Empresas mineras gobiernan indirectamente el territorio
Son varios los conflictos económicos, sociales y ambientales que han surgido alrededor de la minería en todos sus niveles. La discusión ha dado lugar a tres posturas centrales: los que dicen sí y respaldan esta actividad como fuente de riqueza y desarrollo; los que dicen NO, y priorizan el derecho a la vida y la conservación del medio ambiente, e incluso propenden por volver a formas de vida más ecológicas; y los que están en el centro, que dicen minería sí pero con condiciones.
Para entender mejor la amplia gama de debates y preguntas que se tejen alrededor de esas tres posturas, y de las problemáticas que ha tenido la legislación colombiana en materia minera, consultamos al profesor Adrián Restrepo, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
La entrevista fue realizada en desarrollo del Foro “Mineria en Colombia” y presentación del libro Marmato: disputa por el oro y el territorio, llevado a cabo el 27 de septiembre en la Universidad de Antioquia.
Allí, Restrepo planteó escenarios tan complejos como los que dejan las consultas mineras, que le están diciendo NO a las multinacionales pero también a la minería informal y, en general, a cualquier tipo de actividad extractiva a pequeña y mediana escala. Y un asunto, tal vez más difícil de abordar, es cómo controlar la minería criminal, porque si bien las consultas permiten regular a las empresas legales, la situación es otra con los entables mineros que tienen tras de sí a un actor armado.