En este pueblo no hay impunidad
El Fuero Militar fue el tema más notoriamente criticado al Gobierno en la sesión del Examen Periódico Universal en Naciones Unidas el pasado 23 de abril.
Catorce países pidieron, de una forma u otra, que la reforma constitucional aprobada el año pasado no se traduzca en impunidad para violaciones de derechos humanos.
A falta de una respuesta única, el Gobierno dio cinco. A unos les dijo que no aceptaba sus recomendaciones sobre este tema. Así, a la petición de Australia de “revisar la reforma para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean juzgadas por tribunales civiles”, replicó que “en Colombia los tribunales civiles conocen de violaciones a derechos humanos”. Pero, con la reforma, la justicia militar va a conocer casos de violaciones de derechos humanos.
A otros, el Gobierno les dijo que sus recomendaciones ya estaban siendo puestas en práctica, como las de Gran Bretaña, que pidió “que la justicia militar cumpla plenamente con el derecho internacional de los derechos humanos”. Nada más distante de la realidad, puesto que todos los órganos internacionales de supervisión de derechos humanos le han advertido al Gobierno que su reforma al fuero militar contradice las obligaciones internacionales de derechos humanos.
A un tercer grupo de países les dijo que tomaba nota de sus recomendaciones para consultarlas con otras autoridades nacionales, que es una forma velada de decir que no. Fue la respuesta dada a Italia, que insistió en “asegurar que la aplicación de la legislación sobre jurisdicción militar, así como la conducción de la paz entre el Gobierno y las Farc, sea consistente con el objetivo de la lucha contra la impunidad”.
A un cuarto grupo de países sí les dijo que sí. A Suecia, que urgió a “asegurar que los crímenes de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, en ningún caso sean procesados por tribunales militares”, el Gobierno le explicó que las ejecuciones extrajudiciales, según la Constitución, no pueden ser materia de fuero militar. Pero omitió decir que la ley estatutaria entenderá por ejecuciones extrajudiciales solamente los homicidios cometidos contra personas “en situación de absoluta indefensión”. El resto de asesinatos atribuidos a militares caerán bajo la jurisdicción militar.
Una quinta respuesta fue la que dio a todos los países, bajo la forma de un compromiso voluntario: “adoptar todas las medidas necesarias para combatir la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos perpetradas por cualquier persona, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad”. Esa respuesta es todo y es nada.
La más patética de todas las respuestas fue quizás la que dio a Alemania, que le recomendó “asumir medidas efectivas para luchar contra la impunidad generalizada y asegurar que la reforma de la justicia penal militar no conduzca a la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad”. La réplica del Gobierno para rechazar esta recomendación fue: “La Justicia Penal Militar no conlleva a la impunidad. En Colombia no hay impunidad generalizada”. Parecen frases inspiradas en el fantástico cuento de García Márquez titulado En este pueblo no hay ladrones.