Informe. Amenazas e intimidación contra las familias y organizaciones sociales defensoras del ambiente del barrio Potosí – Ciudad Bolívar, Bogotá D.C.
Nuestra organización es conocedora de los graves hechos de intimidación y amenazas ocurridos el pasado miércoles 25 de junio contra pobladores del barrio Potosí en desarrollo del “Ritual de Tambores” acto cultural en defensa en defensa del Árbol del Ahorcado declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) y del ecosistema de Cerro Seco, amenazado por la minería ilegal.
En las últimas semanas, se ha intensificado el hostigamiento contra pobladores, líderes y defensores del territorio, evidenciando la falta de garantías para la protección de la vida, la integridad y el derecho a la protesta cultural, así como la ausencia de acciones efectivas por parte de las autoridades para frenar la minería ilegal y salvaguardar este patrimonio ambiental y simbólico.
El miércoles 25 de junio, hacia las 3:00 p.m., al iniciar el ascenso hacia el Árbol del Ahorcado por la antigua cantera La Esmeralda, una mujer encapuchada intentó disuadir a la comunidad advirtiendo sobre la presencia de “perros bravos“, insinuando que si se pasaba a dicha propiedad no se hacían responsables de lo que sucediera. Minutos después, dos motocicletas una victory bomber combat 125 de placas SJK-91F de color negro y la otra marca Yamaha freezer morada con gris de placas UGE-05D así como un carro particular de color verde marca Renault de placas DUC-760, de Bogotá D.C., interceptaron a los participantes.
El conductor del vehículo Renault intentó atropellar a una de las manifestantes, sacó un arma con la cual apuntó de forma indiscriminada contra las personas que estaban en la manifestación pacífica y los amenazó gritando: “los vamos a matar”. En ese momento, apareció una tercera motocicleta de marca susuki DR 150 blanca con azul, de la cual no se alcanzó a ver la placa. El conductor de esta motocicleta, fue una de las personas que hostigó constantemente a los manifestantes con otra arma de fuego haciendo señas a las personas de que las tenía entre ojos, diciendo ¨Ya nos sabemos su caras¨ y apuntando su arma para intimidar.
Siendo las 4:30 p.m., mientras dos manifestantes descendían de la cantera y otro se disponía a tomar imágenes de las placas de los vehículos involucrados en el hostigamiento y el daño ambiental causado por la minería, los llamados “cuidadores de la cantera” los abordaron de manera violenta. Uno de ellos mostró y sacó un arma de su pantalón y les gritó: “¿Qué hacían allá?”, generando un cruce de palabras donde reiteraron las amenazas contra los presentes diciendo: “¿Quieren que los desaparezcamos?”. En ese momento se logra identificar que por lo menos había cuatro sujetos armados, implicados en las amenazas que realizaron contra las y los manifestantes.
Hacia las 5:00 p.m., al finalizar la intervención artística, la comunidad se dirigió al plantón en la entrada de la cantera, donde se desarrollaba un diálogo con dueños de la mina y delegados institucionales de DDHH y la Secretaria de Gobierno y Seguridad de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.
En este espacio, reaparecieron los mismos sujetos armados que intimidaron a los manifestantes, incluido el conductor del carro Renault verde quien negó la agresión contra los manifestantes. Este conductor transportaba al abogado de la compañía Malkenu S.A.S, empresa encargada de realizar el PMRRA en los polígonos mineros de la compañía minera la Esmeralda. Estos mismos sujetos fotografiaron a los participantes, aumentando el clima de intimidación.
En ese momento llegó una camioneta Chevrolet blanca de placas FZR 902 de Bogotá D.C., blindada perteneciente a la mina la cual se estacionó a algunos metros de distancia de la concentración de personas y de la cual descendieron otros dos sujetos, pertenecientes a la seguridad privada que se ubicaron en posiciones estratégicas para aumentar la tensión y control alrededor de las personas, sacaron sus celulares que al parecer usaron para grabar a los manifestantes.
A pesar de los llamados urgentes a los funcionarios de la oficina de Derechos Humanos y de Seguridad de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, para que se requisara e identificara a los agresores, y presuntos cuidadores de la mina por el porte de armas, no hubo ninguna acción institucional. Las autoridades presentes priorizaron el diálogo con los representantes de la mina, ignorando el riesgo inminente para líderes y defensores del territorio que se encontraban rodeados por hombres armados.
Estos hechos no son aislados, hacen parte de un patrón de violencia sistemática contra quienes resisten a la imposición de proyectos extractivos en Cerro Seco y las periferias de la ciudad donde se busca legitimar la minería mediante el Plan de Restauración y Manejo Ambiental (PMRRA), vulnerando el ecosistema subxerofítico andino y el valor histórico del Árbol del Ahorcado como símbolo de resistencia.
Hacemos un llamado urgente al Estado colombiano, al Gobierno Nacional y a la Alcaldía de Bogotá para que actúen con diligencia, garantizando los derechos a la protesta pacífica, la vida y la preservación de este patrimonio cultural y ambiental.
A la Defensoría Nacional del Pueblo para que previa verificación en terreno se emita una alerta temprana desde el SAT ante la delicada situación ambiental y de riesgo para quienes protegen el Cerro Seco.
A la Fiscalía General de la Nación, realizar las respectivas investigaciones sobre la presencia de sujetos armados que amenazaron e intimidaron a los manifestantes en una clara vulneración de sus derechos.
A la administración local, como también al Ministerio de Ambiente y la ANLA suspender inmediatamente la minería ilegal en el sector, promover espacios con garantías para la concertación con la comunidad y la instalación de la mesa interinstitucional.
Instamos a los organismos de DH a verificar los hechos y visibilizar el alto riesgo que recae sobre los líderes y pobladores del barrio Potosi, quienes persisten en la defensa de sus bienes ambientales y culturales.
Con profunda preocupación,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
