Grave crisis en Bajo Calima y Bajo San Juan no se resuelve con informantes
Ayer martes 18 de abril, en el sector de la Playa , Río Pichima, municipio de Litoral de San Juan, Chocó, fueron encontrados los cuerpos sin vida de Anselmo Cárdenas Victoria y su hermano Dalimiro Cárdenas Victoria.
De acuerdo con testimonios de la comunidad habrían sido retenidos y desaparecidos por paramilitares de la estructura de las AGC el pasado domingo 16 de abril.
En el marco del Comité extraordinario de Justicia transicional, Región Valle – Chocó, realizado en Cali con el objetivo de analizar la situación humanitaria del Bajo San Juan y el Bajo Calima los entes departamentales y municipales se declararon desbordados por la emergencia humanitaria de todo el municipio de Litoral de San Juan, el confinamiento, desplazamiento forzado y amenazas a indígenas y afrodescendiente.
En el análisis se identificó el riesgo de nuevos desplazamientos por la presencia de estructuras armadas de tipo paramilitar como las AGC y criminales del Clan del Golfo, y por los eventuales enfrentamientos con el ELN.
Pese a las acciones de la fuerza pública con presencia en el territorio, capturas, incautación de droga y armas, la crisis humanitaria fue reconocida por las instituciones civiles y militares que hacen parte de este Comité.
Aceptaron la falta de condiciones de protección para adelantar retornos y la condiciones dignas para los desplazados.
Alcaldes y gobernadores manifestaron la ausencia de respuesta del abandono del gobierno nacional para atender la emergencia, resolver asuntos de fondo el conflicto con el ELN y desmontar las estructuras armadas al servicio del tráfico de droga.
El comité de Justicia transicional sesionará en la ciudad de Bogotá, el día 27 de abril con ministros.
A los líderes indígenas y afrodescendientes invitados al comité les preocupa la solicitud de la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro para que militares de la Fuerza Naval diseñen una propuesta que vincule a la población civil en la implementación de un corredor seguro en el Bajo San Juan y Calima con radios de comunicación directa con la fuerza pública.
Para las comunidades la estrategia revive el fantasma de terror de la de red de informantes implementada en el gobierno de la seguridad democrática con graves consecuencias para la población civil.
Las respuestas consideran ellos deben ser de seguridad humana con una respuesta integral del Estado en la respuesta a derechos negados en materia de educación, salud, comunicación, ambiente, y no simplemente en una respuesta militar ineficaz.
Bogotá, D.C., abril 19 de 2017
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz