Geopolitica VRS Derechos territoriales en el Catatumbo
Más de diez mil campesinos (algunos dicen que 16.000) han participado en estas semanas de protesta en el Catatumbo. Esa cifra se lee mejor si se imagina en Bogotá un alzamiento inerme con 200.000 personas.
En el Catatumbo las reivindicaciones son las mismas que hace diez años y el tratamiento oficial hasta ahora se ha simbolizado en ofertas de inversión, pactos no cumplidos y, en estos días, en la orden de disparar en contra de la gente desarmada y alegar para justificarlo que hay infiltración de la guerrilla o que se han detectado dirigentes comunistas con estudios en el extranjero. Los videos muestran el momento de la masacre y la evidencia de un fuego cerrado de fusilería dirigido contra los campesinos (ver http://www.youtube.com/watch?v=MbYEcufOPJk ).
El pliego de demandas se limita a pedirle al gobierno que cumpla la ley 160 de 1994 y se le de curso final a la autorización de la zona de reserva campesina que ya ha sido tramitada; además piden que se cumpla lo definido en planes de inversión de conocimiento del INCODER. Y, como asunto crítico, que se acuerde con los campesinos la erradicación voluntaria de cultivos de coca, dándole contenido al pronunciamiento del Presidente Santos sobre el fracaso de la política antidroga como guerra a los cultivadores y la necesidad de un enfoque social.
¿Porque un asunto tan sencillo es asumido como parte de la guerra y con instrumentos militares de represión desproporcionada?
Tal vez se entienda mejor la crisis actual si se recuerda que esa zona ha sido definida como prioridad en los planes militares antisubversivos y está identificada también como objetivo de la llamada política de consolidación (PNCRT) que apoya o codirige el Comando Sur de los Estados Unidos en Colombia. Los intereses militares y económicos en esta zona de frontera con Venezuela, van más allá del control de orden público o de la erradicación de las plantaciones de coca. En realidad la ofensiva antícocalera es el pretexto para el control territorial y el avance del ordenamiento del territorio para fines geoestratégicos y macroproyectos mineros, petroleros y agroindustriales.
En enero de 2013, como parte de la estrategia de acción integral (2013 a 2017), el gobierno anunció un plan de inversiones por 1,7 billones de pesos para los municipios priorizados dentro de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (San Calixto, Convención, Hacarí, Tibú, El Carmen, El Tarra y Teorama).
De esa inversión anunciada 1,3 billones corresponden a vías de penetración y a infraestructura para grandes proyectos de inversión. El giro de los planes de consolidación en el último año le ha dado mayor peso a las operaciones militares y a la ingeniería militar, por ello al tiempo se han fortalecido las bases y operaciones conjuntas (FTC Vulcano entre ellas) y la ejecución de inversiones a cargo de las fuerzas armadas. El componente social, que representa el 20% de lo definido por el Conpes sobre el Catatumbo, está articulado al plan militar y lo mismo ocurre con la “recuperación” de 200.000 hectáreas de baldíos en ese territorio marcado por el desplazamiento forzado del 30% de su población desde 1998 a la fecha[1].
Con esas prioridades geoestratégicas, las reivindicaciones o derechos de los campesinos e indígenas han estado subordinadas a las alianzas de ocupación del territorio, de desalojo de los viejos colonos y al repoblamiento “para el desarrollo” y la seguridad en esa frontera. Los paramilitares con su terror hicieron su tarea entre 1998 y 2005 y ahora llegan otros actores para garantizar las fases hacia la consolidación del nuevo ordenamiento del territorio.
La geopolítica de las guerrillas también ha tenido su papel para definir estrategias en esta zona en la que ha mantenido reservas durante décadas. En los medios de comunicación se ha informado que en las partes de más difícil acceso de la región circuló por años Manuel Pérez, jefe máximo del ELN y que hasta hace poco tiempo ha tenido campamentos Timochenko, el comandante de las FARC. A diferencia de paramilitares y fuerzas estatales que entran a “territorio enemigo”, las guerrillas han buscado la cercanía de colonos y han intentado tener redes o simpatías en la lógica de ganar base social. En la larga presencia en la región, el ELN, FARC o EPL(mega), han oscilado entre aceptaciones y rechazos de las comunidades, alterados por procesos independientes de organización y no pocas veces por la incursión de narcotraficantes, testaferros de los compradores de tierras o derechos y buscadores de títulos mineros o de territorios para palma.
Este intricado escenario, que se completa con las tensiones y pruebas de fuerza cuando se dialoga para poner fin al conflicto armado, se ponen a prueba la capacidad del Estado para distinguir de lo militar varios planos que requieren un tratamiento político y socio económico.
En la respuesta estatal lo primero que hay que reclamar es la distinción entre la protesta civil y la acción armada.
A la luz de la garantía de derechos no puede criminalizarse por sospecha ni declararse a civiles como blancos militares legítimos. En contextos de influencia de guerrillas, narcoparamilitares u otras macroorganizaciones legales o ilegales que utilizan o aprovechan la violencia, la acción del Estado y de la fuerza pública con pleno respeto a los derechos ciudadanos es no solo una obligación sino que es la mejor forma para deslegitimar la violencia armada y ganar terreno a la institucionalidad del Estado Social de Derecho. El mensaje desde la autoridad no puede ser “disparen mientras averiguamos”, sino “toda protesta sin armas será protegida”, “toda reivindicación de los campesinos e indígenas será atendida para garantizar derechos” con los instrumentos que permite la ley.
Otro error de enfoque en esta crisis de El Catatumbo es subordinar la solicitud de ZRC, tramitada ya por los causes legales (ley 160/2004) y requisitos del INCODER, a lo que suceda en las conversaciones en La Habana o a la garantía de influencia de amigos del gobierno en las comunidades gestoras o de no influencia de la guerrilla.
La única exigencia a los asociados en ZRC debe ser su actuación legal y la articulación del plan de vida o de desarrollo a la institucionalidad para garantizar su sostenibilidad. Con ese horizonte y con estrategias de fomento productivo y de derechos fundamentales, el Estado tendrá mayores resultados frente a factores de violencia, que convirtiendo esos territorios que se reclaman como ZRC por sus legítimos pobladores, en zonas de guerra y disputa para ser repobladas a favor de macroproyectos. En los procesos de conformación de las ZRC, el Estado mantiene por supuesto sus atribuciones para reprimir la criminalidad y confrontar a los grupos armados ilegales.
En la perspectiva de la paz y de las transformaciones de una larga etapa de transición, esas ZRC convertidas en territorios de paz, tendrían la potencialidad de ser pilares asociativos del ordenamiento territorial.
[1] http://www.consolidacion.gov.co/?q=content/conpes-de-catatumbo-beneficiará-los-municipios-en-consolidación-de-norte-de-santander consultado 6 de julio de 2013 3:39 a.m.
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