Erradicación forzosa y abusos de autoridad

El viernes 9 de diciembre a las 7:30 a.m. en el sector del Estero Jurima, comunidad Concherito, Consejo Comunitario del río Naya, infantes de marina escoltaron a más de 25  erradicadores para que de manera inconsulta destruyeran dos hectáreas de coca.
La erradicación forzosa se realizó con amenazas al sembrador, de oponerse a la acción sería encarcelado por seis años.

Dos días antes la Infantería de Marina realizó la misma operación en otro predio del sector.

Ante la exigencia de parar la erradicación y cumplir lo acordado en La Habana, los efectivos regulares dicen que están cumpliendo la Constitución y la ley e invitan a los pobladores para que no se  pierda todo, raspar la hoja.

Sábado 10 de diciembre, en la Comunidad de Concherito, Estero Jurima,  unidades de la Armada Nacional al mando del Teniente Ospina continúan dentro en la erradicación forzosa e inconsulta, incumpliendo los acuerdos firmados por el gobierno nacional el pasado 12 de noviembre.

La erradicación se realizó mientras lideres del consejo comunitario y los cabildos indígenas del río Naya adelantaban la cuarta reunión de acercamiento y concertación con Germán España delegado del gobierno nacional, para avanzar en la ruta de implementación de erradicación voluntaria de siembras de cultivos de uso ilícito.

El funcionario enfatizó tal como reza en el acuerdo que en la primera fase del proceso no habría erradicación forzada.

Agregaron los militares que hasta que el comandante J. Llano de la Armada nacional no de la orden, las operaciones continuarían.

Desde hace un mes se están desarrollando estas operaciones de erradicación inconsulta y contra lo acordado con las comunidades y las autoridades.

El viernes 11 de noviembre, hacia el medio día, en la comunidad de Primavera, territorio colectivo del Naya, unidades de la Armada Nacional, ingresaron abordo de dos embarcaciones tipo piraña.

Sin orden judicial los regulares ingresaron forzando las puertas a tres viviendas de la comunidad de donde hurtaron dinero, joyas, teléfono celular, tenis. Una de las viviendas es del líder afronayero y concejal en ejercicio del municipio de López de Micay, Elmer Valencia Rodallega, quien no se encontraba en la vivienda.

Al día siguiente, el sábado 12 de noviembre, los militares regresaron a la comunidad realizando varios disparos.

Con intimidaciones ingresaron a la vivienda del padre de Elmer. Allí hurtaron la suma de 800.000 pesos e intentaron llevarse un motor 40 fuera de borda, subiéndolo a la embarcación militar.

Elmer Valencia, el concejal que llegó al lugar de los hechos buscó al mando militar exigiendo respuesta al operativo, la orden judicial que la sustenta.

Ningún militar dejó ver su identidad ni dio explicación alguna. Los regulares se limitaron al decir que estaban buscando droga.

La denuncia por estos hechos fue instaurada por el concejal ante la personería y policía nacional en el municipio de Lopez de Micay, el 15 de noviembre.

Las operaciones de erradicación forzosa continúan desconociendo los acuerdos locales, el Acuerdo de La Habana y las garantías de respeto a los derechos humanos.

Bogotá, D.C. diciembre 12 de 2016
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz