En medio del control de las AGC se incrementó el riesgo de lideres/as de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad
El control casi total del territorio afrocolombiano y de los resguardos indígenas de Cacarica por parte de estructuras de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, que opera como una expresión de tipo paramilitar en el paso de tráfico de cocaína por la tolerancia, complicidad e ineficacia de las fuerzas militares persiste.
Una serie de actuaciones de intimidación, de restricciones, de imposibilidad de libre expresión y de afectación directa a la autonomía de la organización de las comunidades se ha ido cualificando en la región.
Las operaciones de control en el punto conocido como Tumaradó, Travesía, La Tapa y en muchas de las comunidades a través de los llamados puntos que informan a mandos medios de la movilidad de líderes/as, organizaciones humanitarias nacionales e internacionales de derechos humanos e infiltran las reuniones comunitarias evitando las denuncias y la autonomía en la toma de decisiones en la mayoría de las 23 comunidades, y promueven actividades sociales, ahora, se autoproclaman como dueños del territorio.
En medio de un profundo temor por su vida e integridad, la lideresa Ana del Carmen Martínez, integrante de CAVIDA y de los consejos comunitarios, expresó la presión ejercida sobre ella y la comunidad de la Zona Humanitaria Nueva Vida, de cinco integrantes de las AGC.
El miércoles 8 de agosto sobre las 11:00 a.m. dos de los cinco AGC sin consentimiento de Ana del Carmen ingresaron a su vivienda y le indicaron que debía convocar a una reunión con los demás líderes. Los otros tres se dedicaron a buscar que les vendieran cervezas
A los dos AGC que le abordaron la lideresa les manifestó que la Zona Humanitaria es un lugar exclusivo de la población y que les estaban irrespetando, exigiéndoles que se retiraran de la Zona Humanitaria
Los AGC reunieron a muy pocos líderes en la Zona Humanitaria, estos les exigieron retirarse del lugar, y reiteraron que la comunidad, no requiere externos para resolver sus asuntos. Agregaron que las comunidades saben que su operación armada está relacionada como militares y policías y ante la ausencia real de protección del Estado a las comunidades ellos constituyeron las Zonas Humanitarias las que deben ser respetadas.
Uno de los armados expresó que eran diferentes y que leían la biblia, y que en sus talleres internos se enfocaban en “buen trato las comunidades”. Agregaron que debían estar cerca de las comunidades, que ellos (AGC) eran los dueños del territorio.
Ante estas afirmaciones los líderes y lideresas manifestaron que los territorios les habían sido titulados a las comunidades por habitarlos y nunca a una estructura armada foránea. Reiteraron que ellos se dedican a la construcción de paz y son autónomos en sus decisiones.
Luego los armados vestidos de civil, un afro y cuatro mestizos, se retiraron del lugar.
Al día siguiente, el jueves 9 de agosto, sobre las 8:00 a.m., llegaron dos hombres de las AGC nuevamente a la vivienda de Ana del Carmen. Uno de ellos se retiró a otro lugar y el segundo se acercó a la lideresa ofreciéndole apoyo y mercancías. Ella, luego de negarse al ofrecimiento, fue cortejada y ´presionada con la seducción para iniciar una relación estrecha con él AGC. Luego de que la lideresa le exigió respeto como mujer y defensora ambiental y territorial el AGC tomó distancia.
Luego de encontrarse con el otro AGC, le expresó a la lideresa en tono amenazante: “estaré atento”.
Desde noviembre de 2016 se desató una operación de las AGC extendiendo su control hacia la sub cuenca de Cacarica con la movilización de unidades armadas vestidas de camuflado en medio de las operaciones de control del batallón Fluvial que desarrolla la operación Agamenón”- Desde esa fecha hasta hoy en medio de la inacción del Estado las AGC han logrado hoy el control de la casi totalidad del territorio colectivo penetrando las actividades cotidianas organizativa, cortando los vasos comunicantes entre las comunidades, intimidando, realizando bloqueos económicos, amenazando. El conjunto de este plan criminal permanece en la impunidad, sin una operación militar cierta y eficaz para el desmonte de la complicidad institucional con esta operación criminal y una incapacidad de Estado para proteger los derechos económicos, sociales, y ambientales de la población.
Hoy el riesgo de la vida e integridad de Ana del Carmen Martínez y otros de sus compañeros líderes/as es evidente. El desconocimiento de la situación de riesgo y la altísima vulnerabilidad en que se encuentra Ana, beneficiarias de Medidas Cautelares de la CIDH exige una respuesta integral antes de que sea demasiado tarde
Bogotá D.C., 04 de septiembre de 2018
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz