“Hasta la muerte si es necesario”, mujeres indígenas de Jiguamiandó.
Con la militarización y la invasión de la empresa Muriel Mining Corporation el pasado 3 de enero al Jiguamiandó el miedo y la zozobra de pueblos indígenas y afrocolombianos volvió a revivirse.
Días después la Muriel inició la deforestación ilegal de bosque primario para hacer excavaciones en territorio colectivo de comunidades indígenas en el cerro Usa-Kirandarra. Los invasores como los llaman las comunidades, están detrás del oro, cobre y molibdeno.
A raíz del desplazamiento de 2 familias indígenas de Coredocito y una afrodescendiente por la ocupación inconsulta se desató la movilización de 500 indígenas de los Resguardos de Murindó, Resguardo indígena de Urada- Jiguamiandó, Chageradó y de las comunidades afrocolombianas de Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo, Nueva Esperanza y de Bella Flor Remacho, e indígenas del Norte Chocó.
El pasado 5 de enero ocurrió un desplazamiento de 2 familias indígenas y una afro desde el resguardo de Coredocito hacia Isla debido a la militarización y la ocupación empresarial. A pesar de sus miedos, el 7 de enero decidieron regresar a Coredocito, bajo la consigna que “si no regresamos perderemos todo”.
El 9 de enero las comunidades, divididas en un grupo de mujeres y otro de hombres emprendieron una caminata hacia el lugar ubicado a dos horas de Coredocito, donde se están llevando a cabo las excavaciones. Este lugar, que es considerado sagrado por las comunidades, al que los Jaibanas envían las almas en limpieza espiritual está militarizado. Allí el ejército encañonó a dos mujeres indígenas y a otras las intimidaron encapuchados. El abuso de autoridad se vino al piso cuando las decenas de mujeres se juntaron rompieron el cerco, al lado de ellas, los niños.
El pueblo indígena, con algunos afrodescendientes en reunión del 10 de enero, le expresaron a la compañía que debía abandonar su territorio. No hemos sido consultados, terceros que no son del territorio no nos representan, personas de las comunidades que obran sin consultar sin contar con la voz y la decisión de la comunidad no pueden decidir. No ha habido consulta, no hemos sido consultados, la empresa dice mentiras”
Las comunidades indígenas y afros exigieron a la empresa en presencia de los militares en esa reunión, presentar las pruebas de que ellos han sido consultados y le exigieron llevar a los territorios, el próximo viernes 16 de enero, exigiendo llevar a los que firmaron por las comunidades. A las comunidades afrodescendientes se les negó el uso de la palabra.
En la misma reunión las comunidades anunciaron que si el viernes, la empresa no desocupa el territorio ellas van aplicar la ley indígena y hacer respetar el territorio.
En el día de hoy en el Ministerio del Interior, funcionarios afirmaron que la consulta se había realizado, desconociendo 5 testimonios de dos Cabildos Mayores que manifestaron desconocer cuando se realizó y con quiénes, agregando, que se han valido de la corrupción y de prebendas para comprar a algunos indígenas, incluso, unos que ni siquiera son de la región.
Se ha dado un desarrollo irregular para aparentar la realización de una consulta, existen abusos y anomalías en el Ministerio del Interior, que fueron denunciadas por los indígenas. Igualmente, a pesar de la solicitud perentoria para que estén presentes en la reunión del viernes 16 de enero, al lado de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, argumentaron dificultades para asistir.
A su vez se dejó claro que no ha existido la consulta por parte de la empresa con las comunidades indígenas y afro y que es necesario respetar su autonomía y cumplir con unos parámetros, a lo que la Muriel ha respondido que todo lo está haciendo bajo “la ley” y que consultó con algunos líderes y organizaciones. La empresa ha consultado a organizaciones de segundo nivel, quienes no tienen legítima autoridad para representar a la comunidad. No se ha consultado a los habitantes legales y legítimos en los resguardos y en los territorios colectivos.
Estamos ad portas de la posibilidad de que se produzcan daños irreparables a la vida e integridad de mujeres y niños, si el Estado de Colombia no interviene urgentemente para que la Muriel abandone el territorio y se desmilitarice los espacios de habitación y los lugares sagrados por parte de la Brigada 15 y 17. Ellas han tomado la decisión de que por su territorio lucharán hasta el final y si es necesario llegarán hasta la muerte por ella.
Las comunidades indígenas y Afro exigen a la Vicepresidencia de la República, a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio del Interior y en general al Estado colombiano, la detención inmediata de la deforestación de bosques primarios y de excavaciones, y a la vez asegurar el retiro inmediato de motosierras, gasolina y demás maquinaria ingresada a este cerro sagrado.
El gobierno indicó que no se compromete a asistir a la reunión que han puesto en conocimiento las comunidades.
Bogotá, D.C. Enero 13 de 2009
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ