La implementación del Acuerdo de paz durante el gobierno de Iván Duque: Tendencia a la perfidia y simulación

El componente FARC de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y el Centro de Pensamiento y Diálogo Político ponen a consideración de la opinión pública el presente análisis sobre el proceso de implementación durante el gobierno de Iván Duque Márquez. El documento se ha elaborado considerando, por una parte, que la fase inicial de la implementación -tras la “implementación temprana” a la que se asistió durante el gobierno de Juan Manuel Santos-, ha entrado en una nueva etapa, en la que la prioridad otorgada a los desarrollos normativos (sin estar aún concluidos) ha cedido a los requerimientos derivados de los procesos de la planeación y las políticas públicas, así como de la financiación, incluyendo además los correspondientes ajustes institucionales para que éstos se puedan materializar efectivamente. Por la otra, teniendo en cuenta que, por la naturaleza del Acuerdo de paz y sus contenidos, la implementación se debe fundamentar en la atención del principio de integralidad, el cual supone la sincronía y secuencialidad de las políticas, medidas y acciones por parte del Gobierno, si en realidad se trata de atender los compromisos asumidos por el Estado al firmar el Acuerdo.

En ese sentido, el análisis que se propone trasciende los enfoques que privilegian balances de la implementación en la forma de listas de chequeo, y particular- mente aquellos que terminan proyectando una idea de progresión ascendente de la implementación, sobre la que únicamente tendría sentido producir alertas en relación con problemáticas, contingencias o restricciones que puedan ralentizar el buen ritmo de los avances.

El Acuerdo de paz posee un sistema relativamente robusto de la implementa- ción que resulta de los diseños contenidos en él, consistentes, entre otros, en el propósito de traducir todo su contenido al lenguaje de la planeación y la política pública, incluida la financiación. Lo anterior se materializó en el Plan Marco de Implementación, elaborado y aprobado por las Partes durante el gobierno anterior; a lo cual se agrega la existencia de un marco normativo derivado de los actos legislativos 01 de 2016 y 02 de 2017, respectivamente, así como del Documento CONPES 3932 de 2017.

Tomando como referencia todo ello, y a partir de la información disponible, el documento que aquí se presenta, se ha estructurado en tres partes: En la primera, “Configuraciones de la implementación”, se propone una valoración general del proceso durante el gobierno actual, que se sustenta tanto en las formulaciones y los lineamientos de la política de paz y de implementación anunciadas por el Gobierno, como en sus ejecutorias durante lo corrido del mandato presidencial. El análisis ha identificado como rasgos principales, por un lado, una reinterpretación de facto del Acuerdo que, además de desconocer aspectos sustanciales de su espíritu y letra, busca -en una visión sesgada- reducirlo a un acuerdo para la reincorporación y a una suma de medidas y acciones dispersas, que, además de romper el principio de integralidad, pretenden someterlo a la po- lítica general concebida para el actual cuatrienio presidencial. No es un secreto que, para este gobierno, el Acuerdo es una especie de anomalía con la que está obligado a convivir por no tener la fuerza política para desconocerlo explícitamente (dadas la importantes resistencias políticas y sociales), por su propia natu- raleza jurídica y por la fuerte presión de la comunidad internacional. Asimismo, como consecuencia de lo anterior, son, por otro lado, constatables la tendencia a la consumación de la perfidia y la apelación al recurso de la simulación de la implementación.

En la segunda parte, “Discurso y ejecutorias gubernamentales al desnudo”, se somete a un escrutinio riguroso el “Informe de gestión de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación para el periodo agosto 7 de 2018 a julio 31 de 2019”, que ha sido presentado a la opinión pública como la demostración no solo del compromiso del Gobierno de Duque con la implementación del Acuerdo de paz, sino en términos de los avances significativos que se podrían registrar a la fecha de corte del señalado informe. Sobre la premisa de una sesgada concepción de la implementación, se realiza el análisis de cada una de las afirmaciones sostenidas en ese documento, lográndose constatar que en la mayoría de los casos no se ajustan en sentido estricto al estado real de proceso, pues abundan las medias verdades, las imprecisiones, las ambigüedades y hasta las falacias. Se muestra que -desde una visión aparentemente gerencial y técnica- se trata más bien de realizar una acomodación a las necesidades políticas del Gobierno. En este punto es preciso reiterar que, al hacer esta afirmación, nuestro referente de análisis se encuentra en los instrumentos con los que fue dotado el Acuerdo para realizarle seguimiento a la implementación.

Con miras a aproximar elementos para valoraciones más complejas sobre la implementación e identificar de manera más precisa la orientación real de las políticas gubernamentales en la materia, en la tercera parte, “Interrogantes no resueltos”, se proponen preguntas básicas por cada uno de los puntos del Acuerdo de paz, que el gobierno de Duque y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación le deberían responder a la opinión pública.

El documento “La implementación del Acuerdo de paz durante el gobierno de Iván Duque. Tendencia a la perfidia y simulación”, aquí presentado, además de expresar la preocupación por el estado de la implementación, es al mismo tiem- po un llamado a rodear y apoyar el Acuerdo de paz, devenido en bien común y garantía indiscutible para avanzar en transformaciones mínimas requeridas por la sociedad colombiana, si en verdad se piensa en el bienestar y el buen vivir del conjunto de la sociedad colombiana. Y desde luego, para enfrentar las resistencias sistémicas de variada índole que históricamente han impedido cualquier propósi- to de reforma, hoy expresadas explícitamente en el proyecto político que gobierna actualmente en el país.

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