Juzgado de Barranquilla ordenó suspensión temporal de predio El Tamarindo.
Uno de los medios de protección de los derechos de comunidades desplazadas desde 1999 que se ubicaron en el predio El Tamarindo en Barranquilla, Atlántico, ha sido el ejercicio de mecanismos constitucionales y legales para proteger los derechos al uso de la tierra en medio de sus actos de afirmación pacífica de sus derechos.
El pasado martes 19 de noviembre el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes de Barranquilla ordenó la Medida Provisional para los integrantes de las 75 familias de la Asociación ASOTRACAMPO, que habitan en cuatro sectores del predio El Tamarindo
En representación de las víctimas nuestra Comisión requirió vía tutela la suspensión de toda diligencia de cumplimiento o seguimiento y control de los fallos policivos de amparo a la posesión contra los predios Beitjala, Campo Natasha, El Mirador y Granja Latina en El Tamarindo.
Los habitantes de buena fe desde hace 14 años han sido vulnerados y amenazados por la actuación arbitraria y violenta de la Alcaldía, la Policía Distrital y las Inspecciones de Policía de Barranquilla, con desalojos por la fuerza, amenazas, destrucción de sus viviendas y cultivos y bienes de supervivencia e incluso con operaciones de tipo paramilitar.
Estas actuaciones contra la vida e integridad se han pretendido legitimar en múltiples ocasiones, mediante procesos policivos abiertamente violatorios al debido proceso, sin consideración de su calidad de víctimas de desplazamiento forzado y ocupantes de buena fe e irrespetando los acuerdos a los que se ha llegado con autoridades locales y regionales del Atlántico.
La Acción de Tutela pretende proteger los derechos fundamentales a la vida, la igualdad, el debido proceso, el trabajo, y los derechos constitucionales sociales y económicos a la vivienda digna, a la propiedad y a la tierra en conexión con el derecho fundamental a la vida digna de los integrantes de ASOTRACAMPO.
Mientras la Acción de Tutela es resuelta la medida provisional suspende los
desalojos
La Tutela deberá ser decidida en los próximos días y de ser favorable a las familias sentenciaría la nulidad de los procesos civiles de policía, la suspensión indefinida de cualquier desalojo, la restitución de las familias desplazadas a las franjas de las que fueron desalojadas por la fuerza, y la indemnización por los daños y perjuicios materiales de los que han sido víctimas.
Un fallo en derecho, deberá hacer valer el Estado Social y Democrático de Derecho al radicar la protección estatal en las familias organizadas en ASOTRACAMPO, que ante la negligencia de las instituciones para dar pronta solución a su situación de desplazamiento, decidieron establecer sus economías agropecuarias campesinas y fundar un proyecto digno de vida en tierras de El Tamarindo, tierras que permanecían ociosas e inexplotadas pero que desde hace unos años dada la riqueza petrolera en el subsuelo y el espacio estratégico que ocupa para centros hoteleros, portuarios, vías carreteables Autopista del Sol Ruta Caribe, urbanísticos en la Zona Franca Zofia, se convirtió en importante para los intereses privados de emporios familiares y políticos.
La actuación en derecho será tal si se ordena una investigación de la conducta cómplice de las autoridades demandadas que ha favorecido los intereses privados de prestantes familias de costa como los Char, Abadala Saieh y Muvdi, así como de las sociedades Inversiones del Prado Abdala Saieh y Finanzas Del Norte, Invermas y Negocios Abdala Tarud.
Bogotá, D.C. 22 de noviembre de 2013
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz