Informe – Renovación Irregular del Contrato de Administración del Distrito de Riego de María La Baja, Bolívar.
Las comunidades afrodescendientes, campesinas y víctimas del conflicto armado en María La Baja, San Jacinto y El Carmen de Bolívar, denuncian graves irregularidades y violaciones a sus derechos colectivos, territoriales y ambientales por la renovación del contrato de administración del Distrito de Riego sin garantizar su derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada.
Pese a los antecedentes de mala gestión, contaminación, exclusión en el acceso al agua y criminalización de líderes comunitarios que han sido objeto de amenazas, desplazamientos y asesinatos selectivos porque se han opuesto a la mala gestión de la administración y a la inequidad en la distribución del recurso hídrico para las comunidades por parte del distrito de riego y al monopolio del uso del agua por empresarios palmeros, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) ha avanzado en este proceso sin un diálogo previo con las comunidades, desconociendo estándares constitucionales e internacionales de participación y derechos humanos, otorgando la renovación de la administración del distrito de riego a ASO-MARIA LA BAJA.
Entre las irregularidades de este proceso se destaca la falta de consulta previa. La renovación se está llevando a cabo sin aplicar este derecho fundamental de las comunidades afrodescendientes, reconocido por la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, el Acuerdo de Escazú y la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional (T-129/11, C-030/08, entre otras).
Lo que se configura como una flagrante vicio de nulidad en la renovación contractual al afectar directamente territorios, prácticas culturales, medios de subsistencia y el control del recurso hídrico por parte de las comunidades.
Así mismo, es evidente la administración ambientalmente irresponsable. ASO-MARIALABAJA, actual administradora, ha incumplido medidas del Plan de Manejo Ambiental (PMA). Existe una sanción ambiental desde 2017 (Resolución 650) por no presentar el plan de uso eficiente del agua ni ejercer control sobre captaciones ilegales.
De este modo, continúan la alta mortandad de peces por contaminación y manipulación arbitraria de compuertas, afectando la salud, seguridad y soberanía alimentaria, y movilidad de la población ribereña.
Se suma a esta situación, la privatización de predios y uso ilegal del agua, La actual administración ha permitido la ocupación ilegal de islas y zonas de protección hídrica, favoreciendo monocultivos como palma de aceite.
Empresas extraen agua sin autorización, sin estar en zonas de riego permitidas, en perjuicio de la comunidad y del ecosistema.
La criminalización de la protesta y falta de transparencia Contractual, Líderes y lideresas que han denunciado las irregularidades han sido judicializados.
No hay informes públicos del seguimiento por parte de la ADR, ni garantías de vigilancia y control en la contratación.
Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional y entidades competentes para atender de manera inmediata las exigencias de las comunidades afrodescendientes y campesinas:
- Suspensión inmediata del proceso de renovación del contrato.
- Realización de consulta previa con los pueblos afrodescendientes, conforme a los estándares de participación y al marco jurídico constitucional.
- Investigación por parte de la Procuraduría, Contraloría y Autoridades Ambientales sobre las múltiples irregularidades, daños ambientales y uso indebido del agua.
- Diseño de un nuevo modelo de administración participativa, con representación de comunidades campesinas y étnicas.
- Garantías de no repetición, incluyendo compromisos vinculantes para procesos futuros.
Llamado a instituciones del estado
- A la Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación: para que actúen de manera preventiva frente a esta vulneración de derechos colectivos.
- A la Contraloría General de la República: para que realice una auditoría fiscal y de cumplimiento ambiental del distrito.
- Al Congreso de la República: para revisar la legislación sobre distritos de riego con enfoque diferencial y de justicia hídrica.
La renovación del contrato del Distrito de Riego de María La Baja sin participación de las comunidades constituye una flagrante violación a los derechos territoriales, ambientales y culturales de los pueblos afrodescendientes y campesinos.
El Estado colombiano debe garantizar procesos transparentes, justos y respetuosos de la consulta previa para evitar profundizar los conflictos en los Montes de María.
Con profunda preocupación,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.