La contrarreforma agraria
LA élite terrateniente Colombiana se venía debilitando históricamente hasta los años ochenta del siglo pasado.
Venía perdiendo participación en el producto nacional y los mejores negocios eran para los empresarios modernos que les arrendaban sus tierras o para los ingenios mejor estructurados en el caso de la caña de azúcar. En política había tenido que confrontar un movimiento campesino alentado desde el mismo Estado que se radicalizó en los setenta y que fuera reprimido con cierta violencia y con la cancelación de la reforma agraria en curso.
En la siguiente década ocurrieron dos hechos que marcaron profundamente la cuestión agraria en el país: los movimientos insurgentes se propagaron en muchas regiones, aprovechando el descabezamiento del movimiento campesino legal, y el narcotráfico se consolidó como uno de los negocios más prósperos que había aparecido en toda la historia de Colombia.
Los narcotraficantes adquirieron grandes globos de tierra para adquirir una raigambre en lo que ha sido tradicionalmente la base fundamental del poder político en Colombia y, al mismo tiempo, tomaron la iniciativa de enfrentar directamente a los movimientos guerrilleros, organizando grupos militares privados. La defensa de la propiedad en general les sirvió de vehículo de entrada a los círculos regionales de poder y a establecer alianzas con las brigadas militares de las zonas azotadas por la insurgencia. Los territorios que liberaban se valorizaban doblemente por superar la amenaza a la seguridad de los derechos de propiedad de los terratenientes y por la demanda que ejercían los ‘narcos’ sobre un mercado de tierras que por definición es rígido (de eso ya no hacen, dicen los campesinos).
Algo que ha pasado inadvertido y que ha traído a cuenta el investigador Francisco Gutiérrez Sanín, es que dentro de los ganaderos en particular, cuya actividad estaba especialmente azotada por las Farc y el Eln, hubo importantes líderes que se criminalizaron: se metieron al negocio del narcotráfico y asumieron la dirección de varias asociaciones de grupos paramilitares. Las Farc a su vez desplazaba población que había caído anteriormente bajo el control territorial de los ‘paras’ y en donde ejercía dominio se quedaba con las propiedades que incautaba a los colonos más prósperos o que sospechaba de enemigos.
Se despeñó entonces una radical contrarreforma agraria que se apoyó en el desplazamiento masivo de vastos territorios del país. El 8% de la población fue aterrorizada para abandonar sus parcelas, casas, herramientas, muebles y otras pertenencias. Los predios pasaron a ser ocupados por los lugartenientes de los ‘paras’, por los mismos jefes en el caso de las propiedades más valiosas o por los jefes de las Farc, que es identificada por la mitad de los desplazados como la que motivó su salida del territorio afectado.
La contrarreforma agraria afectó tres veces más área poseída que la reforma agraria que se inició en 1961. De una de las más agudas concentraciones de tierra en América Latina se pasó al primer lugar de iniquidad en el más desigual de los continentes del mundo.
La contrarreforma está pronta a legalizarse gracias a que el Ejecutivo ha sido conquistado por un Presidente que se identifica como hacendado y quien aspira a controlar la política nacional por varias décadas. El Congreso, entre tanto, cuenta con una desproporcionada representación de la élite terrateniente que viene legislando sistemáticamente a su favor, para legalizar el despojo.
*Decano Universidad Jorge Tadeo Lozano