Graves afectaciones a la salud de indígenas Jiw y Sikuani por la mala calidad del agua en Mapiripán
Las comunidades Jiw y Sikuani siguen padeciendo grave vulneración a sus derechos de tierra, salud, educación y ambiente sano. Incluso ambos pueblos originarios están en vía de extinción, tal y como lo menciona la Corte Constitucional en el Plan de Salvaguarda Étnica de estos pueblos indígenas desplazados por el conflicto amado declarado en la sentencia T-025 de 2004 y los autos 004 de 2009, 173 de 2012 y 565 de 2016.
El martes 2 de abril entre las 8:00 a.m. y 12:00 p.m., Eneira Castillo Segura, de 17 años, indígena Jiw del Resguardo Naexal Lajt, en Mapiripán, Meta, fue llevada por miembros de la comunidad al Centro de Salud del municipio con un cuadro de dolores gastrointestinales, vomito con sangre, diarrea y altos niveles de deshidratación durante más de una semana enferma.
Los funcionarios afirmaron, como en otras ocasiones, que continúan sin gasolina para atender a los pacientes con el transporte en ambulancia, y que tampoco había personal médico para atenderla, afirmando que ella “no tenía nada”.
La indígena regresó a su comunidad sin haber sido atendida.
Los indígenas Jiw y Sikuani de Mapiripán, se encuentran enfrentando graves problemas de salud el agua contaminada que consumen de los caños Yamu y Ovejas respectivamente.
El caño Yamu tiene yacimiento en la finca Macondo, donde hay un cultivo de palma aceitera de la empresa Poligrow.
Hasta el momento ninguna de las comunidades cuenta con acceso a agua potable.
A pesar de la exigencia que se ha hecho desde febrero del presente año y reiterada en dos ocasiones a las autoridades locales para responder de manera urgentemente como carro tanques de agua para el abastecimiento de las familias, no existe respuesta.
Desde el mes de enero se han reducido los caudales de los caños y la sequía obligando a las comunidades a usar aguas detenidas y contaminadas para su consumo diario.
La comunidad Jiw se encuentra en un proceso de “Reubicación digna” en un predio asignado de 1730 hectáreas en el año 2017 acordada con la Unidad para las Víctimas y la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Mapiripán, proceso sin avance alguno.
Bogotá D.C., 9 de abril de 2019.
Comisión Intereclesial de Justicia Y Paz
Imagen: Christian Garavito.