Inteligencia ilegal contra lideresas y defensores de J&P
Las lideresas socio ambientales y de paz Luz Marina Cuchumbe, Jani Silva, y los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, P. Alberto Franco, Danilo Rueda aparecen en bases de datos de la inteligencia militar como blanco de diversas operaciones ilegales desarrolladas en los últimos dos años.
De acuerdo con dos fuentes distintas estas operaciones militares han pretendido recaudar información sobre los integrantes de líderes (as) sociales que apoyamos, y sobre nuestra organización de derechos humanos y sobre Contagio Comunicación Multimedia que realiza su trabajo desde la sede de nuestra organización en Bogotá.
En la tarde de ayer domingo 3 de mayo, y la de hoy, fuimos informados que además de las carpetas presentadas por la Revista Semana en su última edición titulada: Las Carpetas Secretas el número de organizaciones y personas espiadas de manera ilegal es mayor de las 130, y las mismas se encuentran en bases de datos más en las que se cruzan diversas variables, desde apariciones mediáticas, redes sociales hasta asuntos más concretos y específicos de personas y organizaciones.
El domingo 3 de mayo una de las fuentes a eso de las 5:00 p.m. describió algunas de sus actuaciones indicando que se han realizado con seguimiento de las redes sociales de J&P y de Contagio, así como, seguimientos en el entorno de nuestras sedes en Bogotá y Popayán, y con seguimientos con personal de civil en la ciudad de Bogotá de algunos de los integrantes de nuestra organización que coordinan actuaciones en relación con la paz, reconocimientos de verdad y las intervenciones en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Garantías de no repetición del Acuerdo de Paz. Además se han identificado asuntos de índole personal y de familia al ser interrogado sobre las órdenes de quién provenían más allá de decir que eran de alto nivel, indicó que solo si había garantías para su seguridad y la de su familia declararía ante instancias judiciales y aportaría la información con pruebas.
Hoy a la 1:00 p.m. una nueva fuente informó que existen una base de datos en las que se encuentra integrantes de nuestra organización de derechos humanos y lideresas sociales que han tenido algún tipo de resonancia en la construcción de paz.
Existen todavía operaciones ilegales desde sedes que conducen sectores de la inteligencia militar en lugares específicos de Colombia dos de ellos en Bogotá y otros en una capital de departamento. Desde allí se realizan las operaciones de monitoreo de comunicaciones y el cruce de variables de la información recaudada. Aunque la fuente solo hizo alusión a algunos nombres de lideresas y de integrantes de nuestra organización, indicó que existe un listado más amplio de diversas organizaciones. Los nombres estarían en un listado de defensores de derechos humanos, que al parecer hoy está en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
En 1992 luego de la publicación del proyecto Paramilitar en el Carmen y San Vicente de Chucurí se han desatado operaciones de inteligencia ilegal contra lideres (as) y defensores (as) de derechos de nuestra Comisión de Justicia y Paz. Tanto los hechos denunciados, como las reacciones de la insana inteligencia militar, quedaron en absoluta impunidad
Unos pocos años después desde 1996 por el trabajo desarrollado en el Urabá antioqueño y bajo Atrato se desataron operaciones de inteligencia combinado campañas de desprestigio, montajes judiciales, amenazas, y presiones para dejar de actuar en la promoción de los derechos de las comunidades campesinas, negras e indígenas opuestas a modelos de desarrollo construidos con despojo violento, argucias legales y el proyecto paramilitar orquestado con sectores militares, policiales, y sectores privados. En mayo de 1998 nuestra sede fue allanada ilegalmente. La impunidad en los responsables del plan criminal que compromete responsabilidad de reconocidos políticos y algunos también reconocidos empresarios se encuentran en la impunidad.
Posteriormente, desde 2003 estas campañas se desarrollaron en la propia sede del Ministerio de Defensa al mando de Comandante de las Fuerzas Militares de la época, acompañada de una persecución judicial con falsos testigos y de operaciones armadas de hostigamiento contra las comunidades y los líderes que reciben nuestro apoyo. A pesar de haber recurrido al aparato de justicia, nunca nada avanzó. Todo se encuentra en total impunidad.
De la misma manera fuimos blancos de operaciones ilegales del DAS, varias de sus carpetas muestran fotografías de los seguimientos ilegales y de interceptación de comunicaciones en Colombia y el exterior, transcripciones literales de nuestra intervenciones en actos públicos, así como la de lideres (as) sociales. Algunas de las carpetas de buenas fuentes del propio DAS nos informaron que las carpetas con muchos de los elementos de la persecución a nuestra organización se habían extraviado. Toda la operación de persecución ilegal contra los lideres y nuestra organización quedó en absoluta impunidad y totalmente invisibilizada.
Durante los últimos años hemos denunciado uno a uno los hechos que hemos constatado de intervención sobre nuestras comunicaciones, seguimientos físicos, hostigamientos, usos de drones, en los que han participado por su forma de operación los organismos de inteligencia en diversas regiones del país. Todos esos incidentes y operaciones se encuentran en absoluta impunidad.
Las labores de persecución con las operaciones de sectores de inteligencia militar contra lideresas reconocidas por su compromiso por los derechos territoriales, la paz, el ambiente como Luz Marina Cuchumbe (una de las víctimas que fue convocada a La Habana en desarrollo del proceso de paz entre el Estado Colombia y las FARC y gestora de reconciliación a partir de esclarecimientos con exmilitares responsables de ejecuciones extra judiciales) y de Jani Rita Silva (dirigente de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, ZRC y de ADISPA, reconocida defensora de los derechos de las mujeres y del ambiente en Putumayo ante operaciones contra derecho de empresas multinacionales) es para nosotros la mayor preocupación por sus altísimos nivel de vulnerabilidad, porque siguen siendo concebidas como unas enemigas internas por buscar y hacer de la verdad una realidad, como sospechosas por construir la paz como si abogaran por la guerra y el terrorismo, o como deforestadoras, despojadoras y destructoras de los ríos como si fueran parte de la criminalidad. Construir la paz se convirtió en delito para sectores de la inteligencia militar.
La labor que ellas desarrollan es legal y legítima. La labor que nuestra organización desarrolla a su lado y a más de un centenar de comunidades es legal y legítima reconstruyendo el Estado de Derecho con la promoción de los derechos integrales a la verdad, a la justicia, a las garantías de no repetición, al ambiente, a la tierra, a la alimentación, a la paz.
Nada tememos porque nada delincuencial hacemos o realizamos. Los delincuentes son otros. Los planes criminales diseñados desde sectores de poder que usan, se enquistan en organismos de inteligencia es absolutamente repudiable. Los de detrás siguen incólumes gracias al temor, a la complicidad de sectores castrenses y judiciales. Curiosamente esa inteligencia tan eficaz para perseguir a líderes y a nuestros defensores nada realizan de modo eficaz contra grupos criminales o contra sectores castrenses, policiales, políticos y empresariales que se benefician de esa ilegalidad.
Es evidente que el ente judicial es y ha sido incapaz de realizar una labor en debido proceso y debida diligencia asegurando los derechos a la verdad y a la justicia ante un modelo de persecución que hereda los horrores de la Triple AAA, de la Brigada XX, y de una serie de aparatos posteriores, pasando por el DAS, y las diversas operaciones en plataformas clandestinas desde las que se ordena para unos que están detrás, criminalizando bajo la nefasta herencia de la Doctrina Seguridad Nacional la construcción de la paz. Ese sector es absolutamente poderoso enquistado de un gobierno a otro, que teme a la verdad, y a que ellas sean reveladas.
Poco esperamos de las investigaciones judiciales que se realizan sin el contexto debido, que parcelan las investigaciones sin el continuum que mostraría sistematicidad. Solo hacemos resonancia de la solicitud de los testigos que han compartido esta información a nuestra organización, de conocer que garantías ciertas y fiables podrían recibir por parte de los entes judiciales existentes para asegurar su vida e integridad, la de sus familias y las pruebas que se encuentran aún sin custodia. Solo solicitamos que la Fiscalía General de la Nación si tiene en su poder el listado de lideres y de defensores que han sido blanco de operaciones ilegales lo de a conocer, así como, las hipótesis de la investigación
Sigue siendo una realidad que más allá de destituciones o llamados a calificar servicios se requiere verdad y justicia.
Sigue siendo evidente la ausencia de transparencia y de mecanismos de control ciudadano independiente al interior de las FFMM.
Nuevamente se requiere una discusión pública sobre la doctrina militar y policial, sobre quiénes alientan el odio y la consecución de sus objetivos políticos, económicos, desviando el sentido de la inteligencia y los recursos de cooperación internacional para violar derechos humanos, en particular, de personas de idoneidad como Luz Marina y Jani, entre otras y otros líderes, de quienes sus nombres no nos fueron aún revelados, y de nuestros defensores.
Bogotá D.C., 4 de mayo de 2019
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.