Justicia e Injusticia?
Desde 1996 se conocen los primeros hechos, la masacre de Brisas de Curvaradó y pasaron casi 13 años para que se abriera una investigación penal. Durante este período de inacción penal, se produjeron nuevos asesinatos y desapariciones y desplazamientos forzados para asegurar el despojo.
La semana pasada en Medellín en etapa de juicio se alegaban con argumentos sólidos la responsabilidad de sectores empresariales en crímenes de lesa humanidad y daños ambientales, y otras conductas penales.
Se cuentan por cientos los atentados a la vida e integridad. Más de 160 asesinatos y desapariciones forzadas y 15 desplazamiento forzados, usurpación de tierras para siembras de palma, de yuca, de banano y ganadería extensiva bovina y bufalina, así como, fraudes procesales, montajes judiciales.
La semana pasada en Medellín en etapa de juicio se alegaban con argumentos sólidos la responsabilidad de sectores empresariales en crímenes de lesa humanidad y daños ambientales, y otras conductas penales.
La misma argumentación da cuenta de graves omisiones en la investigación de la Fiscalía General de la Nación que en el proceso 3856, llamado de la paraeconomía, no ha investigado a generales y comandantes de la brigada 17 desde 1996 hasta 2006, con base en testimonios de paramilitares. Omisión bajo la cual se ha protegido a grandes beneficiarios empresariales como la familia Zúñiga Caballero, el General Pauselino Latorre, Antonio Argote, Ramiro Quintero, William López, William Ramírez, Jesús Lopera, Jesús Correa y Luis Felipe Molano, entre otros. Estos a pesar de las pruebas aportadas no fueron vinculados en la investigación. Los chivos expiatorios son empresarios, algunos de poca monta, muchos intermediarios, pero los duros de la empresa económica con medios criminales se encuentran en absoluta libertad.
Tal vez, esta situación explica porque en el Curvaradó y Jiguamiandó la ocupación empresarial no cesa, y se han ido constituyendo nuevos paramilitares y grupos armados para proteger la riqueza mal habida.
Algunos de los medios para desvirtuar el acervo probatorio allegado por las víctimas y sus representantes han sido el montaje mediático con campañas de estigmatización y el montaje judicial.
Precisamente a través del proceso penal 2022 se ha pretendido vincular a las víctimas con la guerrilla de las FARC, se les ha acusado de ordenar desplazamiento y la comisión de otros crímenes. Así, han pasado ante la opinión nacional y muchos en los expedentes de la Fiscalía como integrantes de la guerrilla. Tamaña pretensión de personas vinculadas con los empresarios se han convertido en un obstáculo para el esclarecimiento judicial y sobre todo ha servido al Fiscal hacer posar falsamente a la justicia como algo qué no es.
El desarrollo del proceso 2022 ha sido usado por los criminales como un mecanismo de presión para generar parálisis y terror en las comunidades. Se ha conocido hoy que varios integrantes de las comunidades, denunciantes en el proceso 3856, pasan al banquillo de los acusados. En efecto, al menos a 4 destacados líderes comunitarios se las ha impuesto medida de aseguramiento en su contra, al considerar falsamente, que pertenecen a la guerrilla de las FARC, algunos de ellos, incluso, como comandantes de milicia al interior de la organización ilegal. En consecuencia, se han reiterado las órdenes de captura que pesan en su contra.
La justicia no es lenta ni coja, no llega porque los avances son simplemente publicitarios. No se avanza en el fondo de una estructura criminal, se protege a los participes institucionales y a poderosos sectores empresariales, y evidentemente para posar de neutral, sin argumentos controvertidos persigue penalmente a algunos de las víctimas del despojo. A eso le llama justicia
Bogotá, D.C. 23 de julio de 2013
Comisión Interclesial de Justicia y Paz