad jurídica a sus inversiones”.
Sería más honesto y más limpio jugar así, porque este proyecto del Gobierno busca anular el aspecto esencial de la Ley 160 del 94, que es la adjudicación de tierras baldías a campesinos.
Los baldíos reservados, nueva categoría jurídica, son tierras VIP, o sea, destinadas a very important persons, y están perfectamente ubicados: los Llanos Orientales o, como les gusta llamarlos ahora, la altillanura orinocense. Tierras de suelos malos que cuesta mucha plata volver buenos y adaptarlos a las normas de rentabilidad, productividad, competitividad y todas esas categorías con que se les hace la boca agua a los “nuevos llaneros”. Los Llanos se han vuelto una zona apetitosa para los empresarios y para los bancos porque en el planeta quedan muy pocas regiones baldías aptas para ser explotadas a gran escala con tecnología de punta. El obstáculo que se atravesaba era la Ley 160 del 94 o, más específicamente, su artículo 72: “No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional”.
En realidad, este artículo ya había sido burlado al falsificar los títulos que se usan en los Llanos y en otras regiones, llamados cartas-venta, que dan derecho a la posesión de facto y que en general son la puerta para lograr la adjudicación. Todas esas tierras de las sabanas bajas del Vichada, Meta y Casanare tenían ese tipo de títulos hasta el día en que se les dio licencia a los paramilitares para hacer de las suyas y obligar a la gente a salir corriendo y, en el mejor de los casos, a vender su posesión a cualquier precio.
espués, cuando Uribe desde Carimagua dio luz verde, los grandes empresarios de palma, caña, soya, teca, acacia entraron a comprar esas cartas-venta que estaban en manos de los intermediarios armados. Pero aun con ellas carecían de lo que tanto piden: seguridad jurídica, a pesar de haber hecho entretanto las millonarias inversiones que se pueden ver llano adentro. La gran mayoría son para cultivar materia prima para biocombustibles. Entre Puerto López y Puerto Gaitán se está construyendo una gigantesca procesadora llamada El Alcaraván, rodeada de miles de hectáreas de soya, caña, palma y un largo etcétera de árboles comerciales.
La región es de hecho lo que el nuevo proyecto bautiza Zides, zonas de interés de desarrollo económico y social, donde los empresarios podrán desarrollar mediante contratos de arrendamiento o concesión u otra modalidad lo que les dé la gana, siempre y cuando asocien a campesinos ilusos en sus proyectos. En otras palabras, serán zonas donde florezcan las ideas de don Carlos Murgas, el zar del biocombustible, y que se han introducido en la legislación bajo la figura de alianzas productivas. Habrá que repetirlo una vez más: son una estrategia para trasladar los riesgos de producción a los campesinos aliados, de atar mano de obra barata a las grandes empresas y de sustituir la figura de reservas campesinas creada por la tan manoseada Ley 160 del 94. La Ley de Baldíos se convertirá en la fórmula para burlar anticipadamente lo que se está acordando en La Habana.
Punto aparte. Asistiré al justo homenaje de desagravio que se le rendirá a Hollman Morris, a quien tiene el procurador en su punto de mira. Hollman ha logrado hacer del Canal Capital un verdadero medio de divulgación popular sin dejarse contagiar por chapucerías.
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