Jani cuida a las aguas de los peligrosos del petróleo y a su gente de la pandemia
Por: Diana Salinas Plaza
Si Colombia fuera un cuerpo de mujer, la región de La Perla Amazónica, en el Putumayo, estaría ubicada en su vientre bajo. Allí, hace parte del ecosistema el río que lleva el nombre del departamento que, cual culebra, se enrosca y retuerce para drenar una cuenca de 148.000 kilómetros cuadrados que se extienden por 1.813 kilómetros de agua. Es, además, una frontera natural con Ecuador, país vecino al sur del país; su fuerza avanza y atraviesa los límites hacia Perú y Brasil.
Un plano aéreo mostraría que es un nervio del planeta, cuyas aguas color café desembocan en un brazo medio de su majestad el río Amazonas. Las ramificaciones en esta parte del continente son esos canales de agua que cuidan y mantienen con vida a Jani Rita Silva Rengifo y a los habitantes de 23 veredas que la acompañan. Pero la vía que conduce desde Puerto Asís hasta La Rosa, cerca de cinco mil hectáreas de su territorio, es una herida abierta que las petroleras le abrieron a ese vientre que alberga agua y que, en vez de ser tratado como un lugar sagrado, acumula cicatrices negras que la explotación del petróleo va dejando hinchadas en la tierra.
Imagen satelital. Bloque Platanillo.
— Por el tema de la vía estoy más amenazada que otra cosa. Te pediría prudencia con cosas. Yo te las podré decir así como son, pero sí te pediría mucha prudencia. —Insiste, Jani.
— ¿Por qué las amenazas?—pregunto.
— Nosotros comenzamos a denunciar temas ambientales con la petrolera y ahí empezaron las amenazas.
Jani lo ha visto todo a sus 57 años desde ese poderoso vientre de Colombia, pero la llegada de una pandemia no la vio venir. El confinamiento obligatorio la obligó a estar encerrada durante varios meses y a merced de las personas que la amenazan. De repente ella, campesinos y habitantes de la Asociación del Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (Adispa) –que integran para la sostenibilidad ambiental de su territorio– quedaron distanciados hasta que el dos de julio, día en el que se percataron de un derrame de 3.000 litros de “Fuel Oil”, es decir diesel, en la Plataforma 1 del Bloque Platanillo. Esta es, en efecto, la razón de ser de la cicatriz que dejó la construcción de la vía.
Cuando campesinos de las comunidades de La Alea, Peneya y Bajo Mansoyá llegaron al área afectada vieron decenas de peces muertos. El diesel se derramó en la quebrada La Sevilla, que desemboca unos cien metros aguas abajo sobre el río Mansoyá. Un comité integró la verificación tras el derrame y estuvo compuesto por gente de la empresa petrolera, Corpoamazonía, miembros de Adispa, las Juntas de Acción Comunal de las veredas mencionadas y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Fue así como el comité de verificación le señaló a la empresa Amerisur Resources, la empresa británica que al parecer aún opera los pozos petroleros en el Putumayo, que la distancia mínima entre la Plataforma 1 y el río debe ser de 100 metros y ellos están entre “27,57 metros”, incurriendo en una infracción ambiental. Respetar esa medida habría evitado que el derrame llegara al cuerpo hídrico. La estructura que se rebasó de diesel pudo haberse monitoreado y cerrado a tiempo, porque depende de una llave manual. “No existe una información preliminar que diera cuenta de un diagnóstico inicial de especies afectadas, información que debe estar contenida en evaluación de impacto ambiental realizada de manera previa a la intención de la plataforma”, consignaron en el informe escrito a mano y casi en streaming, o sea, en tiempo real, campesinos, hombres y mujeres integrantes de Adispa, que junto con Jani son vigilantes de su territorio. También le hicieron ver que ese derrame afectaba el derecho humano hídrico de las poblaciones cercanas y le preguntaron cómo lo iban a reparar.
Que la comunidad llegara a este nivel técnico de inspección ambiental se debe a los accidentes del pasado. Aprender que esos ríos y la selva amazónica les pertenecen ha sido una construcción de dos décadas en las que entendieron que, si no están vigilantes, los gobiernos con sus cegueras y desde su operación en la capital, Bogotá, no lo van a hacer. Al menos no con el nivel de experticia que tienen desde el territorio. Sencillo: no hay a quienes les duelan más esas cicatrices que deja la explotación del petróleo que a ellos mismos. La comunidad de la reserva construyó un Plan de Desarrollo Sostenible que ha mejorado con el paso del tiempo, en el que tienen monitoreada gota a gota a la petrolera.
Foto tomada de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc).
Se siente, por pocos segundos, que la voz de Jani lleva angustia. En otras frases ese sentimiento se torna en cansancio. Ella sabe que si no cuenta la historia las veces que sean necesarias vendrá el olvido. Y no. No puede permitir eso, menos ahora. Por eso su voz toma aliento y continúa con fuerza en esta entrevista.
—El plan de desarrollo lo construimos nosotros con recursos nuestros y apoyo del gobierno. La actualización la hemos hecho con el poquito apoyo de cooperación internacional, pero muy mínimo, como ocho millones de pesos. Para nosotros la actualización [de este documento] tiene las mismas características de un ejercicio propio de vida y muestra cómo queremos el territorio, cómo queremos vivir. En cambio, el plan de manejo ambiental que ellos hacen se lo pagan a un operador y ese operador lo construye sin tener en cuenta lo que tenemos nosotros, siendo que ellos están interviniendo la zona.
Ese documento de orden territorial y ambiental de la comunidad no contempla la perforación y extracción de más petróleo en el territorio. Pero en la Zona de Reserva Campesina (ZRC) no contaban con que el año pasado, Amerisur, fuera adquirida por la británica GeoPark en una transacción que les costó 42 millones de euros. Así lo comunicaron el 15 de noviembre de 2019 en un documento ejecutivo: “La adquisición de Amerisur está en línea con la estrategia de expansión continua de GeoPark, que apunta a alcanzar la meta de largo plazo de producir 100.000 boepd [barriles de petróleo por día] y aún más”. GeoPark llegó pisando fuerte y anunció que “incorporará doce bloques de producción, desarrollo y exploración de petróleo” en el país y que de esos, once serán operados en la cuenca Putumayo.
Según lo menciona la página web Crudo Transparente, la Agencia Nacional Minera (ANH) reportó que el Bloque Platanillo produjo 1.369.440 barriles de crudo en 2019. Señaló la misma fuente que en mayo de 2020 el mismo bloque sacó 451.980 barriles por la coyuntura mundial de la pandemia que bajó el rendimiento usual.
— No paró la producción de petróleo, ¿hay enfermos de covid en la Zona de Reserva Campesina? — pregunto a Jani.
— Vuelve y juega. Hay veredas que hacen parte del sector petrolero en las que había personas afectadas con covid por estar trabajando directamente en las plataformas. La gente dice que el primero que contagió a los demás fue alguien que entró a la otra plataforma con un mulero que tuvo la enfermedad y parece que contagió a más de uno. Nos informan que la empresa no quiso entrar en cuarentena, entonces lo que hizo fue que el que está enfermo lo manda para la casa. Es una acción irresponsable. Lo que sí se puede dejar bien claro es que salieron personas positivas para covid y que sigue habiendo algunas infectadas.
Dice también que esos trabajadores de la plataforma Platanillo salieron hacia sus casas, ubicadas en las veredas en los sectores 1 y 4 de la ZRC, sector de la vía entre Puerto Asís y La Rosa, territorio fronterizo por donde pasa gente directamente al Ecuador por El Palmar. Según el Instituto Nacional de Salud, en el Putumayo hay 3.401 casos y 154 personas fallecidas al 16 de septiembre por el coronavirus. Señala el informe que en el 64 por ciento de los casos las personas afrontan la enfermedad en la casa.
Sea como fuere, todo parece indicar que esa cicatriz –que representa esa vía– le sirvió de carretera a la enfermedad para llegar a los campesinos de la zona de reserva. Aunque Jani conoció el caso de una campesina que murió por temas respiratorios y se comunicó a la población de su fallecimiento por el virus, dice no tener aún certeza de víctimas fatales.
Foto tomada de Geopark
Jani no es oriunda del Putumayo y cuando llegó a este territorio ya era tarde. Desde muy temprano, en 1942, la Texas Petroleum Company había instalado la explotación petrolera. De lo contrario, con la fuerza que tiene y el rigor ambiental con el que defiende las aguas del río Putumayo –y de todas las cuencas, ojos de agua, aljibes y humedales– los habría sacado a punta de veeduría, como hace cada vez que Amerisur (ahora Geopark) tiene accidentes de derrames del crudo y sus derivados. Pero casi todo el departamento lo cubre una sombra gris de bloques petroleros, según el mapa de Corpoamazonía levantado en 2008. Y Jani, que venía de Leticia, Amazonas, el departamento contiguo en el que nació, no podía hacer mucho al respecto para luchar por la expulsión de las empresas extractivistas.
Cuando se percató de la llegada de Amerisur al territorio ya había corrido mucha agua por ese río: la Texas le había cedido sus pozos a Ecopetrol en 1981 y, años después de algunas perforaciones como el Pozo Alea-1, del que no sacaron más de 533 barriles de aceite, el experimento resultó “poco atractivo” para la empresa colombiana.
En el año 2004 firmaron entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Repsol YPF y Ecopetrol una evaluación técnica en la vereda Alea para explorar durante catorce meses. Así lo consignaron en el estudio de impacto ambiental que realizó Corpoamazonía en 2011, que modificó la resolución 2531 de diciembre de 2009 otorgada por el entonces Ministerio del Medio Ambiente a Amerisur para el proyecto “Área de Explotación de Hidrocarburos Platanillo”.
Foto del concepto técnico de Corpoamazonía.
— Pues el trabajo nuestro empieza con Animadores de la fe. Se empezó a hacer con el padre Luis y con el padre Alcibes. El programa consistía en que por veredas se elegían dos o tres personas que eran las que estaban en contacto con la parroquia conociendo el trabajo comunitario y nosotros veníamos trabajando mucho, pero con mingas y con las comunidades sobre no tumbar las orillas de los caños [ríos]. Empezamos con el tema de la producción alimentaria. Supongamos que todas las familias eran conscientes de que había que producir, pero de una forma ojalá orgánica, que había que tener en cuenta que todos y cada uno de los animalitos que había en el entorno tenían una función: desde una lombriz hasta una mosca. Eso se empezó a trabajar con la comunidad y luego ya con el trabajo ambiental empezó el tema de la coca.
Cuando entró Amerisur, entidades encargadas de vigilar y proteger ese vientre amazónico como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Corpoamazonía y la ANH dieron conceptos positivos y los permisos necesarios para que no solo entrara a operar los bloques existentes. También para perforar 55 pozos más.
Entonces ahí fue cuando los ríos Piñuña Blanco y el Mansoyá, cercanos al Bloque Platanillo, quedaron más vulnerables que nunca. Fue esa alarma ambiental de instalar una producción petrolera cerca, entre otras, la que sirvió de perfecta excusa para crear Adispa. Y ese fue el giro del destino que terminó por empujar a Jani, sin remedio, a defender ese vientre ambiental a capa y espada.
— Eso fue en 2007. De un momento a otro nosotros tuvimos que dejar de hablar y de decir que éramos Zonas de Reserva Campesina, de hecho la zona nuestra quedó inactiva porque a todos los líderes nos tocó quedarnos quietos porque nos iban a matar. En ese tiempo fue cuando nos dimos cuenta de que el gobierno había entregado en concesión parte de la ZRC y que en este momento la explotación petrolera trajo lo que ahora es la carretera, lo que ellos llaman ‘el corredor Puerto Asís-La Rosa’. Hay como seis veredas, que están dentro de ese bloque petrolero, que entregaron en concesión.
Es que para finales de la década de 1990 en el Bajo Putumayo hacían presencia varios grupos: la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los paramilitares con el Bloque Sur Putumayo y los cocaleros. A la par, los y las campesinas como Jani Rita estaban marchando por el derecho a tener ZRC, una figura de asociación rural que les permite consolidarse para, entre otras cosas, defender el territorio ambientalmente. De acuerdo con Anzorc (asociación que agrupa a todas las zonas de este tipo en el país a través de esta figura jurídica amparada en la resolución del Incora 0069 del 18 de diciembre de 2000), los campesinos y campesinas pueden “crear instrumentos de protección para sus parcelas, frente a la presión de los latifundios, garantizando una oferta adecuada de servicios. Los campesinos se comprometían a defender y proteger los recursos naturales”.
Este ambiente en el departamento llegó a su momento culmen con un paro cocalero muy tenso. Los campesinos y habitantes pedían a gritos a los gobiernos de Ernesto Samper y de Andrés Pastrana, opciones de sustitución de cultivos como el de la coca. Acto civil que no fue apoyado por los cocaleros, por supuesto. Fueron las FARC quienes los obligaron a apoyarlo, según consta en los documentos oficiales de Adispa.
— Esto es en el 96. Entre varios hablábamos que casi todos los muchachos tenían un cuarto de hectárea de coca, hoy no vale nada, pero en ese tiempo tener un cuarto de hectárea de coca era tener platica, pues al menos tener para sostenerse. Entonces, usted veía a cualquier muchacho con un cuarto o media hectárea de coca sembrada y de un momento a otro, ya en el 2000, 2002, 2003, usted los veía con plata en el bolsillo y con un gallo debajo del brazo y en la gallera jugando gallos y tomando aguardiente, cerveza, ron, lo que saliera, incluso con un arma en la cintura y no precisamente porque se fueran a meter a un grupo, sino porque eso se volvió una cultura del cultivador de coca.
Es por esos años que los y las campesinas decidieron organizarse. Así como los ríos que son fieles a su cauce, 2.727 campesinos, unas 800 familias de 23 veredas se juntaron para crear la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica de 22 mil hectáreas, en la que pasaron a ser corregimiento fronterizo con Ecuador. Esto fue empezando milenio, entre los años 2000 y 2001.
Lo que despertó a Jani con la explotación petrolera, siete años después, fue la construcción de la carretera que arranca en Puerto Asís y conduce a las veredas Alea, La Rosa, Comandante, Sevilla, Bajo Mansoyá, Monteverde, Baldío, Peneya y Canacas. La vía de 28 kilómetros acompaña la misma dirección de la corriente y el trayecto del río Putumayo, casi en paralelo. Si bien es imposible que los paralelos se toquen, en este caso la carretera tiene unos metros en los que se acerca tanto que casi besa al río, pero se levanta para seguir unos pocos kilómetros en la misma dirección.
En las 22 mil hectáreas de la zona de reserva, Jani y su comunidad tienen un dolor de 4.632 hectáreas en Alea llamada Amerisur. Empezaron en 2007 con la solicitud de la licencia ambiental de 936 hectáreas y dos años después solicitaron cuatro mil más.
— Nosotros ya veníamos adelantando la carretera Puerto Asís-Alea a punta de pala y con esfuerzo propio. La hicimos casi a punta de mingas. Entonces, cuando entra la empresa y dicen que ellos se van a hacer cargo de la construcción de la vía, la gente también se relajó, ellos entraron a la construcción de la vía para poder meter las tractomulas y todo lo que iban a hacer para abrir la plataforma y eso fue de un momentico a otro que la hicieron, eso no demoraron mucho. Todo lo que es humedal lo atravesaron con máquina y sacaron tierra por los lados para hacer la vía. Por eso es que si usted viene desde Puerto Asís hay una parte en el que hay lagos al lado y lado de la carretera, pero no son lagos, son los huecos que hicieron que se llenaron de agua y al mismo tiempo de zancudos. Incluso la gente se quejaba porque esos largueros de huecos no les permitía ni siquiera tener contacto desde su finca hacia la carretera, muchos propietarios tuvieron que hacer puentes para poder pasar por encima de esos huecos laterales.
En la legislación colombiana es obligatorio consultarle al Ministerio del Interior si en los territorios donde se quiere extraer petróleo hay presencia de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, minorías y del pueblo Rom antes de la irrupción que traen estos proyectos mineros a sus territorios y, por supuesto, antes de otorgar las licencias. Según reseña el portal Crudo Transparente, como esta entidad nacional negó la presencia de estas comunidades, Amerisur no realizó consultas previas a los indígenas que habitan resguardos en el territorio. Menos a los campesinos de La Perla Amazónica en donde instalaron el Bloque Platanillo.
— No tuvimos apoyo del gobierno municipal y departamental, mucho menos nacional. Pero a los diitas abrieron la vía desde Alea a La Rosa, atravesando todo el humedal que ya Corpoamazonía había dado un concepto negativo a nosotros cuando hicimos la propuesta en relación a la construcción de esa vía. Pero con la empresa, Corpoamazonía hizo caso omiso y la vía atraviesa todo el humedal cortando el cordón biológico que existía. Nosotros tuvimos ocasión con la Procuraduría Ambiental de visitar el ecosistema, incluso encontramos una danta atravesando la carretera y en esos días también un jaguar mariposa se comió los terneros de por ahí, según los biólogos era por haber cortado el cordón biológico de este sector con esa vía.
Los campesinos de este puntito poderoso del país ya saben las consecuencias ambientales directas de la actividad petrolera: desestabiliza el ecosistema amazónico porque estas compañías incurren en vertimiento de desechos contaminantes, deforestación, lo que provoca la erosión del suelo. En 2011, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) denunció que Amerisur estaba vertiendo aguas contaminadas directamente al río Putumayo y el derrame de petróleo en aguas de una quebrada que desemboca en el mismo río.
— Cuando ya empezaron a explotar la plataforma de [la vereda] La Rosa tenían una manguera de vertimientos directo al río Putumayo. La gente sufrió consecuencias, tuvieron enfermos y eso se denunció después de muchos días y después de haber mucha gente expuesta a ese tipo de contaminación. Nos dimos cuenta de que no tenían permiso para hacer vertimientos al río Putumayo. Luego, creo que más o menos en 2016 pusieron un tubo por debajo del río Putumayo, una línea de perforación, dicen ellos, que le pasaron por debajo del lecho del río para pasarla para Ecuador, donde la gente también se volcó a las vías para decirles que no pasarán esa línea y esta es la hora que no se sabe cuál es el llamado de atención o cuál ha sido el problema que tuvo la empresa por pasar por alto el tema de los protocolos y compromisos ambientales. Sigue habiendo derramamientos de crudo porque cuando llueve pasan los accidentes, porque se rebotan las piscinas y siempre la población es la que se ve afectada por el tema del agua.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz acompañó estas y otras denuncias previas en las que le solicitó a la Contraloría General auditoría “al proyecto de hidrocarburos bloque Platanillo”. Si bien obtuvo hallazgos con posibles incidencias disciplinarias, esta entidad archivó el expediente bajo el argumento que “no encontraron evidencias o pruebas que permitieran determinar un daño patrimonial al Estado”.
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Quizá Jani no ha caído en cuenta, y por eso no lo mencionó en la entrevista, pero este año dejó ver sus signos de violencia días antes de que el gobierno de Iván Duque decretara la emergencia en marzo, a causa de la pandemia.
— No, es horrible. Al menos para mí porque, pues, los primeros días estuve encerrada y con esas amenazas y persecuciones. También sin poder ir a la finca, pero también con el miedo de contagiarme me llevó a estar casi tres semanas en cama, yo al menos duré así.
El sábado 23 de febrero a las 3:15 de la tarde desaparecieron a una pareja en el sector de La Playa de Hong Kong. Se trató de Darwin Osvaldo Reyes y Rocío Milena García, ambos campesinos de la ZRC La Perla Amazónica que lidera Jani Rita. Los dos estaban suscritos al Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y ese día fueron vistos en el Banco Agrario cobrando los dineros del Plan de Atención Inmediata (PAI). Eran también víctimas de desplazamiento forzado por hechos que sucedieron en el territorio, en 2013. A los cuatro días de haber emprendido la búsqueda, sus cuerpos aparecieron en el río Putumayo, todo esto según Adispa reportó los hechos al personero municipal.
Los Acuerdos de Paz firmados en el gobierno anterior con las FARC traían el punto cuatro que contemplaba la sustitución de cultivos ilícitos, pero ante la falta de incentivo y el cumplimiento de ese punto hay campesinos que volvieron a sus viejas siembras de coca. Y no se había levantado la cuarentena en el país cuando el 30 de junio llegaron militares de la brigada 27 de selva al caserío de San Salvador, Sector 2 de La Perla Amazónica para erradicar las plantas.
— Lo que ellos dicen es que están dispuestos a defender las pocas matas que tienen, porque comparado con lo que había antes, ahora no hay nada. Simplemente lo que hizo el gobierno fue dar doce millones de pesos y no a todas las familias. Y creen que con eso ya tuvieron suficiente. Entonces la gente por tener esos doce millones quitó las matas [coca] y ahora hay otra mezcla de necesidades. Entonces no se tiene la culpa de que los campesinos se hayan metido en ese programa de erradicación y el gobierno no haya cumplido.
Ahora, con el tema de la relación de la sustitución de cultivos de coca, Jani cree que las desapariciones y asesinatos recientes pueden venir por ahí. También las amenazas.
— También los grupos que llegan, sabemos que a esa gente no le conviene que los campesinos estén organizados y que queramos unas condiciones de vida digna y que queramos mirar otras opciones de cultivo. Eso es una cuestión que no se sabe, que le corresponde a la Fiscalía y de la cual no ha hecho ninguna clase de averiguación con respecto a las investigaciones… En estos dos últimos años no ha habido amenazas, ha habido búsquedas, han llegado a mi casa, he tenido que volarme de la finca y he tenido persecuciones aquí en la casa en Puerto Asís.
La caseta de encuentro de Adispa y la ZRC La Perla Amazónica está sobre un potrero verde que resplandece con la luz del sol, cerca al río Putumayo. Para afrontar la pandemia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) les donó tapabocas y la Comisión Intereclesial que los acompaña en su trabajo ambiental les aportó amonio cuaternario para que en las casas de los campesinos y campesinas puedan fumigar.
— Este virus hace más difícil el trabajo y menos productivo, porque toca trabajar más pero se llega a menos personas. Yo te digo, esta semana y la antepasada fue casi de visita casa a casa a ver a los niños y las niñas que están en el programa que están adoptando los árboles y hoy pues teníamos una reunión un poquito amplia, por ahí como de dieciocho personas, pero como tenemos una caseta bastante grande sí podemos aplicar el protocolo de bioseguridad, a cada uno se le entrega su tapabocas, y antes de cualquier reunión, los muchachos tienen que enseñar los protocolos de bioseguridad, tomarse diez minutos para generar conciencia de cuidado.
Jani no para. Así como el río Putumayo y el vientre amazónico, ella –junto con su gente– no deja de fluir y cuidar la vida.
Este artículo hace parte de la serie periodística #DefenderSinMiedo: historias de lucha de mujeres y hombres defensores ambientales en tiempos de pandemia. Este es un proyecto del medio independiente Agenda Propia coordinado con veinte periodistas, editores y medios aliados de América Latina. Esta producción se realizó con el apoyo de la ONG global Environmental Investigation Agency (EIA).