Industrias extractivas, recursos naturales y derechos humanos en Colombia
Durante los últimos años, Colombia ha experimentado un intenso debate sobre el papel que cumple la extracción minera en el proceso de desarrollo nacional. El país atraviesa un periodo de auge de las actividades extractivas. En una década casi se duplicó el carbón explotado en el país, pasando de 38.242 millones de toneladas en el año 2000 a 74.350 millones de toneladas en el año 2010; la superficie titulada durante los últimos años creció vertiginosamente. Se pasó de tener concesiones mineras sobre 1,1 millones de hectáreas en 2002, a tener concesiones sobre 8,4 millones de hectáreas en el año 2009.
Paralelamente, se vive en el país un periodo de resistencia social al incremento de actividades extractivas, representado en la emergencia y profundización de conflictos sociales vinculados a actividades de exploración y explotación en los territorios rurales. Entre enero de 2001 y diciembre de 2011 se registraron 274 luchas sociales asociadas a la extracción de petróleo, oro y carbón, las cuales ocurren en un escenario de represión y criminalización de la protesta.
Una síntesis de las múltiples relaciones entre las actividades de las industrias extractivas y la vulneración de los derechos humanos de la población colombiana que será descrita a continuación, refleja que las políticas de extracción minera no han generado disminución de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de la población en las zonas de influencia, y por el contrario, las consecuencias ambientales y sociales de dichas intervenciones ponen en riesgo el goce efectivo de derechos de las generaciones presentes y futuras.
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