En el bajo Calima afrontan a empresa privada
Construyendo sus ranchos en territorios ancestrales luego de dos años de su destrucción por la empresa privada Sociedad Puerto Industrial Agua Dulce y las fuerzas militares los afrodescendientes dignifican su memoria.
Los afrodescendientes habitan esta parte de territorio en el Calima desde 1960, cuando fundaron el Caserío de la Comunidad de El Crucero.
Basados en el derecho legítimo de ocupación, uso y manejo ancestral del territorio sobre la vía que del Km 7.5 conduce al estero de Agua Dulce en la bahía de Buenaventura, desde hace un mes empezaron a construir sus viviendas de trabajo.
La permanencia en el territorio empezó a ser afectada con el despojó desde el 2002 para favorecer los intereses de infraestructura portuaria que requiere el mercado global. En esa época los paramilitares ingresaron en el municipio de Buenaventura con un terror que permanece hasta hoy en el puerto más importante de Colombia. El pretexto de persecución a la guerrilla de las FARC y del ELN trajo a su lado el llamado progreso.
En 2010 y 2011 la empresa Sociedad Puerto Industrial Agua Dulce – SPIA – a través de la empresa de seguridad privada Gendarmes ordenó la destrucción de las viviendas que los afrodescendientes usaban para sus actividades productivas, mineras y forestales. Los militares acordonaron la zona para imposibilitar el acceso a los legítimos habitantes territoriales y asegurar el desarrollo del proyecto de infraestructura de la multinacional filipina.
Las comunidades denunciaron los abusos empresariales y las acciones militares y en respuesta algunas de sus lideresas han sido intimidadas y hostigadas por las fuerzas oficiales. Por su parte la empresa que en un comienzo pretendió pasar de agache, intentando corromper a algunos líderes, luego que los afrocolombianos han construido 12 ranchos desde enero pasado, la empresa rompió su hermetismo y está dispuesta a pagar 23 de los 119 ranchos tumbados y quemados, ofreciendo un valor de 1.200.000 por cada uno.
El pasado 7 de febrero, la lideresa del comité veredal Emilia Riascos recibió una llamada vía celular, del secretario de gobierno del Municipio de Buenaventura, Edison Jiménez, quien le manifestó la prohibición de entrar en el área de la carretera hacia el estero Agua Dulce, por tratarse de un terreno privado de la Alcaldía y de Invias.
El funcionario agregó que les quedaba prohibido la construcción de ranchos y la siembra de pan coger, insistió en que no adelantaran ningún trabajo si no querían perder el esfuerzo y la plata invertida.
A pesar de estas advertencias y la movilidad de los paramilitares las comunidades negras continúan afirmando su derecho de propiedad sobre el territorio. La violencia ha sido uno de los mecanismos empresariales al que se suman los trámites fraudulentos para revestir de legalidad la imposición del uso de la tierra a menor costo para sus inversiones.
Osados, valientes y lanzados, este capítulo de las comunidades negras es la expresión del cansancio de muchos colombianos ante los abusos de actores privados que continúan haciendo y deshaciendo en los territorios de las comunidades con la ceguera, el silencio y la complicidad del gobierno locales y nacional.
Bogotá, D,C 10 de febrero de 2013
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz