En riesgo vida de lideresa Sandra Lagos y otros integrantes de ADISPA por difamaciones de Comandos de la Frontera
Ayer viernes 4 de diciembre hacia las 6:00 a.m. en el centro urbano de Puerto Asís, se conoció la circulación de un panfleto estigmatizante por parte de la estructura armada autodenominada Comandos de la Frontera contra la lideresa Sandra Lagos y ADISPA.
Los armados señalan a la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica ADISPA, de la ZRCPA y a la lideresa Sandra Lagos de ser colaboradores del Frente Carolina Ramírez de las FARC-EP y responsables de los asesinatos que se han producido en diferentes partes del departamento.
El escrito señala también a los defensores de derechos humanos Yuri Quintero y Wilmar Madroñero, y los diputados por la Colombia Humana y el Partido Verde, Andrés Cancimance y Yule Anzueta.
Sandra Lagos es actualmente presidenta de la comunidad de Puerto Playa de la ZRCPA, delegada a las instancias del Programa Nacional de Sustitución PNIS y PDET.
El comunicado impreso y repartido en diversos lugares está signado de mentiras, tergiversación y acusaciones sin fundamento, que buscan estigmatizar a las lideresas, líderes y defensores y el proceso organizativo de ADISPA y las comunidades de la ZRCPA.
ADISPA nació como una iniciativa campesina, una propuesta territorial de protección de la identidad rural, de fortalecimiento organizativo para afrontar la violencia sin el uso de las armas y de la afirmación de derechos integralmente concebidos.
Su autonomía trajo en el pasado señalamientos de las FARC-EP y del Estado colombiano, que les concebían aliados de uno u otro bando en medio de la confrontación político armada.
Hoy como en el pasado, las estructuras armadas que se disputan el control territorial, nuevamente señalan a la población campesina para luego actuar contra su vida, integridad y el derecho a estar en la tierra que les pertenece.
Desde hace más de dos años se ha exigido al Estado colombiano actuar desde el enfoque de seguridad humana de Nacones Unidas para proteger los derechos de los habitantes campesinos de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, dada la persistencia de operaciones armadas dentro y fuera del entorno del territorio titulado. Exigencia ignorada, pues no ha tenido respuesta estructutural y estratégica del Estado, que solo se manifiesta de manera represiva con el ingreso de las Fuerzas Militares y Policía Antinarcóticos, y que protegen exclusivamente al sector empresarial extractivo.
La ZRCPA es parte de los 115 procesos de base que ha invitado al gobierno del presidente Duque, a Comandos de La Frontera, las FARC-EP y a otros grupos para iniciar un cese de fuegos como parte de un Acuerdo Humanitario Global por COVID19, que les permita continuar con la defensa de la vida, las libertades, el territorio y el ambiente sano de todas y todos sus integrantes.
El autodenominado grupo Comandos de La Frontera como lo han señalado estudios y fuentes oficiales está conformado por exintegrantes de las AUC y las FARC. De la misma manera esta estructura armada ha manifestado contar con el respaldo de sectrores de de la economía y de la Fuerza Pública de Putumayo.
Este grupo armado ha consolidado su poder en lugares de fuerte presencia militar y policial, y el lenguaje que usa pretende en ocasiones lograr legitimación de la población, y otras veces usa un lenguaje antisubversivo, calificando a las organizaciones campesinas como guerrilleras.
La situación de la ZRCPA y de sus lideresas, entre ellas, Sandra Lagos, es aboslutamente grave y delicada, el Estado de Colombia y el gobierno de Iván Duque ha sido incapaz de lograr una presencia institucional generadora de garantías de los derechos de la población y medidas idóneas para la protección de la vida y labor de líderes y lideresas.
Bogotá D.C., 5 de noviembre de 2020
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
