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Impunidad política y social

Los falsos positivos, la convocatoria a una Comisión Civil de la Verdad, la afirmación Presidencial de que no le teme a la verdad, la propuesta de una ley de Punto Final, el reconocimiento público de una reunión en el 2001, de más de 40 congresistas con los paramilitares para la configuración de un proyecto político, el llamado a indagatoria a un grupo de seis nuevos parlamentarios, muestran en estos 15 días más, los cimientos de falsedad y de criminalidad en que se sustenta la política de seguridad y de Estado Comunitario de Uribe.


La verdad como simulación

El ministro de Defensa JUAN MANUEL SANTOS, no se ha retractado ni reparado integralmente a la sociedad, sobre la falsa y acérrima defensa de la institución militar con uno de los casos de falsos positivos. Oficiales, no soldados rasos, diseñaron y participaron en montajes para dar respuesta, y a la vez ganar recompensas, para sostener el espejismo de la seguridad.

Las respuestas viscerales, sin lectura básica, por no decir crítica, en defensa de la institucional por parte del Ministro, muestra la ausencia de una política autocrítica, transparente e irresponsable con los ciudadanos.

La defensa es una simulación de la verdad, oculta la mentira institucional, y se hace mecanismo de la impunidad política y social.

La verdad como disipación de la crítica

En similar actitud, no era esperable otra, el presidente Uribe, en el congreso de la Federación de Ganaderos, FEDEGAN, invitó a sus afiliados a reconocer la verdad, a ayudar a la verdad frente a la creación del paramilitarismo. Una verdad en la que él no se implica, y en la que transfiere la responsabilidad a otros. Por eso no expresó el NOSOTROS, si no el USTEDES.

Para pocos es ocultable la relación que Uribe ha sostenido con este gremio, que desde la década de los 80 impulsó abiertamente el desarrollo de estrategias paramilitares en el Magdalena Medio, en Córdoba y Antioquia. Su cercanía por intereses compartidos en sus propiedades es otra evidencia. No es posible negar que las CONVIVIR impulsadas durante el período de URIBE VELEZ como Gobernador de Antioquia, fueron parte de la estrategia de institucionalización paramilitar a mediados de los 90 en la que este sector tuvo una participación activa en su estimulación.

Ganaderos, empresarios para proteger sus intereses y propiciar la protección de tierras mal habidas e incluso el tráfico de armas y de drogas así se beneficiaron de las estrategias estatales criminales.

Su posición es coherente con los últimos planteamientos públicos cuando ha dicho ante la Corte Suprema de Justicia y en Consejos Comunitarios que “no le teme a la verdad”.

Asumir en aparente actitud abierta las críticas no significa la verdad. Puede ser orgullo, prepotencia, ocultamiento, mecanismo para menguar la crítica. , y se hace mecanismo de la impunidad política y social por el consentimiento social que pretende lograrse.

Tampoco la revelación hecha a la opinión pública por parte del Senador de La Espriella sobre las reuniones sostenidas en Paramillo entre 40 congresistas en las que sostiene que
Firmaron un acuerdo para la paz, en realidad como lo reconocen otros, un proyecto político de Estado y de acción política en torno a: la desmovilización o institucionalización paramilitar, el aseguramiento legal de los Territorios o “desarrollo social” y la promoción del control del poder legislativo y del poder del ejecutivo. Por eso, ese proyecto define la reelección presidencial con el Acto legislativo No. 02 de 2005 y la Ley 975 de 2005, y la ley de impunidad para la justicia y paz, la ley de bosques.

Esa verdad del senador es un modo de ocultamiento, pues detrás desconoce la profundidad del proyecto de Estado como paraestado. También ambienta la necesidad de una ley de punto final, ante el gran crecimiento económico gracias a la política de seguridad y Estado Comunitario.

Se oculta en todo el entramado, como en la Comisión 5ta, ALVARO ARAUJO, otro de los llamados a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia es el que la preside, en la que sin ningún reato, se legisla a favor de los más de 6.8 millones de hectáreas de tierras usurpadas por los paramilitares a través de la ley desarrollo rural.

Su defensa en el senado ante una citación, muestra el uso de la descontextualización como mecanismo justificatorio de su comportamiento político en relación con el paramilitarismo. El Senador se muestra como la víctima de un complot, ocultando su responsabilidad en la modificación de disposiciones legales para posibilitar en Valledupar, la ampliación de la tierra municipal, la misma en que se ha levantado una obra de infraestructura y por la que se explica el genocidio del Pueblo Kankuamo. Niega con estos mecanismos y contra toda evidencia el Proyecto de Estado paramilitar, para Estado

La verdad como réplica invertida

No es entonces de extrañar que los paramilitares, desde La Ceja Antioquia, hayan hecho un nuevo pronunciamiento sobre la verdad. Ha sido la mejor manera de enfrentar las críticas, un modo razonable pero estratégicamente calculado que sirve a la estrategia criminal.

Ellos y sus beneficiarios saben, que en las actuales circunstancias y condiciones en que se encuentran, una ley a su medida, un gobierno que los protege, un control económico y social importante en el país, una fuerza pública que los conciente para que guarden lealtad al silencio, asegura a todos sus intereses particulares e institucionales.

El remezón que ha significado la captura de 3 congresistas de agrupaciones políticas Uribistas, el llamado a declaración de otros 6 congresistas, por ser parte de las operaciones paramilitares no es total ni integral para afectar la criminalidad, pero lleva un mensaje al que hay que responder.

Plantear una Comisión Civil de la Verdad es una decisión que no afecta la columna vertebral de su criminalidad, que les blinda frente a los costos y los riesgos que puedan tomar sectores de partidos políticos.

Todos saben que la verdad real si fuera conocida, reconocida por los responsables, desmoronaría la política de seguridad, la política de paz, la política de Estado comunitario, la política agraria, la política económica. Se mostraría la pretensión de configuración del para estado en Colombia, el proyecto de sociedad y de relaciones política a largo plazo en relación con el mercado global. Se develaría la interacción de diversas formas del crimen con recursos legales e ilegales, al fin y al cabo, negocios son negocios, independiente de que el dinero sea del tráfico de drogas o que se provea con el silenciamiento y la sangre.

La propuesta de la Comisión es un mensaje para todos los circuitos de la criminalidad, sus gestores, beneficiarios, financiadores, instigadores, empresarios, políticos, militares, policías, iglesias, fiscales, jueces, órganos de control. Todos en la cama o todos en el suelo. Es una advertencia que invita al silencio o que propicia que solamente unos sean los “chivos expiatorios”, los que ya están pero no más.

Entre líneas reconocen la ley 975 encubrirá a muchos, y si ellos únicamente van a ser los responsables, pues que caigan otros. Esa iniciativa es un mecanismo para salvaguardar su seguridad si esta se ve estropeada por las pugnas internas en el establecimiento o la decisión activa de las víctimas de Crímenes de Estado, los medios de información y sectores de los partidos políticos.

Su iniciativa, por lo demás desafiante, pretende involucrar a sus críticos de la sociedad y de la comunidad internacional en el problema. Es una forma de cooptar, de legitimar su proceso, pues se pone en alto grado el tema de la verdad, Así que sí existe una decisión negativa o critica frente a esa Comisión, nuevamente los responsables serán otros, que solo piensan en ánimo de venganza. Si todo fracasa también hay a quien culpabilizar y serán los convocados, que no aceptaron la invitación los responsables de su inseguridad y de la imposibilidad de la verdad histórica

El recurso a las expresiones bíblicas “La Verdad os hará libres” desprovistas de la exégesis o interpretación crítica, o de las palabras Nunca Más, memoria histórica o de Comunidad de Paz para llamar a su recinto de descanso, son una ofensa profunda a sus víctimas, pero traen en el presente las tácticas militares justificatorias de sus crímenes, ahora usadas en el plano ético político. Son hábiles en identificar a quiénes les critican, a quiénes como desde el Movimiento de Víctimas propugnan por la memoria histórica en el Nunca Mas y en la Comisión Ética, usan sus palabras, retoman su identidad para vaciarlas de contenido. La actitud vuelve a convertirse en una ofensa a la memoria de más de sus 40 mil víctimas, y a quiénes participan en las expresiones e iniciativas del Movimiento Nacional de Víctimas.

La búsqueda de la verdad, la afirmación de la misma por parte de criminales y sus estructuras requiere no una simple expresión formal.

Se requiere una coherencia entre lo que se afirma y lo que se hace. Hoy sus estructuras, bajo nuevas denominaciones, con la complicidad de las Brigadas, empresarios, políticos, iglesias, continúan presionando, amenazando y señalando en el Curvaradó a mestizos y afrocolombianos. Las operaciones de agronegocios de FREDY RENDON, en el Cacarica continúan a pesar de la ilegalidad evidente de su posesión de la propiedad Colectiva. El asesinato de JUVENAL ESCUDERO en San Onofre; los crímenes y abusos contra las mujeres recientemente denunciados por la Redes de Mujeres en el día internacional de la violencia contra la mujer, constata que existe una eficacia retórica del proceso de desmovilización, y la asunción de diversas técnicas de control y de destrucción de la vida humana, de los sueños colectivos.

No hay una actitud de la verdad, la actitud criminal se sostiene. La posesión ilegal de tierras y territorios colectivos en el Bajo Atrato, en el Catatumbo, en el Meta se encuentra incólume. No existe una voluntad por la verdad, sino la formalidad de la palabra verdad para socializar sus responsabilidades si caen pocas y no todas las cabezas, si los compromisos asumidos por el poder político, judicial y no acceden a la Pax Romana que acordaron desde antes de Santafé de Ralito.

La verdad no es el uso del término, es una decisión conciente y voluntaria de reconocimiento de lo actuado, de las sinrazones del crimen, de nombramiento de todo el circuito de la criminalidad, el nombramiento de cada una de sus víctimas, de las fosas comunes, de los lugares en donde se encuentran los desaparecidos, de la devolución de la tierra y de los territorios. La verdad es una conversión o transformación del sujeto colectivo que ha usado de la violencia institucional para imponer un orden de cosas. De lo contrario es una reingeniería de la impunidad

La “verdad” como Normalización del Crimen.

La polisemia de todo texto, de la que no están exentos los evangelios, nuevamente es usada por los paramilitares para calar en el imaginario de la sociedad colombiana, que en un 75 % se confiesa católica. “Como cristianos” dicen, “queremos la verdad” y después citan el Evangelio de Juan. Ya antes, todos los discursos en los certámenes de la desmovilización, estaban impregnados de alusiones a la divinidad y hasta adelantaron una reinterpretación del sentido que se puede deducir de la tradición cristiana de Verdad, Justicia y Reparación sintetizándolos en reconciliación, porque la exigencia de justicia, era calificada por ellos como venganza y obedecía a intereses de sus detractores.

Nuevamente este llamado hipócrita a que “toda la verdad se sepa” de los sectores de poder en nuestro país, retoma una de las tradiciones mas significativas del judeocristianismo que hace síntesis en el evangelio de Juan, puesto por este en boca de Jesús: “La verdad los hará libres”. Esta expresión, como todo uso funcional de los evangelios, se saca, sin escrúpulos del contexto próximo del mismo texto, y del contexto lejano en el interior del mismo Evangelio. En el próximo la frase dice: “Si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres”. (Jn 8, 31-32).

La Palabra de Jesús, como se deja ver en el contexto lejano, es la expresión de la divinidad, que se concreta en el Evangelio de Juan en la limpieza del templo convertido en lugar de mercado, es decir en la resistencia a admitir la utilización de lo divino como mercancía (Jn, 2, 13-16), en la opción por las víctimas de segregación, tal como lo hizo con la mujer adúltera evitando que la asesinaran (Jn. 8, 1-11), en el reclamo a los fariseos por la hipocresía de decirse hijos de Habrán, pero no obstante esta confesión pretenden asesinar a Jesús por haber dicho la verdad del Dios (Jn. 8, 39-40).

La estrategia paramilitar, en sus polifacéticas expresiones de poder, ellos los asesinos, asumen las palabras de una víctima del poder Romano y fariseos para intentar generalizar como normal, la inclusión de muchos sectores de la sociedad colombiana en sus esferas de poder, congresistas, alcaldes, consejales, miembros del gobierno, empresarios, militares, policías, empresas transnacionales, las iglesias, el Das, intelectuales, ONG´s por ellos constituidas, empresas de apuestas, empresas prestadoras de servicios de salud.

La verdad, pedida desde el poder busca la normalización del crimen, la justificación de los responsables, la reconciliación de la sociedad vía “si muchos están untados, queda el perdón”.

Caben, entonces palabras del mismo Juan, que pueden ser aplicadas a estos sínicos del poder paramilitar: “Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, por que no hay verdad en él; cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira ( Jn 8,44).

Adjunto Caricaturas Garzón, Osuna, Betto, Mico
Artículos Semana, El Tiempo, El Espectador

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El desafío 2006

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Verdaderos falsos positivos
La investigación de la Fiscalía sobre los supuestos atentados terroristas en Bogotá avanza por buen camino. SEMANA conoció nuevas pruebas que comprometen aun más a miembros del Ejército.
No se trató de un acto terrorista. Tampoco de una acción de inteligencia militar. Fue un grosero montaje en el que intervinieron, entre otros, dos oficiales del Ejército”. Con esta explosiva declaración, el fiscal general, Mario Iguarán, puso de nuevo sobre el tapete uno de los temas más polémicos y espinosos de los últimos meses para el gobierno nacional: los falsos atentados realizados por miembros del Ejército en Bogotá.

Según Iguarán, los investigadores de la Fiscalía han encontrado suficientes méritos para imputarles al mayor Javier Efrén Hermida y al capitán Luis Eduardo Barrero, miembros de inteligencia del Ejército, los delitos de tráfico ilegal de explosivos y estafa agravada. Para la Fiscalía es claro que los dos militares, en complicidad de la ex guerrillera Lidia Alape, conocida con el alias de ‘Jesica’, planearon y ejecutaron una estrategia que consistió en poner varios supuestos carros bomba en la capital, entre julio y agosto, con el objetivo de hacerlos pasar como ‘positivos’ ante la opinión pública.

Pocas horas después de la contundente declaración de Iguarán, el Ministerio de Defensa expidió un escueto comunicado en el que se limitó a decir que “las Fuerzas Militares esperan que las investigaciones concluyan en el menor tiempo posible y se establezcan las responsabilidades individuales, ya que hechos como estos afectan la moral y entereza de más de 350.000 personas que conforman las Fuerzas Armadas”. La comunicación del Ministerio generó todo tipo de reacciones contra el ministro de esa cartera, Juan Manuel Santos, y del propio gobierno.

Aunque el fiscal Mario Iguarán sólo se refirió concretamente a uno de los montajes, los investigadores de la Fiscalía tienen evidencias de que por lo menos tres más de los supuestos carros bomba descubieros por el Ejército son falsos

En documentos ante el Comando General de las Fuerzas Militares y en declaraciones en la Fiscalía, el capitán Luis Barrero ha ratificado que sus superiores estaban enterados de todos detalles de sus operaciones

El mayor Efrén Hermida también confirmó que varios de sus jefes, incluidos coroneles y generales, autorizaron y sabían de las actividades que estaba desarrollando en Bogotá

No era para menos. Tan solo unos meses atrás, cuando se destapó públicamente el escándalo por los montajes del Ejército, Santos y el propio presidente Álvaro Uribe no sólo salieron en una vehemente defensa de los militares cuestionados, sino que atacaron a todos aquellos que en su momento se atrevieron a cuestionar y pedir claridad sobre el tema. “Son casos aislados”. “La Fiscalía no tiene, hasta ahora, evidencia que los pueda inculpar, lo que hicieron fue quemarlos como oficiales de inteligencia”. “Lo que ocurrió fue un gran montaje sobre los supuestos montajes”, fueron algunas de las frases que públicamente pronunció Santos al defender a los dos oficiales cuestionados. La cuenta de cobro a Santos tras las declaraciones no se hizo esperar.

Los senadores Cecilia López, Juan Fernando Cristo, Luis Fernando Velasco, Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo pidieron la semana pasada el retiro de Santos. “El Partido Liberal no recibió explicaciones del Ministro, recibió ofensas contra los senadores Cecilia López y Juan Manuel Galán, pero ahora la Procuraduría y la Fiscalía le han dado la razón al Partido Liberal. Santos no merece permanecer en el cargo”, dijo públicamente el senador Cristo. “Lo más grave es que el Ministro emitió amenazas contra nosotros en frente de oficiales de las Fuerzas Militares y dijo que estábamos acabando la carrera militar de los dos oficiales involucrados en este caso”, recordó el senador Juan Manuel Galán al hacer alusión a las palabras del Ministro durante el debate del pasado 11 de octubre en el que se buscaba claridad sobre lo ocurrido.

Las evidencias

Pero por encima de la tormenta política que desató la decisión del Fiscal, lo importante es que la investigación encontró evidencias lo suficientemente contundentes para aclararle al país de una vez por todas qué fue lo que verdaderamente ocurrió. El viernes de la semana pasada, durante una audiencia de formulación de cargos en contra de los dos militares, la Fiscalía destapó parcialmente sus cartas sobre el caso.

Dijo que el capitán Barrero, en su vehículo particular, guio al taxi con los explosivos hasta el sitio donde fueron descubiertos. Se refería al caso del falso taxi bomba instalado el 14 de julio en el centro comercial Caracas, al sur de la ciudad. Otra de las evidencias de la Fiscalía contra los militares es el testimonio de un taxista que admitió que uno de los oficiales fue quien le indicó dónde poner el carro bomba que nunca estalló.

La Fiscalía también reveló que en el caso de ese falso atentado, los militares no sólo buscaron el ‘positivo’, sino beneficiarse de la recompensa de cinco millones de pesos. Por eso se les imputó el delito de estafa agravada.

Aunque la Fiscalía hasta ahora sólo se ha referido a uno de los seis montajes que están siendo investigados, SEMANA conoció que las evidencias no sólo se limitan a ese caso. Pruebas técnicas realizadas por los expertos antiexplosivos del CTI demostraron que por lo menos tres de los supuestos carros bomba nunca estuvieron activados.

Las cargas explosivas encontradas eran muy inferiores a las que los militares reportaron. No menos grave fue para los investigadores descubrir que la mayoría de las cargas explosivas estaban compuestas por barras de Indugel, producido por Indumil -la industria militar-. Lo desconcertante, según la Fiscalía, es que los investigadores de esa entidad no han conseguido que Indumil les proporcione información sobre el origen y el destino de cada barra de Indugel que es vendida por esa empresa militar.

Aunque por ahora sólo han sido vinculados el mayor Hermida y el capitán Barrero, es probable que, como si se tratara de un dominó, también terminen involucrados otros militares. No sólo por el hecho de que la Fiscalía adelanta investigaciones contra otros miembros del Ejército, sino porque los propios Hermida y Barrera han terminado salpicando a otros miembros de su institución al reconocer en sus testimonios que varios de sus superiores estaban al tanto de lo que ellos hacían.

De acuerdo con las versiones que han rendido, el comandante de la V División y el jefe de inteligencia del comando general de las Fuerzas Militares, entre otros altos oficiales, sabían de la ‘operación de inteligencia’ que se estaba adelantando. La Fiscalía busca establecer si estos oficiales, mencionados por Hermida y Barrero, conocían los detalles exactos de cómo se estaba llevando a cabo esa fraudulenta operación.

El viernes pasado, el juez del caso se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra los dos militares y, aunque continúan vinculados al proceso, los dejó en libertad. Por ahora, es claro que en medio del mar de especulaciones en que se había convertido uno de los casos más polémicos de este año la decisión y seriedad con la que ha asumido la Fiscalía la investigación hacen prever que el país conocerá finalmente la verdad.

http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=98480

Relaciones exteriores

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Congreso de Ganaderos

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Fiscalía: “Militares sí fabricaron falsos atentados en Bogotá”
El fiscal Mario Iguarán tiene suficientes pruebas para vincular a un mayor y a un capitán del Comando General de las Fuerzas Militares con falsos positivos entre el 24 de julio y el 27 de agosto de este año en Bogotá. Los oficiales aseguraron que son inocentes.
Colombia es un país que tiene muchas “primeras veces en la historia” y, esta vez, el triste debut es para el Ejército: el mayor Javier Efrén Hermida Benavidez y el capitán Luis Eduardo Barrero, integrantes la Regional de Inteligencia Militar del Ejército (Rime), fueron imputados por los delitos de estafa y transporte ilegal de explosivos.

“La Fiscalía ha concluido, en el caso de los supuestos falsos positivos y en particular del supuesto atentado al centro comercial Caracas (en el sur de Bogotá), que no se trató de un acto terrorista ni de una acción de inteligencia militar: Fue un montaje”, dijo Iguarán en una rueda de prensa.

Agregó que los dos oficiales, con la colaboración de civiles, fraguaron el montaje “con el propósito de obtener un reconocimiento en su carrera militar”.
Este hecho no tiene antecedentes en el país. Al conocer la decisión, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que notifican el retiro del cargo de los oficiales, mientras se da un dictamen definitivo sobre el caso. Además, reiteraron su apoyo a las investigaciones que adelanten las autoridades sobre el caso.

Lo que más anhela esta cartera, desde luego, es que las pesquisas se adelanten con la mayor prontitud, pues reconocen que “hechos como estos afectan la moral y entereza de más de 350 mil personas que conforman las fuerzas armadas de Colombia”.

Cuando en septiembre los medios de comunicación develaron las evidencias de que los militares, con la ayuda de una ex guerrillera conocida con el alias de ‘Jessica’, cargaron con explosivos tres vehículos en Bogotá, Sibaté y Fusagasugá, e hicieron estallar uno cerca de la Escuela Militar, tanto el Gobierno como la cúpula militar salieron en su defensa y fueron flexibles ante los indicios que ponían en duda la labor de los oficiales de inteligencia. Pero ahora, con los cargos que se le imputan a estos dos militares: ¿en qué quedan las palabras de respaldo del presidente Uribe, el Ministro de Defensa y el Comandante del Ejército?

Al celebrar sus primeros cien días de gestión, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos dijo en un discurso que le parecía “absurdo” que un oficial de inteligencia no pueda hablar con sus fuentes o camuflar su identidad sin que esto suponga que está cometiendo un delito, haciendo una clara alusión al caso de los supuestos montajes. “¿Cómo se espera, entonces, que pueda realizar su labor y anticipar los planes de las organizaciones terroristas?”, se preguntaba el ministro antes de admitir que sus Fuerzas Militares necesitaban un trabajo inteligencia más avanzado.

Lo que no sabía él era que para la unidad de Terrorismo de la Fiscalía fueron suficientes los testimonios de Farid Mota y Evaristo Castillo Tovar (ex guerrilleros de las Farc presos en la cárcel La Picota); los extraños encuentros de Hermida y Barrero con ‘Jéssica’; y los testimonios de un taxista que sólo recibió parcialmente una recompensa para formular los cargos.

Esta mañana, tanto el mayor Hermida como el capitán Barrero hablaron por primera vez con los medios de comunicación. Vestidos con su uniforme de gala, a la salida del Ministerio de Defensa hablaron en tono tranquilo y seguro sobre el trabajo de inteligencia que adelantaron a mediados de este año.

“Las operaciones de inteligencia para ese momento se podían hacer con el procedimiento que nosotros hicimos. Además, tenía el aval de mis superiores”, aseguró el mayor. Enseguida, el capitán dijo que se acogerían a las decisiones de la Fiscalía, pero que pronto demostrarían su “inocencia y la verdad sobre lo que ocurrió.

Pero estas palabras no calmaron a la oposición del Gobierno. El Partido Liberal pidió la renuncia del ministro Santos, quien sin conocer a profundidad los hechos, defendió a capa y espada a los militares. Mientras tanto el senador Gustavo Petro, del Polo Democrático, prefirió que a cambio de la renuncia del Ministro, se cambie la política de ascenso de los oficiales de alto rango.

Este viernes, en una audiencia, los militares deberán comparecer ante un juez por los argos que se le imputan.

http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=98413


La Fiscalía y la Procuraduría ya hablaron con Farid Mota

De mal en peor
Mientras la investigación por los montajes en Bogotá avanza a paso lento, se conocen testimonios de cómo se fabricaban desmovilizaciones de guerrilleros.
Hace dos semanas, SEMANA reveló el testimonio de Farid Mota, un ex guerrillero recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, quien contó con lujo de detalles cómo, según él, se hicieron los tristemente célebres montajes con carros bomba en Bogotá. Tras la publicación, la Fiscalía General y la Procuraduría entrevistaron a Mota e incluyeron su testimonio, el cual está siendo valorado, como parte de la investigación que las dos entidades adelantan sobre el caso en el que han sido mencionados dos oficiales del Ejército.

En la mañana del viernes de la semana anterior, Caracol Radio entrevistó a Farid Mota, quien volvió a confirmar lo que le había dicho a SEMANA. Aseguró, entre otras cosas, que en los montajes de los atentados participaron los militares porque éstos así tenían “algo que mostrar” y lograban ascensos.

De acuerdo con testimonios recogidos por SEMANA de otros presos en La Picota, los montajes no sólo se habrían limitado a los carros bomba, sino que también se habrían extendido a algunas desmovilizaciones de grupos de guerrilleros coordinadas por militares. Uno de esos prisioneros entrevistados fue Evaristo Castillo Tovar, un ex guerrillero del Bloque Sur de las Farc. El recluso, condenado a 40 años de prisión por homicidio agravado, habló con la revista y confesó que había pagado tres millones de pesos para hacer parte de una de estas desmovilizaciones, con lo cual pretendía obtener beneficios contemplados en la Ley de Justicia y Paz, los cuales eventualmente le habrían servido para alcanzar la libertad.

SEMANA reveló en la edición del pasado primero de octubre el testimonio del exguerrillero Farid Mota quien contó cómo, según él, se hicieron los montajes de los carros bomba en Bogotá

Según los testimonios de los ex guerrilleros, el pabellón de Alta Seguridad de la cárcel La Picota fue el sitio en donde se planearon los montajes

El testimonio de Castillo no sólo refuerza el de Farid Mota, sino que abre nuevos y serios interrogantes. Castillo contó cómo, según él, dentro de la prisión se montó un ‘negocio’ en el cual están involucrados ex guerrilleros, detenidos también en La Picota, en colaboración con algunos militares (ver recuadro).

Las declaraciones de Mota y Castillo se conocen casi un mes después de haber estallado el escándalo por los montajes. Después de confusas declaraciones públicas de altos funcionarios del Estado, incluido el Presidente Álvaro Uribe, esta es la hora en que el país aún no sabe con claridad cuál es la verdad sobre una de las denuncias más graves de los últimos años. Poco antes de su salida de la Fiscalía, el ex vicefiscal Jorge Armando Otálora le reveló al Congreso la existencia de evidencias que comprometían a algunos uniformados en los montajes. Pero las investigaciones avanzan a paso lento y todo sigue siendo un mar de dudas y confusión.

Los testimonios de Mota y, ahora, el de Castillo, han provocado conmoción pues, aunque aún tienen que ser valorados por las autoridades competentes, dejan ver que efectivamente La Picota fue el escenario en donde se desarrolló una actividad no muy clara por parte de miembros del Ejército.

http://portal2.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=97420


“Yo pagué tres millones de pesos para que me metieran en una de esas desmovilizaciones falsas”
E varisto Castillo ingresó a la guerrilla en 1991. Durante cuatro años militó en diferentes estructuras del Bloque Sur de las Farc. En octubre de 1997 fue capturado y condenado a 40 años de prisión acusado de homicidio agravado. Lleva nueve años tras las rejas y hace un año fue trasladado a la cárcel La Picota. Allí conoció y se hizo amigo de varios de los guerrilleros que están señalados de haber participado, junto con dos militares, en la planeación de falsos atentados con carros bomba en Bogotá. Castillo, junto con Farid Mota, fue testigo de excepción de cómo se planearon los supuestos carros bomba desde la cárcel. Pero Castillo también fue protagonista de una denuncia igual de grave: algunas de las desmovilizaciones de columnas guerrilleras que ha hecho el Ejército serían montajes. SEMANA habló con Castillo.

SEMANA: ¿Qué sabe usted sobre los carros bomba en los que están involucrados varios militares?

EVARISTO CASTILLO TOVAR: Eso fue manejado desde aquí, por los mismos internos del patio B de La Picota. Ellos son los que han manejado esas cuestiones desde aquí hacia a fuera.
SEMANA: ¿Cómo lo hacen?

E.C.T.: Ellos se contactan con gente que tienen afuera. Son los que manejan todo el negocio de (la Ley) Justicia y Paz. Eso se maneja es desde acá (La Picota), inclusive hay militares incluidos en eso…

SEMANA: Usted ha dicho que, también, se montaron falsas desmovilizaciones de guerrilleros.

E.C.T.: Ese negocio lo maneja ‘Condorito’. Él es muy enredador. Le dijo a la gente: usted se quiere ir para la calle, entonces aporte plata, ponga 200.000, 500.000 pesos y así. ‘Condorito’ coordina con la gente de afuera, incluidos los militares, y van y recogen el material y lo guardan para las desmovilizaciones. Afuera recogen gente que no es guerrillera, les entregan las armas y los hicieron aparecer como desmovilizados. He visto gente que vino de visita a la cárcel y después los vi en las listas como guerrilleros desmovilizados.

SEMANA: ¿Usted le entregó dinero, armas o explosivos a ‘Condorito’ para que lo incluyera en las listas que él armaba?

E.C.T.: Él nos recogió a varios. Cuando llegué a La Picota, yo venía de la penitenciaría de Palo Gordo y en ese momento comenzaron a armar un grupo para ver qué intendencia o materiales se podía recoger. A varios amigos míos les recogió plata para meterlos en las listas

SEMANA: ¿Y usted?

E.C.T.: Sí, le colaboré con tres millones de pesos para que me metiera en las listas y acogerme a ese plan. Pagué para que me metieran en una de esas desmovilizaciones falsas.

SEMANA: ¿Concretamente, cómo era el negocio?

E.C.T.: Obteníamos los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y además me dejaba en el patio B.

SEMANA: ¿Cuándo hizo ese ‘negocio’?

E.C.T.: Hace un poco más de dos meses.

SEMANA: ¿Cuánta gente más dentro de la cárcel hizo ese tipo de ‘negocios’?

E.C.T: Pues ahí cayó mucha gente. A muchos los tumbaron porque pagaron o entregaron material y los terminaron trasladando para otras cárceles y los dejaron por fuera de las listas.

SEMANA: ¿Pero hubo gente que sí terminó metida en las listas con ese tipo de negocios?

E.C.T.: Claro. ‘Condorito’ le cumplió a una gente, especialmente a los que entregaron explosivos, intendencia y otras cosas. Esos son los que actualmente están en las listas de justicia y paz…

SEMANA: ¿Todavía se hace ese tipo de ‘negocios’?

E.C.T.: Estaban trabajando con los militares en la desmovilización de otro grupo como de 40 que van a hacer pasar como gente de la Teófilo Forero. Pero cuando salieron las denuncias de los montajes de los carros bomba y de las falsas desmovilizaciones, decidieron parar por ahora mientras se enfriaba un poco la cosa.

SEMANA: ¿Cuánto cobra ‘Condorito’ por un falso atentado?

E.C.T.: Yo sé que los militares por un carro bomba le ofrecen a uno 30 palos (millones de pesos) y si no lo hacen como está planeado o algo queda mal, la gente tiene problemas. Eso ya ha pasado.

SEMANA: ¿Usted ha recibido amenazas?

E.C.T.: Sí. El ambiente acá, desde que se enteraron de que íbamos a contar lo que pasó, es muy pesado.
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Montajes
Gravísimas denuncias por la participación del Ejército en atentados atribuidos a las FARC.
Hace mucho tiempo no se sentía un ambiente de indignación general como el que produjo la noticia de que un coronel, un mayor, un capitán y un teniente del Ejército participaron en siete actos terroristas. Las expresiones oscilaron entre el dolor, la ira y la estupefacción. Más aun cuando no es el primer escándalo que afecta a la institución militar, sino el último de una serie larga y vergonzosa. En uno de los ataques inventados murió José Antonio Vargas, un humilde reciclador que caminaba por una calle cercana a la carrera 45 con calle 75, en el barrio Gaitán de Bogotá, cuando explotó un carro bomba que en principio estaba dirigido contra una patrulla de soldados miembros del Batallón de Policía Militar número 15 que iba hacia el Cantón Norte. La explosión dejó heridos también a un suboficial y a nueve soldados. ¿Qué pueden sentir ahora estos damnificados, o los familiares de Vargas?

La mayoría de los actos terroristas se llevó a cabo en la capital en los días previos a la segunda posesión de Uribe. Cuatro años atrás, las Farc habían atentado contra el Palacio de Nariño en el momento de la transmisión del mando, y ese antecedente hacía prever que este año intentarían algo semejante. Bajo el clima de temor, los autores de los actos falsos pensaron que sería posible culpar al grupo guerrillero y cobrar la desactivación de carros bomba y otros atentados. La prensa y la opinión pública no dudaron en achacarle la oleada terrorista a las Farc. Incluso hubo comentarios en el sentido de que su bajo nivel, comparado con el de 2002, era producto de los éxitos de la política de seguridad democrática.

Todo era un engaño colectivo. Al menos eso dijeron las primeras versiones, corroboradas por un comunicado leído por el general Mario Montoya el jueves en la noche. Las investigaciones apenas comienzan, y el fiscal general, Mario Iguarán, habló de la posibilidad de que la autoría recayera en manos de miembros de las Farc infiltrados en el Ejército. Bajo esta alternativa, la responsabilidad de los militares sería menor.

Carro bomba del Barrio Gaitán

El 15 de julio fue encontrado un taxi bomba en el sur de Bogotá. Las investigaciones de la Fiscalía encontraron inconsistencias en las primeras versiones del Ejército que le atribuían la autoría a las Farc. La combinación de los explosivos, por ejemplo, era diferente a la que utiliza la guerrilla

Pero cualquiera de las hipótesis es preocupante. Si los atentados fueron una farsa, las secuelas serían gravísimas desde los puntos de vista ético, militar y político. El Ejército es la institución en la que recae la confianza de todo un país para combatir a sus enemigos. Que aparezcan oficiales inmersos en las mismas conductas que precisamente deben perseguir pone en juego su prestigio y su credibilidad y genera una profunda desazón. Los atentados fueron torpes y no se entiende que su desactivación se considerara más importante que la evidencia de que las Farc no podían repetir la ofensiva de hace cuatro años gracias a la política de seguridasd democrática.

Nadie cree que estos hechos hayan sido ordenados por la cúpula. Son individuales. Pero son tan frecuentes y desconcertantes, que producen inquietudes sobre la eficacia de las Fuerzas Armadas en momentos en que ha crecido el optimismo sobre la posibilidad de ganarles la guerra a las Farc y de derrotar al terrorismo. Peor aun cuando se han presentado otros casos recientes de características semejantes (ver recuadro).

Los militares se ganaron, después de un trabajo sostenido durante varios años, el apoyo de la comunidad internacional y el respeto de los colombianos. Durante la década de los 80 la ayuda de Estados Unidos se dirigió a la Policía y se limitó a la lucha contra el narcotráfico porque existía desconfianza sobre el compromiso del Ejército con los derechos humanos. Esa situación cambió desde mediados de los 90. El Plan Colombia ha incluido ayudas financieras cercanas a los 4.000 millones de dólares para las Fuerzas Armadas. En el plano interno, las encuestas indican que por primera vez los militares ascendieron a los primeros lugares de favorabilidad entre todas las instituciones. Los golpes que ha recibido su imagen en los últimos meses son un atentado contra estos importantes logros estratégicos.

Basta recordar el clima que reinaba en las principales ciudades del país en vísperas al 7 de agosto. En Bogotá, el alcalde Luis Eduardo Garzón convocó varios consejos de seguridad para monitorear los esfuerzos preventivos contra el terrorismo de las Farc. Las calles se militarizaron. La ciudadanía padeció retenes, requisas, restricciones en las ciclovías y ley seca. El regreso del terrorismo, o la repetición de los atentados de 2002, invadió el ambiente colectivo.

Hubo otras consecuencias de mayor alcance. En su momento circularon versiones de que el presidente Álvaro Uribe anunciaría en su discurso de posesión una generosa oferta de paz para la guerrilla, tanto de las Farc como del ELN. A última hora, las noticias sobre la ola de atentados con que supuestamente se saludaba su segunda administración habría obligado a un cambio del texto. Sólo hubo alusiones generales, de tono escéptico y contenido ambiguo, sobre las posibilidades de abrir una negociación de paz. La confirmación de que los actos terroristas fueron inventados con participación de miembros de las Fuerzas Armadas significaría que el Presidente de la República -el Comandante en Jefe- habría tenido que modificar su política por culpa de ilícitos cometidos por sus propios subordinados. Una barbaridad inconcebible.

No menos significativo fue el efecto de las informaciones sobre estos atentados en la comunidad internacional. Las medidas de seguridad para proteger a las delegaciones extranjeras que asistieron a la posesión, comenzando por la de Estados Unidos, fueron extremas y les dieron origen a despachos y crónicas de la prensa internacional que cubrió al evento. En todos se mencionaba la ofensiva de las Farc para ‘recibir’ el segundo cuatrienio de Álvaro Uribe. ¿Todo era un vil engaño? ¿Cómo puede un Presidente decidido a terminar el conflicto liderar a un Ejército que viola principios tan esenciales? ¿Cómo se ha llegado a una situación que permite semejantes despropósitos?

Las respuestas no son fáciles, pero hay varios indicios. En los últimos años se ha consolidado la cultura de los ‘positivos’. Entre los generales y los mandos medios se ha incrementado la necesidad de mostrar a toda costa éxitos en la guerra. En parte, por la exigencia del propio presidente Uribe, que llama directamente a los comandantes en el terreno para mantener su presión. Y también porque se paga dinero y se reconocen los méritos. Otro factor es la expectativa que existe sobre el nuevo comandante del Ejército, general Mario Montoya, para que sostenga las ‘cifras’ de su antecesor. No se tiene en cuenta que en la medida en que hay progresos en la guerra, los ‘positivos’ deben disminuir. De hecho, llegan a cero en el momento de la victoria definitiva, porque el enemigo pierde toda su capacidad de acción. Este obsoleto concepto ha producido casos atroces como la desaparición de Tiberio García Cuéllar cerca de Chaparral, Tolima, sobre el cual hay investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública; el montaje del secuestro de seis comerciantes por el Gaula del Ejército en Atlántico, y ejecuciones extrajudiciales por las que se acusa a la IV Brigada, en Antioquia, cuyas víctimas fueron presentadas como guerrilleros.

Un elemento clave de la política de seguridad democrática era el de cambiar la manera de cuantificar los éxitos de las Fuerzas Armadas en la guerra. Reemplazar indicadores como el número de muertos por otros más modernos como los resultados en términos de una mejor seguridad para la población civil. La reducción, por ejemplo, de homicidios, secuestros y desplazados. Lamentablemente, los casos mencionados indican que no se ha producido este cambio, sino que, por el contrario, se ha incrementado el apego al infame ‘body count’ (contabilización de muertos) que en el mundo se comenzó a desterrar después de su abuso en la guerra de Vietnam.

El comandante del Ejército, general Mario Montoya, en el comunicado que leyó el jueves pasado para dar a conocer el escándalo, reiteró que los hechos fueron cometidos por “personas inescrupulosas entre las que se encuentran dos oficiales”. Un explicable énfasis en la responsabilidad individual y no institucional. Y aunque es cierto que no existe una política oficial, la repetición de la la infame práctica de inventar atentados genera una gran preocupación. La contundente declaración del ministro de Defensa, en el sentido de que estos crímenes son “hechos aislados” choca contra la percepción de que su número y frecuencia tienden a convertirlos en una conducta sistemática.

Por momentos, la reacción de la cúpula descubre una mayor preocupación por la imagen, que por enfrentar la realidad. El general Montoya salió a los medios con un comunicado de seis puntos para adelantarse a las informaciones que preparaban SEMANA y El Tiempo para denunciar los montajes. El objetivo era quitarle fuerza a la noticia y divulgarla en los términos oficiales. Una praxis de dudosa ética que ya había sido utilizada cuando se destaparon las torturas a que fueron sometidos 21 soldados del Batallón Patriotas en el municipio de Piedras, Tolima, en febrero pasado. Estas reacciones dejan la percepción de que importa más tapar llas irregularidades que llegar al fondo de las investigaciones.

Y hay problemas graves con aspectos tan cruciales como el alcance del control civil del manejo militar. Un precepto constitucional fundamental en una democracia, que en Colombia se profundizó desde cuando se reemplazaron los ministros de Defensa militares por civiles. Aunque esta medida ha servido para mejorar el debate sobre los asuntos castrenses y para mantener a los oficiales al margen de la política, todavía hay un largo camino que recorrer. La salida de Martha Lucía Ramírez de la cartera de Defensa tuvo que ver con el malestar que generaron en las Fuerzas sus intenciones de asumir el manejo de la contratación por parte del Ministerio. Otras áreas han sido impenetrables: esta es la hora en que los informes de los inspectores militares no llegan al despacho ministerial. Y para enfrentar la profunda crisis de la justicia penal militar, el ministro Santos tuvo que nombrar como directora de esa jurisdicción a Luz Marina Gil, la primera civil que llega a esa posición.

Pero se necesitan otras reformas. “El rápido crecimiento en el pie de fuerza en los últimos años no ha estado acompañado de la reingeniería necesaria para mejorar los controles internos”, dice la ex ministra Martha Lucía Ramírez. También hay problemas de liderazgo. El relevo de oficiales respetados por la tropa, como los generales Reynaldo Castellanos y Carlos Alberto Ospina, ha dejado vacíos. También se necesita una revisión de la estrategia de pagos de recompensa para evitar el estímulo al logro de ‘positivos’ a cualquier precio. Y, agrega Martha Lucía Ramírez, “la formación de los soldados debe ser más integral: agregar una mejor educación en derechos humanos y ética, y no limitarse exclusivamente a lo militar”.

Falta ver a dónde conducen las investigaciones sobre los atentados previos al 7 de agosto. ¿Tiene validez la hipótesis del fiscal Iguarán según la cual fueron las Farc las que impulsaron estos actos? ¿A esa conclusión conduce el material probatorio? En todo caso, una es la realidad procesal y otra la preocupación creciente por la protuberante existencia de fallas estructurales en las fuerzas. Y este punto, pase lo que pase con las investigaciones sobre los actos terroristas de agosto, no se puede dejar a la deriva -ni sin una respuesta convincente- en un país en guerra.
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=96921

Noviembre 24 de 2006
‘Nosotros no permitiremos presiones’

Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Solarte dice que por sacar adelante el proceso de políticos involucrados con ‘paras’, la Corte ha tomado medidas de emergencia, pero ha recibido apoyo de la Judicatura, para avanzar en las pesquisas.
El magistrado Mauro Solarte encabeza el grupo de magistrados que investiga hasta dónde llegan los nexos de los ‘paras’con la clase política. Asegura que eventuales investigaciones en la Comisión de Acusación no interferirían con el proceso.
El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, el magistrado Mauro Solarte, asegura que al país hay que decirle la verdad y que las investigaciones por los nexos de la política con los paramilitares debe llegar hasta donde sea necesario.

En entrevista con EL TIEMPO dice que no tienen nada contra el Congreso y que la Corte no aceptará presiones de ninguna índole.
Insiste en que hay que decirle la verdad al país.

¿Hasta dónde va llegar la Corte en esta investigación?

No lo podemos saber con exactitud, esta es una investigación que está en sus albores y el proceso es dinámico.

(…)La idea es llegar hasta donde sea necesario. Hasta donde las pruebas nos lo indiquen, sin escatimar esfuerzos y hacerlo con la ponderación que se debe esperar de un juez con carácter.

Algunos dicen que el país no está preparado para la verdad…

No comparto eso y lo digo con respeto por quien opina de ese modo, porque los problemas que tiene el país -esta situación de zozobra, de violencia- se debe a que no ha hecho la tarea de descubrimiento de la verdad, por dolorosa que sea. La única manera de exorcizar los demonios es corriendo el velo que ha cubierto hechos dolorosos.

Algunas investigaciones empezaron hace más de dos años, ¿por qué apenas se ven resultados?

Primero, debo reconocer que en las investigaciones de única instancia de juzgamiento de altos funcionarios y de fuero parlamentario la Corte tiene un cuello de botella. Eso se debe a que, en el caso de los parlamentarios, la Corte realiza funciones de instrucción y de investigación y funciones de juzgamiento y resulta que la Corte no tiene una estructura de investigación, como la Fiscalía. La Corte no es igual y todo se vuelve muy lento, muy difícil, mediante el sistema de las comisiones. Eso, aunado a un insólito cúmulo de competencias de la Corte, hace que esos procesos marchen con más lentitud.

Las investigaciones estaban dispersas en cada uno de los despachos judiciales.

Justamente para producir los resultados que ahora tenemos, cuál es sacar esos asuntos de los despachos de cada uno de los magistrados y unirlo en uno solo.

¿Cuántos congresistas hay en averiguaciones preliminares y cuándo serán llamados a indagatoria?

No puedo darle esa información, tan solo puedo decirle que estamos trabajando sin prisa, pero sin pausa.

¿Hay nuevas informaciones?

A partir de una denuncia se ha empezado a encontrar la punta del ovillo que empieza a desenredar todo un material probatorio. Eso es lo que estamos haciendo, practicando las prueba. Eso sí, con acatamiento al debido proceso, con profundo respeto institucional, nada tenemos contra alguna de las instituciones del Estado.

No tenemos nada contra el Congreso, lo que hay son implicaciones en contra de miembros del parlamento, pero las instituciones como tales no pueden ser cuestionadas desde el punto de vista penal.

¿Han sentido presiones para frenar el escándalo?

No hemos sentido ninguna y no lo permitiríamos jamás, lo denunciaríamos.

¿Los congresistas implicados podrían acogerse a la Ley de Justicia y Paz?

Eso es un tema que tendría que ser planteado en su momento, si se dieran las condiciones para eso; tendría que ser tratado por la Sala Penal.

¿Hay versiones sobre amenazas y atentados a testigos en este proceso?

La Corte hará todo lo que sea necesario para preservar la prueba, para que no haya interferencias probatorias y para que estén protegidos los testigos.

¿Entonces, en qué van todos los procesos y denuncias que han llegado?

Ninguno de los casos que ha llegado a la Corte ha estado inactivo, todos han estado en movimiento, todos tienen su punto de maduración.

¿La paz sin justicia no?

He dicho que el país necesita toda la verdad, la mayor dosis de justicia y de reparación que sea posible.

¿Esta semana se rumoró que la Comisión de Acusación podría iniciar investigaciones contra magistrados?

La Comisión de Acusación, como la Corte, tiene un marco normativo que lo regula, tiene la Constitución y tiene las leyes. Ese debe ser el exclusivo referente que debe guiar a la Comisión. Si hay conducta de los magistrados que merezcan ser investigadas, pues es el deber que lo hagan, pero si no, también deben tomar prontamente las decisiones que así lo dispone.

Y no creería, bajo ningún punto creo en ese rumor, en el sentido de que una actividad inusual en la Comisión tenga por objeto interferir la actividad de la Corte Suprema en el tema que estamos comentando.

Confío en las instituciones, en el Congreso y por lo tanto no tengo ningún elemento de juicio que respalde esa perversa conseja, según la cual, una reactivación de asuntos en la Comisión pretenda erigirse en un dique de contención o en un obstáculo a la actuación de la Corte Suprema.
Se necesita verdad
“He dicho que el país necesita toda la verdad, la mayor dosis de justicia y de reparación que sea posible”.
Mauro Solarte, al referirse sobre los casos de ‘paras’ y política.

El escándalo de la parapolítica
2 jefes ‘paras’, a decir la verdad

Dos declaraciones clave ingresarían a la investigación de la Corte Suprema contra los tres congresistas detenidos de Sucre. El tribunal llamaría a rendir testimonio en los próximos días a los ex jefes ‘paras’ Marco Pérez, ‘el Oso’ y Edwar Cobos Téllez, ‘Diego Vecino’. Este último, que se desempeñó como comandante político de las Auc en ese departamento, fue uno de los firmantes de la carta en la que los ‘paras’ les piden a los políticos que fueron sus aliados que se destapen. ¿Será que acorde con la petición ‘Vecino’ sí hablará ahora (hasta el momento no ha confesado nada) de nexos con políticos?

Maya desestima propuesta de ex Auc de Comisión de Verdad

El procurador Edgardo Maya no respaldó la propuesta de los ex jefes ‘paras’ sobre la creación de una Comisión Civil de la Verdad, para que sectores públicos hablen de sus relaciones con las Auc. “Hay un camino trazado, que es la Ley de Justicia y Paz”, dijo.

Terminó versión de ‘ventilador del DAS’ en la Corte Suprema

Ayer, Rafael García, ex director de informática del DAS, terminó su declaración ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema. Fue contrainterrogado por abogados de Dieb Maloof, Alfonso Campo y Jorge Caballero. Según su abogado, García dijo que no tenía pruebas de la financiación de campañas políticas en la Costa Caribe, solo información sobre esos casos.
http://www.eltiempo.com.co/justicia/2006-11-25/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3340446.html

Así fue la reunión de políticos y ‘paras’ en Santa Fe de Ralito, a finales de 2001
Luis Carlos Ordosgoitia (iz.) asegura que ni ha renunciado ni el presidente Uribe le ha pedido su retiro.
Información relacionada
En el documento firmado por ellos, que tenía cerca de doce folios, se hacía la proclama de un movimiento respaldado por las Autodefensas. Además, hubo otros encuentros.
La cita comenzó a las 10 de la mañana, en la misma casa que después ocuparía el Salomón Feris Chadid, alias ‘Comandante 08’, durante las negociaciones de paz con el Gobierno de Álvaro Uribe.

Los políticos llegaron en varios carros, algunos, incluso, decidieron compartir el mismo vehículo. Todos se instalaron en un amplio quiosco que los protegió del fuerte sol de la zona. Hicieron varios corrillos a la espera de que los comandantes paramilitares iniciaran el encuentro.

La reunión se inició cuando los comandantes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso arribaron al quiosco. Saludaron rápidamente a todos y luego Castaño empezó a exponer las razones del encuentro.

Castaño dijo que el temor de las autodefensas eran las negociaciones de paz que en ese momento el presidente Andrés Pastrana adelantaba con las Farc en el Caguán.

“Nosotros también necesitamos un proceso de paz”, dijo Castaño y advirtió que la suerte de las autodefensas no podía quedar sellada en el proceso que Pastrana estaba tratando de sacar adelante con la guerrilla.

La plataforma ideológica

Fue entonces, cuando dos profesores de la Universidad de la Sorbona, cuyos nombres no recuerdan pero que algunos congresistas han visto en la Universidad Militar, tomaron la palabra y empezaron a explicar la estrategia política que las autodefensas querían desplegar.

Primero, eso sí, dieron una visión particular de lo que para ellos era el conflicto, hablaron de cómo se estaban desarrollando los proceso de paz en el mundo y finalmente dijeron cómo se veía Colombia en el mundo.

Después, sin mayores rodeos, explicaron la estrategia que apuntaba a convertir a las autodefensas en “un actor político reconocido en el conflicto interno”, dijo otro de los asistentes.

“Ahí no se habló de elecciones ni de Uribe”, dijo otro.

A las cuatro de la tarde, cuando terminó la explicación de estos argumentos, Mancuso tomó la palabra y dijo que tenían que firmar un documento. En seguida, el documento fue impreso y puesto en una mesa.

En efecto, el documento empezaba con el siguiente encabezado: “Nosotros los abajo firmantes…”, por eso, varios meses después, algunos congresistas hacían bromas en el Congreso preguntando: “¿Tú eres de los firmantes?”.

El documento serviría de plataforma ideológica para el lanzamiento de un movimiento político que se llamaría Movimiento Nacional Comunitario, respaldado por las autodefensas. Para unos fue una declaración de compromiso, para otros una declaración ideológica.

Varios dudaron en firmar, pero solo cuando el entonces congresista -y ahora director del Instituto Nacional de Concesiones- Luis Carlos Ordosgoitia dijo: “Yo lo firmo, comandante”, los demás procedieron a hacerlo.

Ayer se supo que hubo varias reuniones de ese tipo. Meses después del encuentro de Ralito, los jefes paramilitares presidieron otra reunión en Arboletes (Antioquia).
Noviembre 27 de 2006
Encuentro en Ralito podría ser un primer paso de estrategia política de los ‘paras’
El plan incluiría desde un principio, un proceso de paz, el delito político, la no extradición y, tal parece ahora, una ley de punto final.
En la reunión del 2001, según dijo Miguel de la Espriella y lo confirmó Eleonora Pineda, los ‘paras’ presentaron la idea de crear un movimiento político que defendiera sus tesis y promoviera el inicio de un proceso de paz.

De esta forma, preocupados por la negociación del gobierno Pastrana con las Farc, los ‘paras’ empezaron a ambientar la necesidad de que también se iniciara un diálogo con ellos.

Vale la pena recordar que en julio de 1998 las Auc, representantes del Consejo Nacional de Paz y de la socieda civil, firmaron el acuerdo del Nudo de Paramillo con el que se buscaba propiciar el inicio de un proceso de paz con los ‘paras’. Intento que se frustró en el gobierno Pastrana.

El siguiente paso lógico, en el marco de la estrategia, después de la reunión del 2001, fue el apoyo a la elección de candidatos afines tanto para el Congreso en el 2002 como para las elecciones regionales en el 2003.

Luego, tras el inicio del proceso de paz de Santa Fe Ralito, sede que curiosamente sirvió también para la cumbre del 2001 con los políticos, los ‘paras’ se enfocaron en los temas que más les interesaban: el delito político y la no extradición.

En junio del 2003, Miguel de la Espriella, en declaraciones a la revista Cambio, planteó la posibilidad de que los ‘paras’ fueran considerados como sediciosos. Y, un mes más tarde, la misma revista reveló un documento elaborado en Costa Rica por un grupo de abogados liderado por Gustavo Salzar Pineda en el que se planteaban las bases de la negociación de las Auc con el gobierno Uribe.

En el documento los abogados proponían también que los
miembros de las Auc fueran cobijados por el delito de sedición, que el narcotráfico se considerara como conexo a la sedición y que no fueran extraditados. Los dos temas saldrían a flote en la discusión de la Ley de Justicia y Paz.

Ahora, la petición de los ‘paras’ a sus aliados y colaboradores para que digan la verdad parece entonces ser un nuevo capítulo de esa estrategia política que estaría buscando una ley de punto final bajo el entendido de que los tentáculos ‘paras’ llegaron tan lejos que lo mejor es hacer borrón y cuenta nueva.
http://eltiempo.com/politica/2006-12-01/index.html


Noviembre 27 de 2006
El escándalo de la para-política
La Corte Suprema solicita investigar las ‘filtraciones’

Fueron tantas las publicaciones que la semana pasada y el fin de semana hicieron algunos medios de la declaración de Rafael García, ex jefe de informática del DAS, en la Corte Suprema, que la Sala Penal de ese organismo les pidió a la Fiscalía, a la Procuraduría y al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca que investiguen una posible violación sumarial.

Piden renuncia del Alcalde de San Onofre, Sucre

Ayer, en audiencia pública, ante unas mil personas, entre las que había miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Iván Cepeda, presidente del Movimiento Nacional de Víctimas, solicitó la renuncia del alcalde de San Onofre, Jorge Blancos. Dice que hay pruebas de su apoyo al grupo ‘para’ de Rodrigo Mercado Peluffo, ‘Cadena’.

http://www.eltiempo.com/politica/2006-11-30/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3346879.html


EL VENTILADOR
Rafael García ha hecho serias denuncias sobre la penetración del paramilitarismo en la política. Qué tan grave es la situación y que tan creíble es el testigo.
Esta semana testificó Rafael García, el ex jefe de informática del DAS, ante la Corte Suprema de Justicia, sobre la penetración del paramilitarismo en el Estado que tiene temblando a media clase política. En cuestión de dos semanas han capturado a cuatro congresistas y cuatro disputados, han librado una orden de captura contra un ex gobernador de Sucre, han llamado a indagatoria a un ex director del DAS y han salido a flote los nombres de decenas de congresistas, alcaldes, gobernadores, policías y militares que figuraban en los archivos de las autodefensas o que han sido mencionados por paramilitares confesos.

En medio del nerviosismo de mucho congresista, del paroxismo de los medios y del entusiasmo de la opinión, García se presentó ante los magistrados de la Corte. Necesitó tres días y contó de todo. Dio nombres, ventiló contratos, denunció fraudes electorales y reveló alianzas macabras. Puso en blanco y negro el ajedrez político de ‘Jorge 40’y sus lugartenientes en cuatro departamentos de la Costa. A pesar de lo explosivas, muchas de estas denuncias no son nuevas. En abril de este año, García, un año y medio después de haber sido capturado por borrarles antecedentes judiciales a los narcotraficantes, rompió su silencio y denunció cómo el DAS -y específicamente su antiguo jefe, Jorge Noguera- tenía relaciones con los paramilitares.

Esa fue sólo una de las cuatro ‘bombas’ que, en su momento, lanzó García. Las otras tres no fueron menos graves. Primero, que en las elecciones al Congreso y a la Presidencia de 2002 había habido fraude en algunos departamentos de la Costa. Esta denuncia, que se produjo en el fragor de la campaña presidencial a la reelección, enfureció al presidente Uribe. La segunda, que el DAS filtraba información a los paramilitares para asesinar sindicalistas. Y tercero, que desde el DAS se estaba fraguando un plan de desestabilización contra el gobierno venezolano. Salvo el plan contra Venezuela -que para algunos resultó algo fantasioso-, todo lo que ha dicho García se ha venido confirmando. Y él no sólo lo volvió a ratificar en la Corte sino que dio más nombres y más detalles. Aunque la mayor parte de la declaración ante la Corte reitera lo que había dicho a la Fiscalía y a los medios, el hecho de que ahora lo haga ante el máximo tribunal de la Justicia le da una nueva dimensión. Y, a su vez, la Corte adquiere ante el país la responsabilidad de desmenuzar este testimonio y contrastarlo con otra pruebas y otras versiones, para determinar el grado de veracidad.
Para muchos, el espeluznante testimonio de García es sólo la punta del iceberg de un fenómeno donde el Estado sucumbió ante el terror paramilitar en varias regiones del país. En departamentos como Magdalena, Cesar, La Guajira y Bolívar, los tentáculos de este grupo armado se colaron por todos los resquicios del Estado y asfixiaron cualquier intento de legitimidad. Los hospitales públicos se convirtieron en la caja menor (como en Atlántico), los subsidios de la salud eran para financiar las armas (como en La Guajira), los notarios eran para legalizar tierras robadas (como en Córdoba), los contratos públicos eran para financiar la guerra, los registradores regionales eran para robarse las elecciones, los alcaldes y gobernadores, para consolidar su poder regional, y los congresistas para defenderse del poder nacional.

Esta semana, por ejemplo, el senador Amílkar Acosta también fue a la Corte, pero para contar cómo tuvo que retirar su candidatura al Senado en La Guajira por las amenazas de los paramilitares. Otro que declaró fue ‘Antonio’, uno de los lugartenientes de ‘Jorge 40’, y se espera que pronto pase por el tribunal alias ‘Gonzalo’, uno de sus asesores políticos y cuya cabeza ya tiene precio por los preciosos kilates de su información.

Este escándalo político-paramilitar se ha concentrado hasta ahora en la Costa Atlántica. Y es natural. Primero, porque el testimonio de García se concentra en la Costa. Segundo, porque fue incautado el ‘computador de Jorge 40’, jefe del Bloque Norte de las Autodefensas. Y tercero, porque la Fiscalía venía investigando el caso de los políticos de Sucre hacía cinco años. Sin embargo, ya asoman la cabeza escándalos de la misma envergadura en el resto del país. En los Llanos y los Santanderes ya hay varios alcaldes y ex gobernadores salpicados. Lo mismo que en territorios que estuvieron bajo la égida militar de ‘Macaco’ o ‘Don Berna’, como el Eje Cafetero y Antioquia.

Mientras los más apocalípticos comparan esta crisis política con el 9 de abril, los más cínicos creen que esto es un divertimento de la prensa que no tendrá mayores consecuencias penales ni políticas. Pero más que un momento de ruptura histórico o un capricho de los medios, la penetración del paramilitarismo en el Estado es un preocupante fenómeno que refleja la inmensa fragilidad de nuestras instituciones fuera de Bogotá. La eufemística ‘complejidad regional’, que tolera connivencias indebidas, cierra los ojos y se tapa la nariz, no es otra cosa que falta de legitimidad y de autoridad de un Estado que quedó subyugado al poder ilegal de los grupos armados. ¿Cuántos alcaldes, gobernadores, congresistas, militares y funcionarios están -o estuvieron- al servicio de estos señores de la guerra? ¿Cuántos candidatos tuvieron que marginarse de las elecciones por temor al fusil? ¿Cuánta plata se desvió en obras y salud para los más necesitados y terminó en pólvora y plomo? Son preguntas que nunca llegaremos a responder aun si todo lo que dice García es verdad y muchos otros se atreven a seguir su camino.

EDITORIAL
Un debate sano para el país
30 de Noviembre de 2006. Redactor de EL TIEMPO.
El necesario debate nacional sobre los nexos paramilitares demanda madurez de todos los actores y debe estar despojado de intereses políticos inmediatistas.
Nadie puede negar lo afirmado ayer por el presidente Uribe -al salirles al paso a los nuevos desarrollos del escándalo desatado por las relaciones de parlamentarios afines al Gobierno con los paramilitares- en el sentido de que las responsabilidades penales son individuales y de que la mayoría de los hechos aberrantes destapados últimamente se remontan a períodos anteriores a su Administración. Pero tampoco se puede desconocer que las revelaciones sobre el contubernio de políticos y ‘paras’ está lesionando la imagen del Gobierno y podría llegar a afectar su agenda legislativa.

A la hora de escribir estas líneas continuaba el debate promovido por el Partido Liberal y el Polo Democrático en el Senado sobre la canciller María Consuelo Araújo, cuya presencia en el gabinete cuestionan por el hecho de que su hermano el senador Álvaro Araújo sea uno de los parlamentarios llamados a indagatoria por la Corte Suprema. En los pasillos del Capitolio se decía, por otra parte, que el senador Miguel Alfonso de la Espriella se disponía a revelar el documento que, a finales del 2001, firmaron la cúpula de las Autodefensas y más de 40 dirigentes políticos, reunidos en el Nudo de Paramillo. Pero, aun sin esto, las repercusiones de la revelación que De la Espriella hizo el domingo pasado a este diario sobre la aludida reunión, sumadas a los seis congresistas llamados el martes por la Corte, han añadido bastante fuego a la hoguera que tiene en ascuas al mundo político colombiano desde hace varias semanas.

* * * *

Ya son nueve los congresistas investigados formalmente por la Corte por presuntos vínculos con el paramilitarismo y no se sabe cuántos más puedan ser llamados. Por su parte, la Fiscalía tiene en la mira a por lo menos nueve ex parlamentarios. Los efectos varios de esta situación, en el país y en el exterior, son preocupantes y ameritan prontas respuestas y acciones.

Algunas voces han planteado la revocatoria del Congreso, idea que el presidente Uribe rechazó, con buenas razones, en sus declaraciones radiales de ayer. Se necesitaría que la mancha de la ‘parapolítica’ se extendiera a una parte muy considerable de las cámaras para que una propuesta tan traumática tuviera algún asidero. Lo que corresponde es que la Justicia actúe pronta y eficazmente para castigar a quienes resulten culpables, pues no son las instituciones -el Congreso, valga el ejemplo-, sino los individuos los que delinquen. La acción de los jueces debe ser respaldada de manera clara e irrestricta, no solo por el Gobierno, sino por los partidos, los gremios y la opinión en general.

Si en lo anterior coincidimos con la posición del Presidente respecto a este escándalo, no ocurre lo mismo con su insistencia en utilizar el espejo retrovisor, como lo hizo de nuevo ayer, al decir que los gobiernos anteriores “no les pararon bolas” a los problemas de los ‘paras’, la guerrilla y el narcotráfico. Todos sabemos que a lo largo de la historia nacional se han acumulado una diversidad de conflictos y que muchas de las heridas causadas no quedaron bien cerradas. Pero para hacer frente a la dramática coyuntura actual no es útil reabrirlas aún más, sino buscar la manera de que las actuales queden, esas sí, bien sanadas. Para lo cual, como lo hemos dicho muchas veces, se requiere saber la verdad, pieza fundamental del proceso con los ‘paras’ y también de la purificación de nuestras costumbres políticas.

No le falta razón a Uribe cuando dice que todo este destape ha sido posible por el proceso con los paramilitares que inició su gobierno. Frente a la confusión y el desconcierto que se palpan en el exterior, es un argumento que el Presidente debe recalcar. Así como su insistencia en que todo congresista que haya cometido un delito debe pagarlo, y en el hecho evidente de que en Colombia hay unas instituciones judiciales sólidas, que están actuando de manera enérgica y autónoma.

* * * *

Estamos ante una coyuntura delicada y compleja, que demanda responsabilidad y madurez de los actores políticos, pues no se trata de echar por la borda la estabilidad institucional del país. El debate, saludable y necesario para la sociedad colombiana, debe estar despojado de intereses políticos inmediatistas u oportunistas, pues la forma en que se maneje esta situación puede ser crucial para el futuro nacional. Más que como una sindicación específica de un sector político determinado, la vinculación entre políticos y paramilitares hay que entenderla también como un problema social viejo, amplio y profundo, que va desde la ausencia del Estado en zonas donde hace más de 20 años surgieron las autodefensas, hasta las más aberrantes combinaciones delictivas que hoy padece Colombia.

No sobra invitar a quienes tienen en sus manos la discusión y decisión sobre los preocupantes temas que concentran la atención nacional a que actúen con serenidad, pero también con celeridad.
No sería conveniente que el país entrara en el ciclo de una crisis interminable, con las consecuentes repercusiones paralizantes sobre las actividades políticas y económicas.