Informe HRW Colombia
La población civil de Colombia sigue sufriendo graves abusos cometidos por guerrillas y grupos sucesores de paramilitares. Los úlitmos surgieron luego de un proceso oficial de desmovilización paramilitar llevado a cabo hace una década.
Colombia
La violencia asociada con el conflicto armado interno en Colombia ha provocado el desplazamiento forzado de más de 5,7 millones de colombianos, y cada año más de 200.000 personas abandonan su hogar, lo cual ha generado la segunda población más grande del mundo de desplazados internos. Es común que defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos, y otros activistas comunitarios enfrenten amenazas de muerte y actos de violencia. Si bien el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha repudiado de forma consistente estos ataques, la falta de investigaciones efectivas implica que los responsables son rara vez arrestados.
El gobierno de Santos sigue promoviendo la adopción de varios proyectos legislativos que limitarían el juzgamiento de asesinatos de civiles perpetradas por militares, incluyendo las ejecuciones que se conocen como “falsos positivos”. Los proyectos legislativos propuestos generarían un grave riesgo de que estas causas se transfieran de la justicia penal ordinaria al sistema de justicia militar, que carece de independencia y tiene un deplorable record en materia de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos.
El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) participan en conversaciones de paz en Cuba desde 2012, y a la fecha de preparación de este informe habían llegado a un acuerdo sobre tres de los seis temas de la agenda de negociación. El 10 de junio, el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla más numerosa de Colombia, anunciaron que habían iniciado conversaciones exploratorias de paz.
En marzo, el gobierno destituyó al alcalde de Bogotá, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar jurídicamente vinculante que solicitaba al gobierno que no adoptara esa decisión. El Presidente Santos cumplió posteriormente con una orden de un tribunal colombiano que exigía restituir al alcalde en su cargo.
Abusos de las guerrillas
Es común que las FARC ataquen a civiles. Por ejemplo, en el municipio de Tumaco, en la región sudoeste de Colombia, las FARC fueron responsables de abusos generalizados en 2013 y 2014, incluidos asesinatos, desapariciones, tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, extorsión y amenazas de muerte contra líderes comunitarios. En un caso de junio, existen evidencias convincentes de que miembros de las FARC secuestraron, torturaron y asesinaron a Mónica Julieth Pernia, una residente de Tumaco de 25 años.
El ELN también continúa cometiendo graves abusos contra civiles, como asesinatos, secuestros y reclutamiento de menores. El 15 de septiembre de 2014, miembros del ELN le dispararon y mataron a dos trabajadores petroleros que estaban inspeccionando un oleoducto en el municipio de Teorama, en la región nordeste de Colombia.
Las FARC y el ELN continúan usando minas antipersonal. El gobierno informó que 6 civiles murieron y otros 65 sufrieron heridas entre enero y agosto de 2014 a causa de minas antipersonal y municiones sin detonar.
Los paramilitares y sus sucesores
Entre 2003 y 2006, organizaciones paramilitares de derecha que tenían estrechos vínculos con la fuerza pública y con políticos participaron en un proceso oficial de desmovilización que presentó graves falencias y tras el cual numerosos miembros permanecieron activos y se reorganizaron conformando nuevos grupos. Los grupos sucesores de paramilitares, que con frecuencia son liderados por miembros de organizaciones paramilitares desmovilizadas, cometen abusos generalizados, incluidos asesinatos, desapariciones y violencia sexual.
En Buenaventura, una ciudad portuaria en la costa del Pacífico donde la población es mayoritariamente afrocolombiana, grupos sucesores de paramilitares, entre ellos los Urabeños, continúan cometiendo atrocidades, como desapariciones y descuartizamientos. Estos grupos han provocado que Buenaventura presente los índices más altos de desplazamiento forzado en Colombia: más de 33.000 residentes abandonaron sus hogares en 2013, y 22.383 lo hicieron entre enero y el 1 de noviembre de 2014, según datos difundidos por el gobierno en noviembre.
En ocasiones los grupos se han beneficiado de la tolerancia y la connivencia de agentes estatales. En marzo, la Fiscalía ordenó la captura del coronel del Ejército retirado Robinson González del Río, quien habría liderado un red de miembros activos y retirados de la fuerza pública que vendía armas a los Urabeños.
La implementación de la Ley de Justicia y Paz, que ofrece drásticas reducciones en las penas para los paramilitares desmovilizados que confiesen atrocidades, ha sido sumamente lenta. Hasta septiembre de 2014, solamente 37 de los más de 30.000 paramilitares que se desmovilizaron oficialmente habían sido condenados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, a nueve años de su promulgación. Las condenas cobijan tan sólo una pequeña proporción de los casi 70.000 delitos confesados por los acusados que reclaman los beneficios de la ley.
Continuaron las investigaciones de la “parapolítica”, que indagan sobre los nexos entre paramilitares y miembros y ex miembros del Congreso. Más de 55 legisladores han sido condenados desde 2006.
El 17 de septiembre de 2014, el Senado colombiano mantuvo un debate sobre presuntos vínculos entre paramilitares y el ex Presidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien asumió como senador en 2014.
Abusos cometidos por miembros de la fuerza pública
Durante el gobierno de Uribe, militares colombianos perpetraron numerosas ejecuciones de civiles, especialmente entre 2002 y 2008. En muchos casos —que se conocen comúnmente como “falsos positivos”— soldados y oficiales, bajo presión de superiores para incrementar el número de bajas, asesinaron a civiles y luego informaron que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos. El número de presuntas ejecuciones ilegales atribuidas a miembros de la fuerza pública se redujo drásticamente a partir de 2009, pero durante 2013 y 2014 se registraron algunos nuevos casos.
El gobierno no mantiene un registro estadístico que clasifique a los casos de “falsos positivos” como una categoría de delitos distinta de otros tipos de ejecuciones ilegales. No obstante, hasta julio de 2014, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía se encontraba investigando más de 3.500 casos de ejecuciones ilegales presuntamente perpetradas por agentes del Estado entre 2002 y 2008, y había obtenido condenas en 402 casos. La gran mayoría de los 785 miembros del Ejército condenados son soldados de bajo rango y suboficiales. Algunos militares condenados han gozado de privilegios extravagantes en los centros de detención militares.
El ministro de defensa y altos militares han realizado acciones tendientes a desacreditar las investigaciones sobre falsos positivos. En septiembre, luego de que los medios informaron que fiscales habían solicitado que se iniciaran investigaciones sobre nueve generales y ex generales del Ejército por su presunta responsabilidad por casos de falsos positivos, el ministro de defensa indicó que se le estaba asignando un “exceso de atención” al testimonio en el cual los fiscales basaron sus solicitudes. En febrero, el Presidente Santos relevó de su cargo al comandante de las Fuerzas Militares luego de que la revista Semana publicara una grabación de audio de 2012, en la cual este aconsejaba a un coronel del Ejército que estaba siendo procesado por falsos positivos que “hagan una mafia” para desacreditar a los fiscales.
En febrero, el titular del servicio de inteligencia del Ejercito fue apartado de su cargo luego de que la revista Semana revelara que autoridades judiciales habían allanado un establecimiento en Bogotá donde militares de inteligencia presuntamente interceptaban de forma ilegal las comunicaciones de los representantes del gobierno que intervenían en las negociaciones de paz y de otras personas.
Reformas que favorecen la impunidad
En 2013 y 2014, el ministro de defensa presentó tres proyectos legislativos al Congreso que posibilitarían que casos de falsos positivos sean sustraídos de la actuación de los fiscales de la justicia ordinaria y remitidos al sistema de justicia penal miliar, que tradicionalmente no ha conseguido que los responsables rindan cuentas por sus crímenes. Los proyectos prevén que la justicia penal militar también tenga competencia sobre otros tipos de violaciones de derechos humanos cometidas por militares en el pasado o el futuro, además de otros delitos graves, como la connivencia con fines de narcotráfico con paramilitares o bandas criminales. Uno de los proyectos de ley autorizaría a la fuerza pública a usar fuerza letal contra civiles en un espectro peligrosamente amplio de situaciones.
Los proyectos son similares a una reforma constitucional al sistema de justicia penal militar promovida por el gobierno de Santos que el Congreso aprobó en diciembre de 2012, y que la Corte Constitucional invalidó en octubre de 2013 por vicios de procedimiento.
En junio de 2012, el gobierno consiguió que el Congreso aprobara el Marco Jurídico para la Paz, una reforma constitucional que podría permitir la impunidad generalizada de atrocidades cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares en caso de que se alcance un acuerdo de paz con las FARC. La reforma habilita al Congreso a limitar el juzgamiento de atrocidades a quienes se identifique como los “máximos responsables” (una categoría que no se define en la reforma) y ofrecer inmunidad legal a todos los demás implicados.
Si bien la reforma también autorizó al Congreso a suspender totalmente las penas de prisión impuestas a todos los guerrilleros, paramilitares y militares condenados por atrocidades, la Corte Constitucional resolvió en agosto de 2013 que no se podía suspender completamente la pena aplicada a los “máximos responsables” de delitos de lesa humanidad. No obstante, la reforma contempla igualmente “penas alternativas”, y en abril el Fiscal General de la Nación propuso que los más altos comandantes de las FARC pudieran recibir una pena alternativa de trabajo comunitario, en lugar de ir a prisión.
Desplazamiento interno y restitución de tierras
Más de 5,7 millones de colombianos han sido desplazados internamente desde 1985, según estadísticas oficiales. El gobierno registró más de 220.000 personas que habían sido desplazadas en 2013.
La implementación por parte del gobierno de la restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas continúa siendo lenta. La ley se promulgó en 2011 para restituir millones de hectáreas de tierra despojada y abandonada a desplazados. Inicialmente, el gobierno estimó que para fines de 2015 se habrían dictado sentencias judiciales en más de 150.000 casos de restitución de tierras en el marco de la Ley de Víctimas.
Sin embargo, hasta septiembre de 2014, el gobierno había obtenido sentencias que ordenaban la restitución de tierras en apenas 1.546 de las casi 68.000 solicitudes recibidas. En septiembre de 2013, el gobierno solamente podía confirmar tres casos de familias que habían regresado a vivir en sus tierras como resultado de sentencias judiciales dictados conforme a la ley. A la fecha de elaboración de este informe, la Unidad de Restitución de Tierras no había brindado datos actualizados sobre la cantidad de familias que habían regresado a vivir en sus tierras como consecuencia de la ley.
Los desplazados internos sufren amenazas y actos de violencia por intentar reclamar sus tierras. En la mayoría de los casos de asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras ninguna persona ha sido condenada.
Violencia de género
La violencia de género es un problema generalizado en toda Colombia. La falta de capacitación y la implementación deficiente de protocolos generan obstáculos para las mujeres y niñas que procuran recibir atención luego de hechos de violencia, lo cual lleva a que las víctimas pueden enfrentar demoras en el acceso a servicios médicos básicos. Los responsables de delitos de violencia de género son rara vez llevados ante la justicia.
En junio, el gobierno sancionó una ley para mejorar el acceso a la justicia y la protección para los sobrevivientes de hechos de violencia sexual, especialmente las víctimas que fueron violadas sexualmente o agredidas en el contexto del conflicto armado interno.
Violencia contra defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas
Defensores de derechos humanos y periodistas continúan siendo objeto de amenazas y ataques. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), una organización no gubernamental (ONG) colombiana que monitorea la situación de la libertad de prensa, informó que 2 periodistas fueron asesinados y 75 recibieron amenazas en 2013, y 58 recibieron amenazas entre enero y septiembre de 2014.
La Escuela Nacional Sindical (ENS), la principal ONG colombiana dedicada a la promoción de los derechos laborales, continúa denunciando asesinatos de sindicalistas. Hasta septiembre de 2014, la subunidad de la Fiscalía dedicada exclusivamente a la violencia contra sindicalistas había iniciado investigaciones en más de 110 casos de asesinatos de sindicalistas cometidos desde 2009, pero había conseguido condenas en apenas 9 casos.
La Procuraduría General de la Nación continuó su investigación disciplinaria contra el Senador Iván Cepeda, un reconocido defensor de víctimas, por haber recabado y presentado ante autoridades judiciales información sobre posibles abusos paramilitares. La investigación, vinculada con las entrevistas efectuadas por el Senador Cepeda a ex paramilitares con respecto a los presuntos vínculos del ex Presidente Uribe con paramilitares, parece carecer de sustento y podría tener un efecto amedrentador para otras personas que exigen justicia por violaciones de derechos humanos.
El Ministerio del Interior administra un programa de protección que alcanza a miles de miembros de grupos vulnerables en riesgo, como defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas.
Actores internacionales clave
Estados Unidos sigue siendo el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. En 2014, aportó cerca de US$ 225 millones en asistencia militar y policial, y US$ 165 millones en asistencia humanitaria y para el desarrollo. Una parte de la ayuda militar estadounidense está supeditada al cumplimiento de requisitos en materia de derechos humanos, entre los cuales se incluyen que todas las presuntas violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas por autoridades de la justicia penal ordinaria. En septiembre de 2014, el Departamento de Estado certificó que Colombia cumplía estos requisitos, a pesar de que el gobierno siguió impulsando proyectos legislativos que permitirían que delitos por militares que constituyen violaciones de derechos humanos sean conocidos por los tribunales militares, y de la reciente remisión de algunos de estos casos al sistema de justicia militar. El Departamento de Estado justificó su decisión indicando que los casos de violaciones de derechos humanos “en general” se juzgan en la justicia penal ordinaria, aunque el requisito exige que tales delitos estén “únicamente” sujetos a esa jurisdicción.
En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un extenso informe sobre Colombia, en el cual señaló graves preocupaciones sobre el Marco Jurídico para la Paz y las reformas al sistema de justicia militar, entre otras cuestiones.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) continúa realizando un seguimiento de las investigaciones locales de delitos que estarían comprendidos dentro de la competencia de la CPI. En noviembre de 2013, la Fiscalía de la CPI informó que existen motivos para creer que los falsos positivos se cometieron “conforme a una política adoptada al menos a nivel de ciertas brigadas de las fuerzas armadas”, y que continuaría examinando si la política se extendía a funcionarios estatales de mayor rango.
http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/132084