Informe – Suspensión del transporte fluvial en Buenaventura por hechos de inseguridad.

Nuestra Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, ha sido informada que la situación de inseguridad en la zona del muelle turístico de Buenaventura ha empeorado de manera preocupante. Desde hace seis días, las embarcaciones que prestan servicios de transporte de carga y de pasajeros hacia las cuencas de Yurunmanguí, Cajambre y rio Naya han suspendido completamente sus operaciones. La razón ha sido el aumento de robos y extorsiones a las embarcaciones de carga y de pasajeros quienes han sido testigos de los actos de violencia en plena bahía, justo frente a las instalaciones y operaciones de la Armada Nacional, guardacostas y autoridades encargadas de garantizar la seguridad marítima.

El pasado martes 06 de mayo, se presentó un hecho de extrema gravedad donde una embarcación de carga que se dirigía hacia el río Yurumanguí fue abordada por hombres armados, quienes despojaron a las nueve personas que iban a bordo de sus víveres, combustible y motores fuera de borda. Como consecuencia, la embarcación quedó a la deriva en aguas del océano Pacífico durante más de doce horas, exponiendo su vida e integridad.

Tenemos información que los robos y extorsiones a las embarcaciones son recurrentes. Los hechos no solo ponen en riesgo la vida e integridad de quienes navegan, sino que también están generando una crisis de movilidad y abastecimiento en las comunidades que dependen del transporte fluvial para sus actividades cotidianas. Muchas de estas poblaciones, especialmente las ubicadas en zonas rurales y ribereñas, ya enfrentan condiciones extremas de vulnerabilidad.

Esta grave situación profundiza aún más la crisis social, humanitaria y económica en estos territorios generada por la agudización y degradación del conflicto armado.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades civiles y militares para que asuman con eficiencia y compromiso su responsabilidad de proteger a la población. No es aceptable que las comunidades sigan expuestas a la violencia e inseguridad, mientras las instituciones encargadas de garantizar los derechos fundamentales, se mantengan indiferentes e inoperantes.

Instamos al Gobierno Nacional a tomar medidas concretas e inmediatas que garanticen condiciones reales de seguridad para los navegantes y para las comunidades ribereñas, que hoy se sienten abandonadas y en riesgo latente.

Con profunda preocupación.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

23 de mayo de 2025, Bogotá D.C.