Juez ordenó medidas a favor de comunidades étnicas del Valle y sur del Chocó por Covid19

La Jueza Segunda Administrativa de Quibdó ordenó al gobierno nacional medidas de protección en materia de salud, alimentación y agua potable a favor de comunidades afrocolombianas e indígenas del Bajo San Juan y Bajo Calima en Buenaventura, Valle del Cauca y Litoral San Juan, en Chocó, y especialmente en favor de los menores de edad.

En el fallo de una tutela interpuesta por nuestra Comisión de Justicia y Paz se ordena: (i) la prestación integral del servicio de salud; (ii) aplicación de pruebas de detección de Covid-19, (iii) suministro de elementos de bioseguridad, (iv) disposición de medios de transporte de uso exclusivo para fines médicos y humanitarios, (v) suministro de agua permanente y (vi) suministro de insumos y paquetes alimentarios. 

Asimismo, ordenó la conformación de una Mesa Interinstitucional de Diálogo conformada por autoridades del orden nacional, regional y local, junto a los beneficiarios, con el fin de identificar las causas históricas de desnutrición, falta de acceso a agua potable y acceso a salud de los niños de las comunidades, para que se formulen e implementen medidas que permitan garantizar los  derechos de los menores. La Comisión  tendrá un año para realizar esta misión, la cual será vigilada por la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

La tutela interpuesta  en representación del Consejo Comunitario de Cabeceras, el Resguardo Indígena Wounaan de Pichimá Quebrada, el Resguardo Indígena Humanitario y Biodiverso Wounaan de Santa Rosa de Guayacán y Resguardo Indígena Wounaan de Unión Agua Clara se sustenta al juez de tutela cómo estas comunidades históricamente han tenido que sufrir violencia armada, condiciones de desnutrición y falta de acceso a agua potable y a servicios de salud, los cuales, están colocando en riesgo sus derechos fundamentales a la vida en el contexto de la pandemia. 

Actualmente estas comunidades sufren un doble confinamiento por dinámicas armadas regulares e irregulares en sus territorios y ahora por el Covid-19. El desarrollo del conflicto armado les ha impedido sembrar, cazar y pescar con el fin de procurarse sus propios alimentos, situación agravada por la sequía que ha destruido varios de sus cultivos. La  falta de agua potable y la inadecuada alimentación han generado condiciones de salud precarias y la aparición de enfermedades infecciosas, vómito, diarrea, entre otras. Todas estas condiciones, junto a la falta de acceso a servicios de salud, exponen a un grave peligro a estas poblaciones en caso de que llegue a presentarse un contagio del Covid-19.

En días pasados, esta comunidad había exigido a través de dos cartas pública del 18 de marzo y 9 de abril, una respuesta a su propuesta de Acuerdo Humanitario Global  y medidas de atención en salud  (agua potable, saneamiento básico) y alimentación para  afrontar preventivamente el COVID-19, sin que hasta el momento el presidente de la República se haya pronunciado . (https://www.justiciaypazcolombia.com/2da-carta-abierta-salud-alimentacion-agua-urgente-y-respuesta-a-acuerdo-humanitario-globalcovid19/)