La venganza de los empresarios contra los reclamantes de tierra

Comunicado de prensa 

Acto de entrega material de tierras en la vereda Guacamayas (Turbo) mayo 15 de 2019.

Apartadó, 2 de diciembre de 2019. Las organizaciones abajo firmantes repudiamos la decisión del Juez Promiscuo Municipal de Apartadó Eifer Augusto Zuluaga, de privar de la libertad a las lideresas y lideres Sandra Medrano, Rosember Ibañez, Freddy Correa, Saulo David, Tito David Gómez, Omar Quintana, Víctor Manuel Correa, Julio Correa y Edilberto Úsuga, quienes junto con sus familias y actuando en derecho han reclamado sus tierras a través de la Ley 1448 de 2011 y Ley 975 de 2005.

Los despojados de sus tierras habitantes y propietarios tradicionales de la Vereda Guacamayas, Corregimiento de Macondo, del territorio colectivo de La Larga y Tumaradó –COCOLATU-, han sido judicializados por el Fiscal Pascual Argiro Villa Perez Fiscal 30 Especializado EDA de Antioquia, bajo las falsas imputaciones del delito de desplazamiento forzado y concierto para delinquir invadieron predios como miembros cabecillas de una supuesta banda.

La repudiable actuación del Fiscal y el Juez desconoce la Sentencia SU 648 de 2017 emitida por la Corte Constitucional y la providencia de la Corte Suprema de Justicia del 11 de diciembre de 2018, que reconoció a esta comunidad como víctimas, ordenando la restitución de los predios

El Juez frente a las pocas evidencias presentadas ordena la medida de aseguramiento, a pesar que tres de ellos, tienen más de 70 años y ninguno representan peligro para la sociedad, pues es para toda la región que son personas que viven en su Vereda.

Sandra Medrano, es madre de dos hijas y cabeza de familia, ha sufrido agresiones en la vereda Guacamayas por parte de los opositores a los procesos de restitución. En junio del 2016, una de estas agresiones la obligó a dormir en la intemperie estando en condiciones de embarazo.

Así que la medida de aseguramiento es arbitraria, toda vez que los imputados no tienen posibilidad de alterar la investigación, de colocar en riesgo a las presuntas “victimas” y es su interés comparecer al proceso para acreditar su ajenidad con los hechos que se le endilgan.

Quienes por las falsas imputaciones han sido privados de la libertad en lo que a todas luces es un contubernio que favorece a empresarios despojadores que gozan desde 1996 de su libertad y del usufructo de la propiedad por la lideresa y los lideres detenidos injustamente.

Este hecho representa un ataque y venganza contra los campesinos que buscan la restitución de sus predios ordenados por los jueces, magistrados de restitución de tierras y las altas cortes.

Las actuaciones contra derecho aseguran la impunidad de empresarios, estos si despojadores, luego de planes criminales desatados desde 1996 quienes han usufructuado las tierras de las familias desplazadas desde hace 23 años. El aparato judicial incapaz de sancionar los responsables de más de 20 desplazamientos forzados, y a los empresarios miembros o directivas de la empresa Inmobiliaria e Inversiones ASA

S.A. presidida por Humberto Duque, así que estamos ante un contubernio judicial, en el que se ensañan con las víctimas del conflicto armado.

Los fiscales y Jueces de la región oficiosamente actúan para identificar el plan criminal, archivan las denuncias por amenazas o asesinatos de más de 20 líderes desde el 2008 por reclamar sus tierras. El último asesinato en esta subregión entre Urabá Antioqueño y Choco fue el de Porfirio Jaramillo en enero del 2017, quien vivía a 10 minutos de las fincas de los campesinos de Guacamayas.

La Fiscalía ha sido ineficaz para investigar a la Inmobiliaria declarada como despojadora por la Corte Constitucional y la Corte suprema de Justicia Sala Penal.

Estos 9 líderes, junto con más de 500 indígenas, afrocolombianos, afromestizos y campesinos presentaron el 10 de diciembre pasado un informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, sin que se haya surtido con celeridad la corroboración de pruebas presentadas sobre la situación de despojo en Urabá y Bajo Atrato desde 1996 hasta 2016, y que se está consolidando con estas decisiones.

Comunicado 20 de 20 Prensa by Anonymous UeGxFwA on Scribd

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