Frente a FENOSA en defensa del Agua y Energía

Se inicia el lanzamiento de la campaña en Defensa del Agua y la Energía, derechos fundamentales para la Vida. Una propuesta de afirmación de los derechos de los pobladores de la Costa Atlántica de Colombia ante Unión FENOSA y el Estado colombiano


La campaña pretende llamar la atención sobre los efectos de la privatización de los servicios públicos de energía, los costos sociales en la calidad de vida de los habitantes, y un ejercicio de reivindicación sobre el aporte que las comunidades han hecho, antes de la llegada de FENOSA, para que los servicios públicos fueran una realidad para los sectores empobrecidos.

Una expresión simbólica y práctica de resistencia civil, de dignidad y de soberanía se desarrolla en los barrios en defensa de las condiciones de vida que ellas y ellos han conquistado en significativas manifestaciones de organización social.

En sus correos, una carta suscrita por cerca de 18 organizaciones Españolas frente a FENOSA.


Carta abierta

“Pedimos a Unión FENOSA que esclarezca las acusaciones hechas por su papel en la privatización
del sector eléctrico en la costa caribeña de Colombia

Madrid, 10 de diciembre 2004

Mientras que en todo el mundo se celebrará hoy el Día Internacional de los derechos humanos, en Cartagena (Colombia) se dirá: “No más violaciones por parte de Unión FENOSA. Tenemos derecho al agua y la energía, elementos básicos para tener una vida digna”.

El informe “SEGUIMIENTO SOCIAL EN EL CARIBE COLOMBIANO A LA CORPORACIÓN UNIÓN FENOSA” de la ONG Censat Agua Viva-Amigos de la Tierra (Colombia) ha manifestado públicamente serias acusaciones contra la eléctrica española UNION FENOSA que nos preocupan mucho y nos obligan a denunciar los hechos ante la sociedad española al ser máximo consumidor de Unión FENOSA.

En resumen, el documento viene a decir lo siguiente: “Desde la adquisición de las empresas colombianas Electrocosta y Electricaribe Unión FENOSA ha cometido toda clase de abusos y violaciones a los derechos humanos de las comunidades caribeñas. Ha sometido a barrios y municipios enteros a cortes masivos de energía, con la disculpa de sancionar a unos pocos usuarios morosos; los cortes eléctricos se hacen sin previo aviso de suspensión, sin respetar el debido proceso y retirando de forma arbitraria los elementos de infraestructura construidos y gestionados por las mismas comunidades. Unión FENOSA ha elevado indiscriminadamente las tarifas llevando a que amplios sectores sociales queden marginados de este servicio fundamental para su vida. Los cortes de energía también ocasionan la suspensión en el servicio de agua que, al no contar con la energía necesaria no puede ser bombeada y distribuida. Las altas tarifas y los cortes masivos han provocado la suspensión de actividades educativas, de los servicios de salud y ha perjudicado las actividades económicas de la comunidad”.

El informe denuncia además que “la prestación de los servicios públicos en el Caribe Colombiano es el principal factor de descontento y movilización de los habitantes de la región.” Y sigue: “La creación de entidades comercializadoras comunitarias, para solucionar el problema de facturación enfrenta en algunas regiones comunidades marginadas, empresa y Gobierno, lo que ya ha causado graves impactos socioambientales y culturales, incluso varios muertos, entre los que se cuentan niños.”

En lo laboral destaca que “la plantilla según convenio bajó de 4.372 trabajadores a actualmente 1.604, como resultado de la política de exterminio de los trabajadores sindicalizados, implantada por los españoles en Electrocosta y Electricaribe. Todo este proceso se dio en medio de la resistencia de los sindicatos que se oponían a la venta de un patrimonio público. Los grupos paramilitares asesinaron inicialmente al vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y dirigente del Sindicato de Trabajadores Eléctricos, Sintraelecol Seccional Bolívar, Jorge Ortega. También cayeron dirigentes sociales en Barranquilla, un abogado de la empresa que investigaba todos los fraudes ocurridos durante la privatización, es decir, el soborno a políticos durante la intervención de la empresa y los contratos dañinos que asumió el Estado Colombiano en la privatización, en total son 27 dirigentes sociales que han sido asesinados dentro del proceso de privatización del sector eléctrico en la Costa Caribe.”

Según el documento “Unión FENOSA maneja una política abierta de no prestación del servicio en zonas donde no puede recuperar su inversión. En la resolución 181726 de diciembre de 2003 Unión FENOSA deja claro que no prestará servicios a por lo menos el 50% de la población a la que inicialmente estaba obligada”. “De cada 4 días, 3 sufren corte de energía, algunos cortos, pero muchos de duración de hasta 13 horas”, explican las comunidades en un documento enviado al gerente de Electricaribe, Ramón Navarro.

Nos parece muy grave la denuncia de la “pérdida de vidas humanas ocasionadas por problemas técnicos de mantenimiento, resistencia social, muertes selectivas” y que Unión FENOSA se haya “convertido en la generadora de marginalidad.”

Alarmante es también el empeoramiento de las condiciones de sanidad pública “debido a la interrupción de los servicios de agua y alcantarillado como consecuencia de los cortes en el suministro de luz, en más de cien municipios”. Se han detectado alergias, problemas visuales, enfermedades en la piel, intoxicaciones, impactos en la atención primaria, secundaria y terciaria de la red de salud pública y privada, situaciones de emergencia, etc. “Las enfermedades de tipo endémico como la malaria, fiebre amarilla, se han vuelto más comunes ya que los niños, y en general la población, están más expuestos a picaduras cutáneas en las horas de la noche”, concluye el informe.

Organizaciones populares de base como campesinos, juntas de vecinos, de acción comunal, ambientalistas, pescadores, defensores de derechos humanos, estudiantes, madres comunitarias, ligas de usuarios, sindicatos, entre otras manifestaciones sociales, han articulado una “campaña por la defensa del agua y la energía”, reclamando que las empresas públicas vuelvan a manos del Estado, que en el Caribe colombiano se encuentran en manos de Unión FENOSA. La campaña plantea incluso llevar el caso de Unión FENOSA a los tribunales internacionales y demandarla por las violaciones de los derechos humanos.

Unión FENOSA afirma seguir las recomendaciones del Pacto Global propuesto por la ONU y del Libro Verde de la Unión Europea, sin embargo, sus actividades económicas en Colombia parecen demostrar lo contrario.

Si bien es cierto que los Estados son los principales responsables de la promoción y protección de los derechos humanos, la liberalización y privatización sin apenas ningún tipo de restricción de los mercados estatales ha provocado un protagonismo sin precedentes de las empresas privadas. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su preámbulo establece obligaciones directas a los actores privados al afirmar que todo individuo y todo órgano de la sociedad deberá respetar y asegurar el efectivo reconocimiento y observancia universal de los derechos humanos. La figura de “todo individuo” incluye personas jurídicas.

Pedimos a Unión FENOSA que esclarezca las acusaciones hechas en el informe y que haga público sus políticas en el sector de los servicios públicos en América Latina. Estamos además interesados en tener una reunión con Unión FENOSA para hablar de este asunto.

Sin más esperamos su respuesta.

Cordialmente,

Acsur-Las Segovias
Amigos de la Tierra
Attac
Colectivo de Refugiados Colombianos en España
Colectivo de Solidaridad Belgo-Andino-Americano AYNI – Bélgica
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Comitato “Carlos Fonseca” – Roma, Italia
Comité de Solidaridad con América Latina de Xixon
Confederación General del Trabajo (CGT)
Confederazione COBAS – Italia
Coordinación Estatal de Solidaridad con Colombia
Ecologistas en Acción
Espacio Alternativo
INTERSINDICAL-CSC
Izquierda Unida – Confederación
Mugarik Gabe
Paz con Dignidad
Plataforma por la Defensa de los Servicios Públicos

FENOSA
Att: José Salvador Ruiz Díaz, director de distribución internacional,
Email: [email protected]
Tfno: 91 210 01 00
Luis A. de la Fuente Carbonero, director de política laboral,
Email: [email protected]
Tfno: 91 567 66 38

Bogotá, D.C Diciembre 10 de 2004

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ