“La impunidad social debe acabarse ya”

En estos días de virus y paranoias, la periodista Claudia López, consultora e investigadora del PNUD, habla sin tapabocas del Gobierno de Álvaro Uribe.


¿Por qué aquí es tan difícil formar opinión?

Por la complejidad de la realidad colombiana y la superabundancia de sucesos. Además, lo que forma opinión es la televisión, monopolizada por un canal al servicio del Gobierno, RCN, y otro un poco más imparcial, Caracol. Ese enorme acervo de información –80% oficial- entra por una especie de embudo y sale en hilos muy delgados, sin contexto ni análisis, que no permiten formarse una opinión real de los acontecimientos. Los medios escritos hacen un esfuerzo pero son irrelevantes para la formación de opinión porque llegan a una élite selecta que somos los lectores de periódicos y revistas. En esas circunstancias no hay debate y si lo hay, carece de fuerza.

¿La ‘opinión’ también está ‘cooptada’?

A la gente le gusta este Presidente porque comunica autoridad, seguridad y logros contra la guerrilla y eso le parece suficiente. El país se acostumbró a odiar a las Farc y el resto -reforma política, sanciones, corrupción, parapolítica, falsos positivos, horrores del DAS, enriquecimiento desmedido de los hijos del Presidente-, se convierte en un caldo cuyo principal ingrediente es la versión oficial, y al colombiano promedio le gusta creerle a un gobierno que “por fin está haciendo algo para acabar con la guerrilla”, no importa qué métodos utilice ni qué instituciones se lleve por delante para lograrlo.

Se dice que el Gobierno perdió el pudor y resolvió dar pocas explicaciones y guardar silencio mientras pasa el aluvión de los escándalos mediáticos. Así, muchos van pasando sin renuncias, responsabilidades, investigaciones o acciones jurídicas. El Gobierno sabe que, al final, no pasa nada…

Exacto. El Gobierno aprendió cómo manipular la opinión, que se ocupara de temas que él mismo plantea y maneja. Si no se pronuncia mata el escándalo o tiende cortinas de humo. Vemos reacciones como: ‘sí, hicimos algo ilegal ¿y qué?; hicimos algo antiético y qué?’. Pero no sólo el Gobierno ha perdido el pudor, también buena parte de la sociedad, porque la reacción de una porción mayoritaria es: “Sí, son corruptos pero al menos le están dando a la guerrilla; sí, los hijos del Presidente se están enriqueciendo por medio del tráfico de influencias, pero tenemos un buen Presidente”. Es una sociedad que justifica todo, a la cual el hecho de que maten sindicalistas o haya falsos positivos, que roben, cambien las reglas de juego, acaben con los pesos y contrapesos democráticos establecidos por la Constitución, no le parece ‘tan’ grave. Por otra parte, influye el hecho de que los canales institucionales que deberían servir de control están cooptados. ¿Qué dice la Contraloría? Ya ni dice, ni nos acordamos que existe. En la Procuraduría tenemos un ‘Absolvedor General de la Nación’ y de la Defensoría ni hablemos, sólo sirve para administrar la burocracia.

¿El escenario natural del debate público no debería ser el Congreso?

Sí, pero está dominado por una mayoría uribista que retira de la agenda los temas que no le conviene, prioriza sacar a pupitrazo limpio otros como la reforma política, el referendo reeleccionista, o los cambios en la Registraduría y relega al limbo los debates de control político.

¿Y las organizaciones sociales como la suya?

Nosotros llevamos siete años en esta tarea agotadora porque es dispendioso lograr información y porque obstaculizan las investigaciones. Al punto que me siento víctima de mi propio invento, pues llevo tres años diciendo públicamente que todas las investigaciones de parapolítica las hemos realizado con información oficial pública, y ese reconocimiento me está costando que cada vez se cierren más los canales de acceso a dicha información. Por otra parte, aquí los jefes de los partidos de oposición, en general, están callados. ¿Carlos Gaviria se ha pronunciado? Cero. ¡No ha hecho un debate! Yo lo aprecio mucho, pero es claro que no lidera la discusión pública. Los periodistas estamos reemplazando a muchas de estas entidades -sin ser nuestra tarea- pero ese esfuerzo pareciera no importarle a una sociedad que, finalmente, dice; “Sí, sabemos que son corruptos, que se alían con los paramilitares, que dicen mentiras, que hacen triquiñuelas y componendas en el Congreso, que son capaces de montar una maquinaria criminal en el DAS, pero ‘algo’ están haciendo y con eso nos conformamos”.

¿Qué costo tendrá esta situación?

A tres millones y medio de colombianos les costó ser desplazados sin que nadie moviera un dedo, a otros diez mil les costó la vida y están enterrados en fosas comunes y a nadie le importó. Uno puede desgañitarse diciendo que la corrupción sigue rampante y que cada vez será peor porque habrá más concentración de poder, llámese Álvaro Uribe o Pepe Pérez, el presidente. Aquí estamos asistiendo a un escenario de resquebrajamiento de la democracia -que se está yendo a pique- y de inoperancia del Estado para garantizar los derechos y los deberes de los ciudadanos.

En muchos sectores hay cansancio con el estilo uribista, ¿cree usted que esa aplanadora logrará lo que se propone?

No tengo ninguna duda de que el Presidente hará lo que sea, lo que toque hacer para quedarse en el poder. Su aplanadora funciona porque la alimentan desde el Gobierno con plata, puestos, contratos, amenazas e intimidaciones -en un estilo francamente siciliano- y los congresistas se dejan porque les interesa su reelección.

Aquí la política se está manejando al estilo capo: “Le voy a hacer una oferta que no va a ser capaz de resistir”.

Ese estilo siciliano se tomó parte del Congreso, pero hay encarcelados, juzgados y condenados por decenas. Y ¡siguen firmas!, porque el proceso no está acabado, ¿verdad?

¡Ni de lejos!, sigue y hoy hay sentencias judiciales que demuestran que la elección de congresistas y del Presidente, del 2002, fue en parte con fraude electoral y con coacción armada. Si uno mira los resultados electorales, por ejemplo en el Magdalena, cuyos congresistas están todos condenados, la mitad de ellos con confesión, ya no hay discusión de si hubo o no fraude electoral en ese departamento. Las mismas pruebas, testimonios, atipicidades, que se presentaron para esos congresistas se presentaron a favor de Álvaro Uribe tres meses después. La diferencia es que esto último está impune y ni siquiera se investiga, y si precluye, no pasa nada.

El ex presidente Gaviria ha sido muy duro en su advertencia de que traman el cambio de elección de Registrador porque se quieren robar las elecciones, si no obtienen los votos suficientes…

Basta recordar lo de Yidis y Teodolindo con la Corte Suprema y la Procuraduría. Con los mismos hechos que la Corte condena, la Procuraduría absuelve. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque cuando yo digo que harán lo que toque, estoy significando exactamente eso: si toca meter la mano en el referendo para usar la chequera y comprar votos, lo van a hacer. Si toca meter un mico para depurar el censo electoral, lo harán, si toca cambiar el registrador por si hay que modificar a última hora las planillas, lo harán. Esa aplanadora no hay quién la denuncie, ni quién la investigue. Las Cortes también tienen muchas limitaciones y la oposición es irrelevante.

¿Cómo analiza usted la evolución del talante presidencial, a partir de los cien puntos de su programa de gobierno de 2002, que nos mereció tanta esperanza, y lo que es hoy?

El Presidente ha sido consecuente con su visión histórica de la Seguridad. Álvaro Uribe fue el ‘Pacificador de Antioquia’, como gobernador y todo eso fue con abuso de las fuerzas militares en connivencia con grupos paramilitares, a través de las Convivir (eso es cada vez más claro), con una guerra sucia. En eso yo creo que el Presidente no ha cambiado. Fue el pacificador de Antioquia y ahora es el pacificador de Colombia con los mismos métodos y una política que logra hacer del odio y de la fijación sobre un enemigo público –las Farc- un propósito común que sume los apoyos de todos, porque la inmensa mayoría de los colombianos -incluyéndome a mí-, estamos interesados en que se derrote a las Farc. Es un propósito unificador que tapa todo lo demás. Volviendo a su pregunta, yo creía, como usted, que en ese plan de gobierno había un propósito de limpiar la política, de hacer de éste un estado democrático, moderno y transparente, que fue lo que, además de la seguridad democrática, propuso en su campaña. Un estado que promoviera la equidad, pero lo que ocurrió, en suma, es que nos quedamos con el pacificador y sin el estadista.

En consecuencia, ¿cree usted que todo este tema de la parapolítica, condenas, investigaciones, a la larga, no habrá servido de nada?

Ha habido un gran esfuerzo de la Justicia que no se puede demeritar y eso tiene un efecto ejemplarizante y esclarecedor, hasta dónde las sentencias permiten juzgar ciertos hechos. Pero es que las sentencias judiciales no cambian la política. La tienen que cambiar los ciudadanos, mandándole con su voto una señal distinta a los políticos.

¿Cree que aquí se enquistó, definitivamente, la impunidad en diferentes instancias?

Sí y desafortunadamente la impunidad social y política es mucho más alta que la impunidad judicial.

La impunidad social la tenemos que cambiar los ciudadanos con nuestra actitud, dejando de justificar toda la porquería que se hace en nombre de la justicia: ‘roban, pero hacen, matan, pero dan seguridad’.

Esa es una lógica contraria a la protección de los derechos y tan perversa que hoy les permite matar a otros, pero mañana los pueden matar a ellos mismos. Aquí se hace necesaria una nueva élite dirigente. que cambie la forma de hacer política en este país.

El desprestigio parlamentario es preocupante. ¿Cómo es posible que a través de una reforma el Gobierno no busque purificar el Congreso?

En las organizaciones sociales con las que trabajo siempre hemos estado atentos a tender puentes de diálogo y a ayudar si el Gobierno propone cosas que valgan la pena. En 2007 impulsó una reforma para sancionar la parapolítica. Se radicó un proyecto de ley y nosotros acompañamos ocho meses la Misión de Observación Electoral, Congreso Visible y viajamos por todo el país explicando la reforma; quince días antes de aprobarla el señor Fabio Valencia descubrió que iba a ser ministro y que sí se aprobaba la ley podrían estar en juego sus mayorías en el Congreso, lo cual no era cierto.

Ese cuento de que los votos uribistas iban a pasar del 70 al 40% por la parapolítica, es falso. Yo quedé muy desencantada porque, ¿cómo así que prefieren gobernar con la criminalidad, como cuando les dijo a los parapolíticos uribistas que siguieran votando mientras no los metieran a la cárcel?

¿Por qué hay tantas diferencias con Colombia en el tema del TLC con otros países?

Es que Colombia es el único país con un conflicto armado vigente, es un caso único. Yo le decía a Sander Levin, contradictor del TLC: empiezo por decirle que yo creo en el Libre Comercio y en el Capitalismo, pero este país lleva 50 años en guerra, tiene tres millones y medio de desplazados, diez mil desaparecidos, presenta una violación sistemática de los derechos humanos, tiene una contra reforma agraria y una apropiación de activos económicos hecha a punta de bala y violencia. Creo que la responsabilidad de todos ustedes -y nosotros- es asegurarnos de que si bien ni el TLC, ni la política del Plan Colombia, ni la de Derechos Humanos, van a solventar por sí mismas esos problemas, sí tenemos que cuidar que no los empeoren y no capitalicen una victoria ilegítima obtenida por ciertos sectores.

# “La impunidad social es mucho más alta que la impunidad judicial. La impunidad social la tenemos que cambiar nosotros”.

# “A la gente le gusta este Presidente porque comunica autoridad, seguridad y logros contra la guerrilla. Le gusta creerle a un gobierno que “por fin está haciendo algo para acabar con las Farc”.

# “Es una sociedad que justifica todo, a la cual el hecho de que haya falsos positivos, o que acaben con los contrapesos democráticos establecidos por la Constitución, no le parece ‘tan’ grave”.

# “Ha habido un gran esfuerzo de la Justicia que no se puede demeritar y eso tiene un efecto esclarecedor, hasta donde las sentencias permiten juzgar ciertos hechos”.