Intervención requerida para proteger a los líderes sociales colombianos y las minorías étnicas

Hasta ahora, en diciembre de 2017, el departamento colombiano de Chocó enfrenta una seria crisis humanitaria y de seguridad debido a una lucha de poder entre el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional(ELN) y el grupo neo paramilitar narcotraficante Gaitanista Self Defense Forces ( Autodefensas Gaitanistas de Colombia , AGC). Este conflicto ha afectado severamente la seguridad de los líderes sociales con base en Chocó.

Las comunidades en la región del Bajo Atrato de Chocó han perdido dos líderes emblemáticos en las últimas dos semanas. Ambos hombres abogaron por la reforma agraria y por los derechos de las comunidades desplazadas en una región donde están activas las agroempresas poderosas. El 9 de diciembre, Hernán Bedoya fue asesinado en Pedeguita y Mancilla, y el 26 de noviembre Mario Castaño Bravo fue asesinado en su casa en La Larga Tumaradó.

El creciente conflicto entre el ELN y los neoparamilitares recientemente provocó que más de 20 líderes sociales viajaran de Chocó a Bogotá para solicitar apoyo inmediato y seguridad. Las preocupaciones por la seguridad son tan altas que los líderes del Bajo Atrato usaban máscaras blancas mientras daban una conferencia de prensa, para evitar ser identificados por grupos armados ilegales. El Inspector General de Colombia ( Procurador General de Colombia ) hizo un llamado urgente al gobierno para garantizar la seguridad de estos líderes.

La Oficina de Washington para América Latina (WOLA) continuará monitoreando la situación en Colombia y continuará apoyando a las víctimas y nuestros socios para garantizar que el gobierno colombiano proteja a estos activistas de nuevas amenazas, y que los funcionarios lleven a cabo investigaciones y procesen a los responsables .

A continuación hay una lista de incidentes de derechos humanos que han ocurrido en Colombia desde nuestra última actualización mensual .

  • Dos prominentes líderes de derechos de tierras fueron asesinados y otros permanecen en riesgo en Chocó
    El 9 de diciembre, Hernán Bedoya, líder de la tierra reclamante del territorio colectivo de Pedeguita Mancilla, recibió 14 disparos de las Fuerzas de Autodefensa Gaitanista (AGC) en un lugar conocido como El Acopio. El Sr. Bedoya fue asesinado luego de exponer tratos ilegales y la presencia de grupos paramilitares en la zona.El 26 de noviembre, Mario Castaño Bravo, líder del Consejo Comunitario La Larga de Tumaradó, fue asesinado por paramilitares en su casa. El señor Bravo estaba trabajando para obtener justicia de las personas cuyos territorios fueron ilegalmente usurpados por grupos armados ilegales e intereses económicos. Antes de su muerte, había condenado la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la organización paramilitar AGC en las comunidades cercanas.También estaba liderando un esfuerzo para construir una propuesta de reparación colectiva para los propietarios legítimos del territorio.

    Tanto el Sr. Bedoya como el Sr. Bravo pertenecían a comunidades que forman parte de Comunidades Construyendo la Paz en los Territorios (CONPAZ), una red de 140 víctimas y comunidades de resistencia ubicadas en 14 departamentos de Colombia donde el conflicto armado todavía está presente. A ambos hombres se les había concedido un teléfono celular y un chaleco antibalas como medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Más tarde se evidencia la falta de protección efectiva brindada por el UNP para los líderes ubicados en comunidades rurales remotas. Las ONG en Colombia, Europa y los Estados Unidos condenaron el asesinato del Sr. Bravo, pidieron al gobierno colombiano que investigara su muerte y exigiera una mayor seguridad para los líderes sociales en el país.

    El 4 de diciembre, la Comisión Intereclesial para Justicia y Paz (Justicia y Paz) denunció la presencia de miembros de la AGC en el territorio colectivo de Curvaradó. Según Justicia y Paz, los miembros de la comunidad informaron que fueron forzados a asistir a una reunión en la que los líderes de AGC distribuyeron una lista de ejecución. A los miembros de la comunidad se les dijo que las ejecuciones se llevarían a cabo si no cooperaban , y se les advirtió que nadie, incluido el ELN, impediría que la AGC tuviera presencia en el territorio. La acción inmediata debe ser tomada por U..S. y las autoridades colombianas para evitar nuevos asesinatos en esta área.

  • La sociedad civil en Chocó demanda respeto de los actores armados y cumplimiento de los acuerdos de paz
    El 11 de diciembre, el Foro de Solidaridad Interétnica Chocó (FISCH), las Diócesis de Quibdó, Apartadó, Istmina-Tadó y la mesa de trabajo de indígenas en Chocó, expresó su preocupación por la falta de implementación del Capítulo Étnico de los acuerdos de paz y la creciente presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la organización paramilitar en territorios étnicos colectivos. Como miembros de la sociedad civil y representantes de diversas organizaciones, los grupos exigieron mayor seguridad para la población civil, implementación del Capítulo Étnico en los mecanismos de paz, y una extensión permanente del alto el fuego bilateral entre el ELN y el gobierno con una inclusión formal delAcuerdo Humanitario, ¡Ya !, plan desarrollado por la sociedad civil del Chocó.
  • Líder social asesinado cerca del campamento de desmovilización de las FARC (Putumayo)
    El 4 de diciembre, los medios colombianos informaron del asesinato de Luis Alfonso Giraldo, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Brasilia, por hombres desconocidos en La Carmelita, Putumayo. El asesinato del Sr. Giraldo es preocupante porque su muerte ocurrió muy cerca del Área Territorial para la Capacitación y Reincorporación (TATR) de La Carmelita, donde se concentran los ex combatientes de las FARC. También es un lugar donde la policía y el Ejército Nacional están presentes.
  • Líder social asesinado en Mapiripán (Meta)
    El 2 de diciembre, Justicia y Paz informó la muerte del líder social Carlos Arturo Mena Rentería en la aldea conocida como El Rincón del Indio en Mapiripán, Meta. Según Justicia y Paz, los disidentes de las FARC dejaron una nota al lado de su cuerpo que decía “lo matamos por soplón y como informante”.
  • Líderes líderes indígenas asesinados (Caquetá)
    El 25 de noviembre, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) informó la muerte de los líderes indígenas Mario Jacanamijoy y Dubier Prietro Coro. Sus cuerpos fueron encontrados en la zona rural de Belén de los Andaquíes días después de que se reportó la desaparición a mediados de noviembre. Según OPIAC, el Sr. Jacanamijoy y el Sr. Coro fueron reconocidos por su liderazgo y trabajo en la defensa de los derechos de su comunidad. En el momento de esta muerte, el Sr. Jacanamijoy era el Consejero Departamental de Salud en Caquetá.
  • Preocupante asesinato de residente de Tumaco en campamento de desmovilización de las FARC (Nariño)
    El 2 de diciembre, la radio colombiana RCN informó el asesinato de Richard Paui Canticus en el Área Territorial de Capacitación y Reincorporación (TATR) Ariel Aldana, cerca de Tumaco, donde se concentran ex combatientes de las FARC. El joven fue asesinado a tiros mientras se reunía con miembros desmovilizados de las FARC en TART. Según los testigos, se escucharon disparos a unos treinta metros de donde se llevaba a cabo la reunión. En una declaración, los líderes de la comunidad expresaron su preocupación y frustración por la falta de seguridad, incluso en áreas como TART donde la policía y el ejército ejercen el control.
  • Desaparecen los trabajadores del combustible (Norte de Santander)
    El 21 de noviembre, la Fundación Progresar informó de la reciente desaparición de cuatro trabajadores del sector del combustible que viajaban de El Tarra a Tubú. Según la organización, los miembros del grupo paramilitar Los Rastrojos se acercaron a los trabajadores y los secuestraron.
  • ELN rompe el alto al fuego y asesina a 13 en Magüí Payán (Nariño)
    El 27 de noviembre, 13 personas fueron asesinadas en el municipio de Magüí Payán, en el departamento colombiano de Nariño, después de un supuesto enfrentamiento entre la facción Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes del Frente 29 de las FARC, según semanal de Colombia semana . El alcalde de Magüí Payán, que ha calificado este acto como una masacre, explicó que entre los muertos hay un líder comunitario y un representante legal de un consejo comunitario local. Su hermano, que resultó herido, permanece detenido, aparentemente a manos del ELN. El territorio, actualmente en disputa entre los disidentes del 29 ° Frente de las FARC y el ELN, es un lugar estratégico para las rutas del narcotráfico.
  •  Operaciones de combate entre EPL y disidentes de las FARC ponen en peligro a indígenas en Cauca
    El 9 de diciembre, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Consejo Nacional Indígena del Cauca informaron operaciones de combate entre el Ejército de Liberación Popular (EPL) y disidentes de las FARC en el municipio de Suárez en Cauca. Hasta el momento se han informado seis víctimas, y dada la intensidad de las operaciones de combate, unas 120 familias se encuentran actualmente confinadas en su territorio. Mientras tanto, 48 familias de la comunidad de Aguablanca, 82 familias de la comunidad de Robles, 60 familias de la comunidad de La Cabaña y 63 familias de la comunidad de Olivares han sido desplazadas.
  • Miembros de la comunidad amenazados (Valle del Cauca)
    El 2 de noviembre, el Ministerio de Defensa Nacional informó que cuatro paramilitares ingresaron al área de Buenaventura para amenazar al Jeisón Valencia Sinisterra. Sinisterra había estado asistiendo a reuniones con ONG internacionales y se le dijo que detuviera su participación o lo matarían. Además, a principios de julio, la organización Testigo por la Justicia y la Paz encontró evidencia de la explotación ambiental ilegal de Afrodescendientes en el área de Buenaventura. Los residentes y los afrodescendientes han recibido amenazas verbales y físicas.
  • Informes
    De la Escuela Nacional Laboral (ENS) de Colombia sobre el número de amenazas El 28 de noviembre, la Escuela Nacional del Trabajo de Colombia (ENS), un grupo colombiano de investigación laboral, publicó una estadística preocupante sobre amenazas a miembros de la rama colombiana de UNI Global Union. Según ENS, en 2017 12 miembros afiliados a UNI en Colombia han recibido amenazas de muerte. Las amenazas se han producido durante la negociación colectiva con los empleadores, y después de la organización laboral para exigir salarios más altos.
  • Ciudadanos desplazados enfrentan situación humanitaria (Chocó, Valle del Cauca)
    El 20 de noviembre, la Defensoría del Pueblo publicó una declaración en la que describía la grave situación humanitaria que enfrentaba la población indígena desplazada Wounaan en Buenaventura. Según la Defensoría del Pueblo, aproximadamente 370 personas Wounaan fueron desplazadas de la región de San Juan en Chocó a Buenaventura debido a la presencia de grupos armados ilegales. Las comunidades desplazadas permanecen en dos ubicaciones en Buenaventura, donde el Defensor del Pueblo reportó roedores, cucarachas y mosquitos infestados ambientes de vida. Dentro de los dos lugares, hay cuatro casos confirmados de tuberculosis y las personas carecen de acceso a agua potable y alimentos. Actualmente, las comunidades no tienen acceso a tratamientos de salud básicos o medicamentos, y un plan para regresar a sus territorios no ha sido discutido con las autoridades locales.

En el lado positivo, le informamos lo siguiente:

  • Vicepresidente de AFRODES honrado (Valle del Cauca)
    El 16 de noviembre, el Vicepresidente de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), Erlendy Cuero Bravo, fue reconocido por la Mesa Municipal de Víctimas por su dedicación y compromiso con el trabajo. ella conduce para desplazados afrocolombianos.

Fuente: https://www.wola.org/analysis/december-update-social-leaders-face-imminent-security-threat-illegal-armed-groups/